La proliferación de las apuestas virtuales entre menores de edad ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una crisis presente en las aulas y hogares de Tucumán. En este escenario, la legisladora provincial Silvia Elías de Pérez (UCR) alzó la voz para denunciar una parálisis administrativa. Dijo que a pesar de haber sido aprobada por unanimidad, la ley que busca combatir la ludopatía infantil sigue sin ser reglamentada por el Gobierno provincial.

"Estamos ante un problema que explotó con el Mundial y no se detiene. Es inadmisible que una norma tan necesaria lleve casi dos años esperando ser operativa", señaló la parlamentaria.

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Cifras que alarman por el impacto en la juventud

Según Elías de Pérez, el diagnóstico es contundente y las estadísticas locales reflejan una realidad dolorosa. Según los datos que maneja la legisladora, uno de cada cuatro jóvenes -desde los 12 años- tuvo contacto con plataformas de apuestas, y lo que es más grave, uno de cada ocho ya se encuentra en una situación de endeudamiento.

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“Es una tragedia social. Nuestros chicos están aprendiendo a endeudarse antes que a ahorrar”, sentenció. La referente radical explicó que la "publicidad agresiva" vinculada al deporte ha desvirtuado el espíritu de superación física para reemplazarlo por el deseo de obtener dinero fácil a través de un clic. "Hoy vemos a chicos haciendo apuestas delante de los ojos de los adultos, sin ningún tipo de filtro ni control", advirtió.

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Una ley de consenso que espera en los despachos

La Ley N.º 9.828 no fue una iniciativa aislada, sino el fruto de la unificación de 11 proyectos de distintos bloques políticos, lo que le otorgó una legitimidad institucional total al ser aprobada por unanimidad. La norma crea el "Programa Provincial de Prevención y Abordaje del Juego Problemático", una herramienta integral que involucra a los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y Seguridad.

Sin embargo, el texto sigue siendo "letra muerta" mientras el Ejecutivo no dicte el decreto reglamentario. "Las leyes deben cumplirse. Lo primero que exigimos es que se haga operativa, porque cada día que pasa sin reglamentación es un día más en el que los menores quedan desprotegidos frente a las plataformas ilegales", reclamó.

El rol de la Caja Popular bajo la lupa

En sintonía con su reclamo al Ejecutivo, Elías de Pérez presentó un pedido de informes dirigido a la Caja Popular de Ahorros, ente autárquico responsable de fiscalizar el juego en la provincia. La legisladora busca conocer qué acciones concretas se han tomado para bloquear el acceso a sitios de apuestas desde edificios públicos y, fundamentalmente, desde las redes de Wi-Fi de las escuelas tucumanas.

"Queremos saber cuáles son los controles reales. La ley establece herramientas para impedir el acceso de menores, pero en la práctica no vemos su aplicación", cuestionó. El pedido de informes también indaga sobre la existencia de campañas de concientización y capacitaciones en establecimientos educativos, puntos clave de la normativa que -según la legisladora- hoy brillan por su ausencia. "El Estado debe dejar de mirar hacia otro lado y hacerse cargo de una problemática que está destruyendo la economía y la salud mental de las familias", concluyó.