El gobierno de Javier Milei dispuso la postergación del tratamiento en comisiones del proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, mientras negocia modificaciones para responder a los cuestionamientos de la oposición y a los reclamos que habrían llegado desde Estados Unidos (EEUU).
La iniciativa, una de las prioridades de la Casa Rosada para el tramo final del período ordinario, debía avanzar esta semana, pero su debate fue reprogramado para el 27 de octubre, consignó el diario "La Nación".
Malvinas: un informe de la TV chilena mostró placas argentinas descartadas junto al Cementerio de DarwinLa decisión se tomó en medio de las negociaciones para conseguir los respaldos necesarios en el Congreso nacional y después de que trascendieran las objeciones de empresas estadounidenses a las sanciones previstas para compañías extranjeras. Las firmas extranjeras reclamaron mayor precisión sobre el alcance de las disposiciones que determinarían qué empresas podrían ser sancionadas.
El proyecto está compuesto por ocho capítulos, pero solo el primero se refiere específicamente al reclamo por las Islas Malvinas. Los restantes contemplan modificaciones en las leyes de defensa nacional, financiamiento de los partidos políticos e inteligencia, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
EEUU propuso disolver el comité de la ONU en el que la Argentina sostiene su reclamo por MalvinasAlgunos artículos también despertaron cuestionamientos por sus posibles consecuencias para la libertad de expresión. Entre ellos, una disposición que contemplaba penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de un agente extranjero, procuraran alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación.
Cambios que negocia el oficialismo
La postergación modificó los planes de los legisladores libertarios, que buscaban acelerar el dictamen e incluso habían evaluado incluir el proyecto en la sesión especial prevista para este miércoles. La extensión de esa jornada, que ya cuenta con una agenda amplia, también fue uno de los argumentos esgrimidos por el oficialismo para justificar que el debate pueda esperar.
Sin embargo, la falta de acuerdos suficientes aparece como otro factor determinante. Fuentes parlamentarias reconocieron que todavía quedaban puntos por resolver y que los números para conseguir el dictamen estaban ajustados. Desde La Libertad Avanza, en tanto, negaron tener conocimiento de planteos específicos recibidos desde Washington.
Entre las modificaciones que ya se dan por encaminadas figura la revisión del artículo 111, que establece sanciones por acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública. La nueva versión del texto, que ya fue compartida con los bloques aliados, eliminaría las referencias más ambiguas, en particular la expresión “campañas de desinformación”, cuestionada por entidades y referentes del periodismo por el riesgo de que pudiera afectar la libertad de expresión.
Los reparos también alcanzaron a la amplitud de la figura penal, ante la posibilidad de que pudiera utilizarse para perseguir a periodistas, referentes de la sociedad civil u opositores bajo el argumento de combatir la intervención de agentes extranjeros.
El oficialismo, además, negocia cambios en la integración del Consejo de Seguridad Nacional. Entre los ajustes previstos se encuentra la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. También se contempla la creación de una comisión bicameral para fiscalizar su funcionamiento, tal como había anticipado la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados.
Pese a estas concesiones, todavía persisten las dudas sobre si las modificaciones alcanzarán para garantizar el acompañamiento de los bloques de centro, como Provincias Unidas. El peronismo, por su parte, anticipó que solo respaldaría el primer capítulo y reclamó que se trate por separado.
La agenda legislativa libertaria
Mientras continúa la negociación por la ley de Malvinas, el oficialismo prepara una sesión especial para tratar otros proyectos. La convocatoria incluiría modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el nuevo régimen de biocombustibles, dos iniciativas que ya cuentan con media sanción del Senado nacional.
El proyecto de biocombustibles representa, además, un gesto hacia los aliados parlamentarios de Córdoba y Santa Fe, provincias que impulsaron la iniciativa y donde conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de maíz y aceite de soja, insumos centrales para elaborar estos combustibles.
En paralelo, la postergación del debate sobre Malvinas coincide con la próxima llegada al país del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y del responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Por el momento, no está confirmado si la iniciativa legislativa formará parte de las conversaciones.
La ley de Malvinas quedó así a la espera de una nueva fecha de debate, mientras el gobierno libertario intenta acercar posiciones con sus aliados y resolver los cuestionamientos que condicionan el avance parlamentario del proyecto.