El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sumándose así al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti, quienes habían realizado el mismo trámite en los últimos días.
La incorporación de funcionarios de primera línea al sistema volvió a poner en el centro del debate político la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica el enfoque tradicional de fiscalización tributaria y simplifica la presentación del Impuesto a las Ganancias.
Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias
Según explica ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias constituye una nueva modalidad para declarar y pagar impuestos destinada a contribuyentes que cumplen regularmente con sus obligaciones fiscales.
Qué opinaba Adorni sobre la “Ley de Inocencia Fiscal” antes de adherir al Régimen Simplificado de GananciasA través de este mecanismo, el organismo recaudador confecciona una declaración jurada prearmada con la información disponible. Luego, el contribuyente puede revisarla, corregirla o complementarla antes de su presentación definitiva.
Uno de los cambios más significativos es que ARCA concentra los controles en los ingresos declarados y los gastos deducibles, dejando de lado aspectos como los consumos personales o determinadas variaciones patrimoniales que forman parte del esquema tradicional de fiscalización.
Por qué genera controversia la adhesión de funcionarios
La decisión de Adorni, Angeletti y ahora Sturzenegger despertó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y profesionales, que consideran que los funcionarios públicos deberían estar sujetos a mayores niveles de transparencia y control patrimonial.
La oposición apunta contra Adorni y busca excluir a funcionarios del régimen de Inocencia FiscalDesde el entorno del ministro de Desregulación minimizaron las críticas y señalaron que la adhesión responde simplemente a la elección de un mecanismo más ágil para presentar la declaración de Ganancias.
Además, remarcaron que más de 80.000 contribuyentes ya se incorporaron al régimen desde su puesta en marcha y que se trata de una herramienta abierta para todas las personas que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.
La reforma que impulsa el Gobierno
Mientras continúan las adhesiones al sistema, el Gobierno nacional avanzó con un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal e introducir cambios que amplíen el alcance del régimen simplificado.
Entre las principales modificaciones propuestas figura la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que actualmente restringen el acceso al sistema.
Hasta ahora, solo pueden adherirse personas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones o un patrimonio declarado inferior a $10.000 millones. La nueva iniciativa elimina esas restricciones y habilita el ingreso de grandes contribuyentes nacionales.
Asimismo, el proyecto incorpora cambios en los criterios utilizados por ARCA para detectar inconsistencias entre la información declarada y las estimaciones realizadas por el organismo.
La propuesta establece que las diferencias deberán superar simultáneamente el 15% del impuesto declarado y un monto equivalente al 5% del umbral previsto por la Ley Penal Tributaria para configurar una observación relevante.
Menos información patrimonial
Otro de los aspectos más relevantes de la reforma es que los grandes contribuyentes que ingresen al régimen simplificado podrán presentar sus declaraciones juradas sin necesidad de informar datos como patrimonio inicial, patrimonio final o el denominado "consumido", requisitos que actualmente forman parte del esquema tradicional.
La iniciativa surgió tras reuniones mantenidas entre representantes de los consejos profesionales de ciencias económicas, el ministro de Economía, Luis Caputo, y las autoridades de ARCA, quienes analizaron mecanismos para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes adheridos.
Con la adhesión de Sturzenegger, el debate sobre los alcances de la Ley de Inocencia Fiscal y los controles patrimoniales aplicables a los funcionarios públicos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política nacional.