Conservador, pero voraz en lo institucional

El gobernador José Alperovich reconoce que la recesión que generará la crisis financiera mundial obliga a ser conservadores porque, en su lectura de la realidad, está en discusión nada menos que el capitalismo de la voracidad y el de la especulación. Lo curioso es que no traslade a donde más se necesita este sensato llamado a la mesura y a no pasarse de la raya: el plano institucional. Allí pareciera que el afán acaparador del oficialismo no reconoce límites. La prueba es que ya no sólo pareciera contentarse con la colonización de todos los poderes del Estado, sino que avanza sobre aquellas organizaciones intermedias que, precisamente, por haber dado muestras de independencia, aparecen como una peligrosa distorsión antes que como una normal y lógica expresión de pluralidad social.
Aunque no se note -o no lo digan-, en el Gobierno siguieron con igual atención tanto el derrumbe bursátil como las elecciones de renovación de autoridades de la Federación Económica de Tucumán (FET), y lo mismo sucederá, a medida que se acerquen, con los comicios previstos en el Colegio de Abogados para el 20 de noviembre.
En el caso de la FET, a partir de la conducción de Julio Colombres, incomodaban los peros puestos al inquisitivo Código Tributario, al remate del patrimonio histórico-cultural y hasta a la persecución rencorosa -y rayana con lo incivil- contra el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, René Goane.
Por eso no sorprende cómo se interpretó y prevaleció una disposición de uno de los brazos del Poder Ejecutivo, la Dirección de Personas Jurídicas, que encabeza Aldo Madero (con más que estrechos vínculos de afinidad con Carlos Rojkés, ex secretario de Relaciones Institucionales, Empresariales y de Comunicación). Precisamente, se esgrimió la Resolución 168/08 de aquella dependencia para que las cámaras empresarias que tuvieran deuda con dicha dirección no fueran habilitadas para votar en las elecciones de la FET. Esto terminó siendo un factor desencadenante para frenar las ansias reeleccionistas de Colombres y, por ende, para la victoria de Raúl Robín, mucho más simpático y dócil para el alperovichismo. El dialoguismo, del que suele ufanarse el candidato ungido, siempre es saludable en la medida en que no sea un eufemismo para esconder una situación de subordinación o, peor, de abdicación. Ya lo enseñaba José María Cuevas, que murió el lunes tras 23 años como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales: cuando la negociación se vuelva imposible, hay que seguir negociando; eso sí, sin perder identidad ni autonomía.

Que pase el que siga
La próxima toma o conquista de esperar es la de la entidad que más traspiés le ocasionó al oficialismo, y no porque se haya propuesto ser opositora, sino porque se aferró al control de la matrícula profesional y a la participación decidida de los abogados en todo aquello que significara una lesión a la garantía de la independencia del Poder Judicial. Aun contra su propio temperamento, propicio a los acuerdos -seguidos de efusivos abrazos-, las circunstancias forzaron a que el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, se convirtiera en el indescifrable contradictor. Por ende, vedada la posibilidad de su reelección por una saludable norma no escrita, la alianza que encabeza (Alberdi-Moreno-Verde), según la lectura alperovichista, es la que hay que derrotar a partir de un discurso llamativamente naíf, según el cual los letrados están hartos de las proezas institucionales y sólo quieren que los atiendan rápido en los mostradores de los juzgados.
Un hecho revela la importancia que adquirieron las elecciones del Colegio de Abogados y, por ende, el mensaje que puede surgir de ellas. En la Corte Suprema de Justicia, donde no escasea precisamente el olfato político, curiosamente se fijaron como plazo el 20 de noviembre para resolver los recursos extraordinarios deducidos por el Gobierno y por el mismo Colegio en la causa sobre la polémica integración del Consejo Asesor de la Magistratura. Eso significa que, hasta entonces, al menos oficialmente, congelarán toda discusión -con los poderes políticos- acerca de si se debe sancionar una ley que posibilite la designación de jueces provisorios o subrogantes para cubrir las numerosas vacantes en la Justicia. Ese mismo jueves 20, precisamente, los letrados definirán qué tipo de conducción pretenden para los próximos cuatro años.
El compás de espera que abrió la Corte servirá también para que los vocales peleen -les está costando- por presupuesto holgado para 2009 (reclaman $ 220 millones), de manera que no sean rehenes, cual mendicantes, de los auxilios financieros de los poderes políticos, a los que están obligados a recurrir ya que la mezquina Constitución de 2006 no les reconoció autarquía.
Esto, por cierto, no impidió que la mayoría del alto tribunal (Antonio Gandur, Alberto Brito y Claudia Sbdar) efectuara una interpretación que refuerza -y vaya cuánto- el poder de veto del Poder Ejecutivo, hasta transformarlo en casi ineludible para el Legislativo en su afán de insistir con ciertas leyes. Esto se advierte en la respuesta que dio la Corte sobre las normas que, aprovechando la ruptura definitiva con el alperovichismo, legisladores entonces enrolados con el vicegobernador Fernando Juri promovieron en febrero-marzo de 2007. Se trataba de leyes de gran impacto socio-institucional, que versaban sobre la movilidad de los haberes previsionales, la normalización de los entes autárquicos o la propia autarquía financiera del Poder Judicial. Este fallo, además, significó el nada díscolo debut de Sbdar en causas de trascendencia institucional y puede marcar qué se puede esperar de ella cuando los intereses del oficialismo estén en juego.
Si a la colonización del Poder Judicial, que comenzó con la de la Corte y que fue ayudada por las numerosas vacantes generadas por jubilaciones, le sigue la de la FET y la del Colegio de Abogados, la comunidad corre el riesgo de ser el mero apéndice de un proyecto hegemónico que sólo admite los alineamientos. Pareciera que a ciertos líderes, lamentablemente, les queda chico el famoso: el Estado soy yo. Prefieren el aún más peligroso: la sociedad soy yo.