Juan Bautista Alberdi y Famaillá son dos municipios del interior de la provincia que están separados por unos 70 kilómetros. Pese a la distancia, los unen algunas características comunes. Ambos están atravesados por la ruta 38, sufren con las inundaciones y durante mucho tiempo fueron y son dominados políticamente por el “campismo” y el “orellanismo”. Ahora ambas ciudades quedaron en la mira de la Justicia y de los organismos de seguridad por distintas investigaciones vinculadas al narcotráfico.

Hace un año, en el sur de la provincia se desataba un escándalo sin antecedentes en la historia tucumana. Por un audio viralizado, quedaban al descubierto supuestos vínculos entre dirigentes políticos y personas relacionadas con la comercialización de drogas. La “capital de la empanada” volvió a ser noticia porque allí sería oriundo el grupo responsable de organizar el traslado de 470 kilos de cocaína.

Ambos municipios estuvieron en la lupa de los investigadores. Esas tierras fueron escenarios de crímenes narcos que quedaron impunes y, en los casos que se esclarecieron, algunos de los condenados tenían vínculos con sectores del poder. En las causas que no se resolvieron o que no avanzaron existe una llamativa mora judicial, como ocurrió con los dobles crímenes de La Invernada y de Río Colorado.

El golpe

En junio pasado, el gobernador Osvaldo Jaldo decretaba la intervención de Alberdi. Un audio revelaba supuestos vínculos con la droga de dirigentes e irregularidades con la obra pública. Después de semanas complicadas, se radicó un expediente en la Justicia Federal y otro en la ordinaria. El fiscal Rafael Vehils Ruiz decidió procesar al ex intendente Luis Campos, a su esposa, la legisladora Sandra Figueroa, José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda), Pablo Barrionuevo (ex funcionario del área de Desarrollo Social), Albano Leru (ex concejal) y Roque “Chipi” Giménez, autor del mensaje .

Los acusó de integrar una asociación ilícita que habría utilizado la estructura municipal para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas como la comercialización de estupefacientes y la desviación de fondos destinados a la obra pública. Este último delito debería haber sido investigado por la Justicia ordinaria. Pero hasta aquí ni siquiera se formularon cargos contra los señalados, lo que habla a las claras de una paralización del expediente.

Se presentó un sospechoso del envío de 470 kilos de cocaína

Con los implicados detenidos o alejados del poder político comenzaron a surgir otros datos. Por ejemplo, Carlos “Kokoz” Rodríguez, mano derecha de Roldán, está detenido en Orán esperando ser enjuiciado por un doble crimen con tintes narco registrado en el límite con Bolivia. A Roque “Colorado” Carrazans lo detuvieron y condenaron por venta de droga en Alberdi. Tenía un puesto de comercialización de estupefacientes frente a la residencia de los Campos. Al estallar el escándalo, se conoció que este hombre, acusado de dirigir una red de venta de sustancias en varias localidades del sur de la provincia, era visitado por funcionarios del municipio.

A un año de que se conociera este caso, salvo Campos y su esposa Figueroa, todos los imputados se encuentran detenidos con prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz, excepto Roldán, que cumple la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario. Sus defensores negaron la acusación y presentaron evidencias para rechazarla. Florencia Abdala y Camilo Atim, por ejemplo, incorporaron un informe contable que, a su criterio, prueba la legalidad de sus patrimonios. “Lo increíble de esta causa es que no secuestraron ni un gramo de droga. También es llamativo que el ex intendente y la legisladora nunca fueron detenidos”, sostuvo Javier Lobo Aragón, defensor de Leru.

Coincidencias

¿Por qué ahora Famaillá aparece en la mira? Porque esa ciudad viene apareciendo en investigaciones narco desde hace más de 20 años. Varios de los protagonistas de esas causas aparecen vinculados familiarmente a José y Enrique Orellana, aunque ello no implica responsabilidad penal alguna de los dirigentes políticos.

Su hermano Miguel Ángel “Piki” Orellana está a punto de cumplir la pena de prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla, registrado en agosto de 2003. Nunca se conoció el móvil del homicidio, pero siempre circularon versiones de que la víctima le habría robado droga.

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En 2015, los sargentos Alberto Valdez y Ángel Véliz fueron asesinados en la entrada de Río Colorado. Los efectivos policiales habían concurrido a frustrar una supuesta venta de drogas. En el juicio se pidió que se investigara a Nicolás Orellana y a Samuel Morales, hijo y ex yerno de “Piki”, respectivamente. Pero nunca fueron imputados. Morales sí fue detenido y procesado por comercialización de estupefacientes en esa ciudad.

Pasaron los años y surgieron más vínculos narcos. Claudio Ávalos, un empresario que habría tenido vínculos contractuales con el municipio, se encuentra prófugo desde hace varios años acusado de haber secuestrado a un proveedor de cocaína en Bolivia. Fue detenido en la “capital de la empanada”, pero como las autoridades del vecino país no confirmaron oficialmente que lo buscaban, tuvo que ser liberado.

En los últimos dos años se sumaron dos nombres de peso. Lucas Nazaré Córdoba y Jorge “Pelaín” Nassif fueron detenidos y procesados por narcomenudeo. Pero en las investigaciones realizadas en su contra, el fiscal Carlos Sale encontró indicios para sospechar que eran líderes de organizaciones que traficaban cocaína a gran escala, por lo que pidió que las causas pasaran a la Justicia Federal. Luego de arduas batallas procesales, sólo logró su objetivo con el primero.

Ahora, “Pelaín” Nassif aparece mencionado en el expediente que se inició por el secuestro de los 470 kilos de cocaína. Este hombre, que sería muy allegado a los otros dos detenidos, Pablo Abraham (empresario) y Rodrigo Chávez (ex candidato a concejal y actual verdulero), además de ser sobrino de Marcos Nacif (el conductor de la camioneta que llevaba la droga), fue víctima de la llamada banda de los “narcopolicías”. Para la Justicia, intentaron asaltarlo. Pese a que en el juicio surgieron indicios de que en realidad podría haberse tratado de un intento de secuestro de una persona vinculada a la comercialización de estupefacientes, ni el Ministerio Público ni los jueces que integraron el tribunal solicitaron que esa hipótesis fuera profundizada.

Movilizados

En Famaillá se vivieron días complicados. Sus habitantes tienen temor de hablar porque, según sostienen algunos vecinos, como sucedió en Alberdi, el poder político no tendría contemplaciones con quienes revelan información incómoda. Aun así, especialmente entre quienes no dependen laboralmente del Estado, existe la percepción de que es imposible que determinadas maniobras se desarrollen sin que las máximas autoridades locales conozcan los movimientos que se registran en el municipio.

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

El “orellanismo”, después de que se conociera el caso, movió sus fichas. Al parecer, habría enviado emisarios a la Casa de Gobierno para elaborar un plan antinarco y aplicarlo de inmediato. Los concejales oficialistas también habrían intentado reunirse con autoridades policiales. Por ahora, sus inquietudes no tuvieron respuesta. Los expertos consideran que se trata de una reacción tardía y que, más que nuevos proyectos, se necesita un sinceramiento sobre quién es quién en ese municipio. Como ocurrió hace un año en Alberdi, las autoridades siguen atentamente una investigación que, según comentaron varias fuentes, tiene respaldo político para que avance sin ningún tipo de contemplación.