El oficialismo avanzó con cambios en el funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo encargado de analizar el impacto económico de los proyectos de ley. De esa forma, los libertarios reforzaron el control político sobre las actividades de esta área, luego de que algunos de sus informes contradijeran estimaciones utilizadas por el gobierno de Javier Milei en debates sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario.
La medida fue instrumentada a través de la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP), dominada por La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados. Mediante una resolución, se establecieron nuevas restricciones para el organismo técnico, entre ellas la obligación de obtener autorización previa para elaborar informes extraordinarios, una decisión que podría limitar su capacidad de respuesta ante requerimientos urgentes de legisladores, consignó el diario "La Nación".
Creada en 2016, la OPC brinda asistencia técnica al Congreso en materia económica y presupuestaria. Sus funciones incluyen el análisis del costo fiscal de proyectos de ley, el seguimiento de las cuentas públicas, el estudio de reformas tributarias y la evaluación de la deuda pública. Aunque sus informes no tienen carácter vinculante, suelen ser utilizados como referencia durante los debates parlamentarios.
La controversia se profundizó durante el tratamiento de iniciativas vinculadas a jubilaciones y discapacidad. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostenía que los proyectos impulsados por la oposición tendrían un costo de hasta U$S12.000 millones, equivalentes al 1,8% del PBI, los cálculos de la OPC mostraron impactos considerablemente menores.
La Cámara de Diputados evalúa la aplicación de una moción de censura a AdorniPara el aumento del 7,2% de las jubilaciones y pensiones junto con la actualización del bono de $70.000 a $110.000, la oficina estimó un costo equivalente al 0,32% del PBI, que ascendía a 0,78% en términos anualizados.
En el caso de la moratoria previsional, cuya prórroga fue rechazada por la administración libertaria, calculó un impacto acumulado del 0,165% del PBI en dos años.
Respecto de la emergencia en discapacidad, proyectó un costo de entre 0,28% y 0,51% del PBI, según la cantidad de nuevos beneficiarios que pudieran incorporarse al sistema y el efecto que tendría la actualización de haberes previsionales. El Ministerio de Economía, en cambio, estimó para esa misma iniciativa un impacto del 0,3% del producto.
Mientras que las medidas vinculadas a jubilaciones fueron vetadas por Javier Milei y el Congreso no logró reunir los votos necesarios para insistir con su aprobación, la emergencia en discapacidad consiguió los dos tercios requeridos en ambas cámaras para mantenerse vigente.
La influencia de la OPC también alcanzó el ámbito judicial. En marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal citó informes del organismo al ordenar al Poder Ejecutivo Nacional cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario. En ese fallo, los jueces señalaron que el costo de la norma representaba el 0,23% del PBI y consideraron que se trataba de un ahorro poco significativo dentro del presupuesto general.
La semana pasada, en paralelo a esa disputa, el gobierno de Milei y las universidades acordaron una recomposición salarial con aumentos de hasta 24,3%.
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En ese contexto, la Comisión de Supervisión Parlamentaria, presidida por el senador oficialista Agustín Monteverde, aprobó a comienzos de junio la Resolución 003-CSP-2026. La iniciativa contó con el respaldo de los diputados Bertie Benegas Lynch y Daiana Fernández Molero, además de la senadora radical Silvana Schneider. El diputado kirchnerista Carlos Castagneto votó en contra.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 4°, que establece que las áreas técnicas de la OPC no podrán desarrollar actividades no previstas sin autorización formal de la comisión. En la práctica, los pedidos de informes específicos quedarán sujetos al aval político de ese cuerpo.
La resolución también restringe la autonomía administrativa del organismo. A partir de ahora, el director ejecutivo de la OPC, Gabriel Esterelles, no podrá realizar modificaciones internas de partidas presupuestarias sin autorización de la comisión supervisora.
Además, se dispusieron nuevas auditorías sobre la gestión del organismo. La CSP ordenó revisiones conjuntas de ambas cámaras sobre el período administrado por Esterelles, solicitó información detallada sobre la planta de personal y puso bajo análisis el concurso mediante el cual fueron incorporados analistas en 2023.
Cuestionamientos
Las medidas generaron cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. El extitular del Indec, Marco Lavagna, defendió la autonomía de los organismos técnicos y sostuvo que “la independencia en la producción y el análisis de información es una condición indispensable”.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada calificó la decisión como un “cepo” a la OPC y se preguntó: “¿Por qué le tienen tanto miedo a los datos y al rigor técnico?”.
En la misma línea, Victoria Tolosa Paz consideró que la resolución constituye una intervención sobre el organismo y afirmó que se trata de “un hecho gravísimo que atenta contra la transparencia, el control parlamentario y la calidad de nuestra democracia”.
También se expresó el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich, quien defendió el rol de la oficina y recordó que fue creada para equilibrar la información disponible entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
“El Congreso necesita información propia e independiente para controlar el presupuesto, la deuda y el gasto público”, sostuvo.