Acertijos bajo el agua

La confirmación de que la intendenta del mismo nombre que la ciudad que administra compró una casa de elevado costo sigue envuelta en una nebulosa. El terreno está a nombre del desarrollador inmobiliario (Guillermo Cotella) según los registros catastrales de la provincia. Los lotes del Country Las Yungas estarían a nombre de otra persona y las expensas estarían identificadas con la designación de Raquel Graneros, la intendenta silenciada. Sin embargo, los pagos para saldar las deudas de las expensas se hicieron anónimamente desde una plataforma legal con dinero en efectivo y por lo tanto, los registros no tienen una identificación precisa. Según datos de algunos vecinos, en el barrio referido vienen haciendo una actualización del libro de propietarios. El 30 de junio ya se había vencido un plazo para hacerlo. Allí figurarían los lotes 70 y 71 a nombre de Graneros, aunque nadie habría ratificado ello en el libro de referencia.

Todo este embrollo de no decir ni querer dar la cara ha terminado en Tribunales, donde la mandataria de la ciudad sureña tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito ante el supuesto de que no tendría posibilidades de incrementar su patrimonio en función de sus ingresos.

Umberto Eco, uno de los pensadores geniales del pasado más reciente, intentó enseñarnos que vivimos envueltos en un sistema de signos en el cual las imágenes, los gestos, los símbolos, las palabras, las ausencias y los comportamientos transmiten -y cargan- significados. Desde nuestra ignorancia, se podría inferir que alguien no quiera hablar sobre algo implica una forma de decir algo.

Esta semana, que nunca más volverá, la Justicia tomó la palabra y, a través de la jueza Cecilia Tasquer, manifestó que no había razones para la querella. Consideró que dos representantes del pueblo (el concejal de Simoca, Luis Escobar, y el legislador Manuel Courel) no pueden abrir esa causa porque no son víctimas directas del presunto enriquecimiento.

En “Obra abierta” se puede rescatar el pensamiento de Eco para valorar que el receptor no es alguien pasivo, sino un actor que interviene interpretando lo que recibe. Apoyándonos en el autor de “El nombre de la rosa”, se podría exagerar y decir que el enriquecimiento ilícito de un funcionario público debería afectar a la sociedad y quienes podrían -o deberían- preocuparse por ello son precisamente quienes representan a esos individuos.

Sin embargo, hay decisiones judicialmente impecables que tienen un dejo amargo indisimulable. Con presteza y con aparente acierto, la ley fue invocada para obturar la intervención de dos representantes electos como Courel y como Escobar, en la pesquisa de un presunto enriquecimiento ilícito que, de comprobarse, tendría enorme gravedad institucional al involucrar a la intendenta de Graneros. El Código Procesal Penal reserva la querella al ofendido directo y solo admite la legitimación colectiva de personas jurídicas cuyo objeto se vincule con el bien jurídico protegido, como podría ocurrir con determinadas asociaciones civiles. Dijo la magistrada que los peticionantes no encuadraban en ninguno de los dos supuestos. Punto. La ley se aplicó.

Acción e inacción

Algunos ciudadanos legos que cargan en sus espaldas ese saber intuitivo que emerge del sentido común, podrían no estar satisfechos. Entonces, cabría preguntarse por qué. La respuesta no está en los códigos sino en la experiencia acumulada: la percepción extendida de que el Ministerio Público investiga a veces según la cara del investigado.

El propio caso consolidaría esa suposición, porque la Justicia de Concepción procesó en semanas, a ritmo leporino, a vecinas que habrían increpado a la mismísima intendenta tras las inundaciones. Mientras tanto, la denuncia por corrupción avanza con lentitud testudínea.

Instalada esa doble vara, el reclamo del querellante no es una extravagancia procesal: es una muleta, y se la pide porque se descree de las piernas del Ministerio Público Fiscal.

Que los profesores de derecho se enfrasquen, si quieren, claro, en sus teorías sobre los riesgos de privatizar la acción penal y sobre la pureza del concepto de víctima. Pero parece obvio que, en los delitos contra la administración pública, donde el perjuicio recae sobre el erario y, con ello, sobre todos los ciudadanos, los códigos procesales podrían ampliar el elenco de sujetos institucionales habilitados para actuar. No se trata de repartir venganzas ni de perseguir al adversario político -razonamiento típico de estos tiempos líquidos-, sino de controlar a quien tiene el monopolio de la acción y, obviamente, también el de la inacción.

La propia resolución de Tasquer que negó la condición de querellantes exhibe, sin proponérselo, una incongruencia tal que una asociación civil cuyo objeto sea la lucha contra la corrupción habría podido ser admitida; un legislador provincial o un edil, no. Se acepta la representación que emana de un estatuto y se rechaza la que emana del voto popular.

La distinción resiste el examen de legalidad, porque así lo dispuso un cuerpo legislativo. Lo que no resiste es el examen político-institucional, que se dirime en otra sede.

Y, justamente allí podría estar, precisamente, la salida. Si la decisión tiene, como parece, claro fundamento legal, el problema no está en el fiscal ni en la jueza: está en la ley. Bien podría el legislador Courel u otro representante del pueblo presentar un proyecto de reforma del Código Procesal Penal que contemple adecuadamente esta aspiración. Esa es, al fin y al cabo, su misión primordial, y sería la respuesta más contundente a quienes le reprochan invadir competencias ajenas: hacer aquello para lo que fue elegido.

El mecanismo

La solución parece sencilla: cambiar la ley. El problema comienza cuando se pregunta quién debe cambiarla. Porque reformar el Código para fortalecer los controles supone esperar que la propia Legislatura amplíe mecanismos que, mañana, podrían utilizarse contra quienes integran el mismo sistema político que sostiene su mayoría.

Aquí comienzan algunos inconvenientes porque es difícil identificar un objetivo común en el funcionamiento de la Legislatura provincial. Una modificación como la mencionada que pudiera derivar en un empoderamiento de la misión legislativa no encontraría respaldo en este cuerpo “legisferante” porque la mayoría oficialista no está dispuesta a resolver cuestiones que hipotéticamente pudieran afectar a sus actores principales. El mensaje es primero, el individuo; después, el bien común.

Para que este sistema funcione, está claro que en la única Cámara legislativa provincial hace falta un manejo férreo. Tal vez por eso nada se hace sin que Su Majestad Acevedo lo autorice. Por las dudas, la familia real encabezada por el secretario Claudio Pérez y por una corte unánime tiene contratos y otros beneficios para aquellos que se salen de la dieta legislativa.

Esto se ha patentizado en estos días en los que asomó uno de los caballitos de batalla de la oposición. Cada tanto, desde La Libertad Avanza se despotrica señalando el costo excesivo que tiene la Legislatura y que se especifica en su presupuesto. Incluso la promesa de campaña es dejarlo en un uno por ciento cuando llegue al gobierno. Sin embargo, pareciera que jinetes como José Macome o Claudio Viña que dijeron simpatizar con LLA desautorizan a su general. Al menos hasta ahora ninguno ha denunciado ese raro sistema de administración de fondos que se hace con la dieta legislativa donde pareciera que cada uno tiene un menú diferente según el comportamiento.

Tal vez Umberto Eco tendría algo que decir sobre todo esto. Porque si los signos están en todas partes, también hay que aprender a leer los silencios. Calla la intendenta. La Justicia habla con rapidez para unas cosas y demora para otras. La Legislatura podría modificar una ley, pero no parece dispuesta a fortalecer controles que mañana puedan incomodar al poder. Y hasta quienes prometen achicar privilegios eligen cuidadosamente cuándo denunciar. Al final, quizá el problema no sea que falten mensajes. Sobran.

Soda Stereo lo canta poéticamente: “Mar de fondo/ no caeré en la trampa/ Mmm llámame pronto/ acertijos bajo el agua”.

Acertijos bajo el agua

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

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