La represión contra piqueteros el 26 de junio de 2002 fue calificada al principio como un acto vandálico producido por una interna entre los manifestantes. Pero a los dos días del hecho, al darse a publicidad fotos y videos de varios medios mostraban cómo efectivos de la Policía Bonaerense disparaban con perdigones de acero contra los piqueteros, quedó claro que Maximiliamo Kosteki y Darío Santillán no habían muerto a raíz de una balacera entre los desocupados, sino a manos de uniformados y con disparos a quemarropa.
El hecho conmocionó al país. Aún estaba fresca en la memoria colectiva la represión de diciembre de 2001, ordenada por el gobierno de Fernando de la Rúa, que dejó una decena de muertos. A esos caídos en Plaza de Mayo se sumaron más de 20 muertos en el resto del país, según la cronología de los saqueos y de los “cacerolazos” que precedieron la renuncia del radical.
Con la que se denominó luego la “Masacre de Avellaneda”, fracasó la intención del gobierno, en manos entonces del presidente Eduardo Duhalde, de mostrarse fuerte por exigencia del FMI, con Anoop Singh monitoreando semanalmente las finanzas. La crisis económica y social ya estaba a punto de ebullición, y la resistencia y la lucha popular se imponían sobre ese acto-reflejo de terrorismo de Estado, y en ella confluían distintos sectores sociales insatisfechos en sus reclamos y necesidades. Ellos habían cambiado el  canto del “que se vayan todos”, por el lema “piquete y cacerola, la lucha es una sola”.
Y mientras en el país la reactivación era lenta y la recesión golpeaba a todos los argentinos, en todas las capitales se repudiaba el asesinato de Kosteki y de Santillán. Ese mensaje no pasó inadvertido por Duhalde que, una semana después (el 2 de julio de 2002), anunció el adelanto de las elecciones presidenciales del 14 de setiembre para el 30 de marzo de 2003. Así renunciaba a la reelección y establecía que el 25 de mayo terminaría su mandato.
La gestión duhaldista siguió con los avatares propios de un peso devaluado (se salió de la convertibilidad), un tipo de cambio de cambio fijo (un dólar igual a $ 1,40), y miles de demandas por el corralito y el corralón financiero.
El 17 de mayo de 2005 comenzó el juicio contra los involucrados en el  asesinato de Kosteki y de Santillán. Sólo siete policías fueron condenados, entre ellos el comisario inspector Alfredo Franciotti y el cabo Alejandro Acosta (ambos a perpetua). Ni Duhalde, ni Juan Alvarez (ex secretario de Seguridad de la Nación), ni Felipe Solá (gobernador de Buenos Aires), ni Alfredo Atanasof (ex jefe de Gabinete, hoy funcionario en el Mercosur), ni Carlos Soria (hoy intendente de General Roca) ni Oscar Rodríguez (ex jefe y ex vice de la SIDE), ni Luis Genaud (juez de la Corte bonaerense), fueron juzgados. Estos son los responsables políticos de las muertes, según las corrientes piqueteras.

Organizaciones sociales de todo el país reforzaron ayer su reclamo para que se juzgue al ex presidente Eduardo Duhalde como responsable político del crímen de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, perpetrado en el puente Pueyrredón, delos que se cumplen cinco años.
Ayer, agrupaciones sociales y defensoras de los derechos humanos iniciaron una vigilia en la estación Avellaneda, que culminará hoy con un acto contra la impunidad en el puente Pueyrredón.
El Frente Popular Darío Santillán, que aglutina a decenas de movimientos piqueteros de varias provincias, denunció además que el ex comisario Alfredo Fanchiotti recibe un tratamiento VIP en la celda de la Unidad 25 del Penal de Olmos, donde cumple reclusión perpetua por esos crímenes.
En Tucumán, el acto para reclamar “juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de los crímenes” se hará en la plaza Independencia, a las 18.30.
Las entidades organizadoras, entre ellas la COBA, el PO, el MST, la CCC, los Jubilados de la Plaza, centros de estudiantes y la CEPA, convocaron a una concentración a las 17.30, en plaza Urquiza, para marchar hasta la plaza Independencia.