El bloque del Frente de Todos (FDT) en la Cámara de Diputados de la Nación emitió un comunicado que advierte sobre la "gravedad institucional" del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que dejó en manos del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, la presidencia del Consejo de la Magistratura. Además, los legisladores encabezados por Germán Martínez pidieron tres meses a la CSJN para sancionar una nueva normativa y subsanar la situación.

La Corte ordenó que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar de inmediato

"Desde el bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos exigimos a la Corte Suprema de Justicia que arbitre los mecanismos necesarios para otorgar un plazo de 90 días al Congreso de la Nación, a los fines de cumplimentar el trámite parlamentario del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado de la Nación", expresaron los legisladores de la Cámara baja que responden a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner.

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Los diputados peronistas remarcaron que, "así como la Corte tuvo 1.577 días para estudiar el expediente sobre la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura (prevista por la Ley 26.080), es de absoluto sentido común que podamos contar con un plazo razonable para poder legislar sobre una nueva conformación" del órgano encargado de la preselección y de la remoción de jueces.

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"Asimismo, consideramos de enorme gravedad institucional que -amparados en una legislación derogada en febrero de 2006, por una ley del Congreso- el presidente de la Corte Suprema de Justicia asuma la presidencia del Consejo de la Magistratura, asumiendo facultades legislativas que están expresamente prohibidas al Poder Judicial", sostuvieron los diputados del Frente de Todos.

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Y remarcaron que "hay una alternativa para encauzar institucionalmente el tema". "La Corte Suprema tiene la posibilidad de generar las condiciones para hacerla realidad", señalaron.

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Este lunes, finalmente, la CSJN dictó un nuevo fallo que ordena al Consejo de la Magistratura funcionar de inmediato, con la antigua composición (de 20 miembros) y bajo la conducción del presidente del máximo tribunal.