La disputa judicial que desde hace meses atraviesa a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó un nuevo capítulo luego de que los ex decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala presentaran un recurso de aclaratoria ante la Cámara Federal de Apelaciones para que precise el alcance de su reciente fallo sobre el proceso electoral universitario. Ambos sostienen que la sentencia dejó abierta una zona de incertidumbre respecto de cómo debe cumplirse la orden de "adecuación del cronograma electoral", una cuestión que consideran decisiva para determinar si pueden reabrirse etapas ya cerradas del proceso o si la elección debe continuar únicamente con las fórmulas que se presentaron dentro de los plazos originalmente previstos.

La nueva presentación, realizada con el patrocinio de la abogada María Alejandra Silva, se produce apenas días después de que la Cámara rechazara la medida cautelar impulsada por Cabrera y Abdala para retrotraer el proceso electoral, aunque al mismo tiempo dispusiera que la Universidad Nacional de Tucumán cumpliera con la adecuación del cronograma electoral conforme a las resoluciones dictadas por la Junta Electoral en acatamiento de la cautelar que había suspendido la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo.

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Ese conflicto se remonta a los primeros meses del año, cuando Cabrera y Abdala promovieron una acción declarativa de certeza para que la Justicia Federal definiera si el actual rector estaba habilitado para competir nuevamente. Los ex decanos sostuvieron desde el comienzo que los artículos 17 y 190 del Estatuto universitario impiden un tercer mandato consecutivo en los cargos ejecutivos de la UNT. La controversia derivó luego en una medida cautelar de la Cámara Federal que suspendió la candidatura de Pagani y abrió una profunda discusión institucional sobre el futuro del proceso electoral.

Posteriormente, la Universidad, a través de sus órganos electorales y de gobierno, decidió readecuar el cronograma y postergar la Asamblea Universitaria que debía elegir rector y vicerrector. Esa decisión fue cuestionada por Cabrera y Abdala mediante un recurso directo en el que solicitaron la nulidad de diversas resoluciones de la Junta Electoral y del Consejo Superior, además de una nueva cautelar destinada a impedir modificaciones del cronograma y la recepción de nuevas fórmulas de candidatos.

Si bien la Cámara rechazó esa cautelar, en su sentencia ordenó que la UNT cumpliera con la "adecuación del cronograma electoral" conforme a los lineamientos fijados en los considerandos del fallo. Precisamente sobre ese punto se centra ahora el recurso de aclaratoria. Los actores sostienen que las expresiones "adecuación del cronograma electoral" y "conforme a los lineamientos dados en los considerandos que anteceden" resultan "ambiguas y oscuras para la finalidad que se busca disponer", razón por la cual solicitaron que el tribunal precise su alcance operativo.

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En la presentación afirman que la sentencia describe las distintas etapas del proceso electoral para la elección de rector y vicerrector, pero que no aclara expresamente si algunas de ellas, ya cumplidas, pueden volver a abrirse. Según sostienen, en el caso concreto se encuentran precluidos actos fundamentales como la acreditación y recepción de fórmulas de candidatos, la exhibición de esas fórmulas y el inicio del período de impugnaciones. También remarcan que en el pedido cautelar original habían solicitado expresamente la "no recepción de terceras fórmulas", cuestión que, según entienden, no fue abordada de manera clara en el fallo.

Uno de los argumentos centrales del escrito gira en torno al principio de preclusión electoral. Cabrera y Abdala sostienen que los procesos electorales se desarrollan mediante etapas sucesivas, perentorias y preclusivas, de modo que una vez cumplidas en tiempo y forma no pueden reabrirse sin afectar "la certeza, la igualdad de condiciones entre los participantes, la seguridad jurídica y la regularidad democrática del proceso". En ese sentido afirman que "el principio de preclusión en los procesos electorales es de orden público".

Para respaldar su posición citan doctrina especializada y jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral, según la cual los procesos electorales están "caracterizados por etapas preclusivas" y por plazos perentorios vinculados a la fecha del acto electoral. En ese contexto recuerdan que, según esos antecedentes, "permitir que los plazos puedan ser ampliados atentaría contra su perentoriedad y sería contrario al principio de celeridad y seguridad".

Los ex decanos también fundamentan la urgencia de la aclaratoria en los acontecimientos posteriores al fallo. En particular mencionan la decisión adoptada el 9 de junio por el Consejo Superior de la UNT y advierten que ese nuevo acto administrativo podría generar "nuevos cuestionamientos judiciales" vinculados al desarrollo del proceso electoral. Incluso citan manifestaciones públicas del decano de Filosofía y Letras, Sergio Robin, quien expresó su preocupación porque la reapertura de etapas ya cerradas podría profundizar la judicialización del conflicto.

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En el tramo final del escrito, Cabrera y Abdala formulan la pregunta concreta que pretenden que responda la Cámara. Solicitan que se aclare si la adecuación del cronograma electoral comprende la posibilidad de reabrir actos ya precluidos de la etapa de inscripción de fórmulas para rector y vicerrector o si, por el contrario, debe entenderse limitada a la reprogramación de los actos necesarios para continuar el proceso con las fórmulas oportunamente presentadas. También piden que se tenga especialmente en cuenta la vigencia de la cautelar que impide tramitar candidaturas comprendidas en el supuesto de un tercer mandato consecutivo, situación en la que quedó comprendida la postulación de Sergio Pagani.

La nueva presentación vuelve a colocar a la Cámara Federal en el centro de una controversia que ya modificó el calendario electoral de la Universidad Nacional de Tucumán y que continúa generando derivaciones institucionales. Mientras la UNT intenta avanzar hacia la elección de sus nuevas autoridades, Cabrera y Abdala buscan que el tribunal despeje cualquier duda sobre el alcance de su propio fallo y determine si las etapas electorales ya cumplidas pueden o no volver a abrirse en el marco de una de las disputas universitarias más trascendentes de los últimos años.