"El estrés de un juicio oral puede causarle la muerte"

"Responsabilizo a la Justicia Federal y al Gobierno nacional de cualquier problema de salud que pueda sufrir mi padre (Antonio Bussi) si fuerzan el juicio oral en su contra. El Estado debe velar por el bien supremo de todos los ciudadanos, que es preservar la vida", dijo ayer Luis José Bussi.
El legislador aseguró que su padre quiere participar de las audiencias que se le iniciarán en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, por la desaparición del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, en abril de 1976, pero que su delicada salud se lo impide. "Es su derecho, pero como hijo estoy muy preocupado. Todo puede desencadenar una tragedia, porque los informes de los médicos cardiólogos y neumonólogos afirman que el estrés de someterlo a un juicio oral puede causarle la muerte", advirtió.
El vicepresidente de Fuerza Republicana señaló que hay funcionarios judiciales que quieren someter a cualquier costo al ex mandatario a una requisitoria en los tribunales, aun cuando sepan que no puede declarar ni soportar el escarnio público. Agregó que, según un informe médico extraoficial, su padre padece un daño neurológico parcial.
La Justicia Federal confirmó que el 5 de agosto comenzarán las audiencias públicas en el primer caso por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la década del 70. Hoy, una junta médica de seis miembros, especialmente designada por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi (reemplaza en el cuerpo a Alicia Noli, quien se excusó), deberá entregar un informe sobre el estado clínico del militar retirado. Un día antes del inicio de las sesiones, se repetirá la revisión.

Inocencia
Respecto del hecho por el que se lo acusa, el legislador aseveró que Bussi (padre) es totalmente inocente, y remarcó que Vargas Aignasse fue desaparecido en circunstancias en que era trasladado por una camioneta de la penitenciaría de Villa Urquiza, donde había sido alojado desde el golpe de Estado, para ser liberado cerca de su casa. En su defensa original, el ex gobernador vinculó a grupos montoneros con el secuestro del ex senador tucumano del PJ.
"FR está en contra de toda interrupción institucional. En la dictadura no se respetaron los derechos humanos, pero ahora tampoco, porque hay chicos con hambre que no van a la escuela y madres desesperadas porque sus hijos no tienen futuro. Si hace 30 años hubo situaciones inadmisibles, no estamos autorizados a repetirlas hoy, por lo que reclamo que se respete la vida de todos", aseveró.