El Senado de la Nación sancionó este jueves la nueva ley de discapacidad. El proyecto fue aprobado por unanimidad, con 71 votos a favor y ninguno en contra.

La normativa conserva la mayor parte de las disposiciones que el Gobierno nacional debió aceptar durante el debate en la Cámara de Diputados, luego de las negociaciones con los bloques opositores y los sectores aliados. 

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Entre los principales puntos se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización de acuerdo con la inflación y la implementación de un nomenclador universal de prestaciones con aranceles unificados.

Qué establece la nueva ley sobre las pensiones y el acceso a la salud

El texto aprobado ratifica que las pensiones no contributivas equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal instrumento para acceder al beneficio.

Uno de los aspectos que se mantuvo durante las negociaciones en Diputados fue la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal. De esta manera, las personas que cuenten con el CUD podrán conservar la prestación si tienen un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La norma también garantiza el acceso a prestaciones básicas de salud contempladas en la ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud. La cobertura alcanza tanto a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como a quienes reciben beneficios por discapacidad.

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En materia de financiamiento, se incorporaron partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para sostener el sistema. Además, se estableció que el Tesoro deberá realizar compensaciones si esos recursos no alcanzan. El articulado también dispone que el Gobierno tendrá que garantizar que el ingreso de cada beneficiario no pierda poder adquisitivo en comparación con el año anterior.

Auditorías, controles y plazos para cancelar deudas con prestadores

La nueva legislación incorpora mecanismos de fiscalización más rigurosos. La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo auditorías periódicas, que incluirán el cruce de información con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS.

En caso de detectar un incumplimiento objetivo, podrá disponerse la suspensión preventiva de un beneficio. Sin embargo, el procedimiento deberá respetar un denominado “debido proceso inclusivo”, que contempla la notificación correspondiente y la posibilidad de una rehabilitación provisoria.

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Otro de los puntos centrales está vinculado con las deudas que pudieran mantenerse con los prestadores al momento de la sanción de la ley. En esos casos, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los próximos 30 días y completar la cancelación de las obligaciones en un plazo máximo de 90 días.

Sobre estas disposiciones advirtió el senador peronista pampeano Pablo Bensusán, quien también remarcó la importancia de realizar un seguimiento de las próximas auditorías.