Bajo el lema oficial “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el gobierno de Javier Milei oficializó este lunes una fuerte reestructuración presupuestaria que implica duros recortes millonarios en salud, educación, ciencia, infraestructura y programas sociales.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consignó el diario "Ámbito".
La modificación presupuestaria alcanza a 211 programas estatales y representa un ajuste estimado entre $2,5 y $2,8 billones, según distintos análisis sobre la norma.
De acuerdo con la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas, la medida reduce gastos corrientes por $1,9 billones y gastos de capital por otros $496.760 millones, mientras que se incrementa el resultado financiero en alrededor de $3 billones.
Uno de los sectores más afectados es Salud. El área sufrió un recorte superior a los $62.000 millones, con impacto directo en programas vinculados al acceso a medicamentos, prevención de enfermedades y tratamientos de alta complejidad.
Entre las partidas más afectadas figura el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones. También se redujeron $5.000 millones del programa de investigación, prevención y tratamiento del cáncer, además de recortes en políticas de VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra y salud sexual.
Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidadesLa poda presupuestaria también alcanzó a organismos estratégicos del sistema sanitario. El Instituto Malbrán perdió $1.162 millones, mientras que el Incucai sufrió un recorte cercano a los $1.000 millones. Además, se redujeron fondos para la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud.
En el plano educativo, la Secretaría de Educación registró una reducción de $78.768 millones. Entre las decisiones más relevantes aparece el recorte de $35.288 millones al Plan Nacional de Alfabetización y la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, que garantizaba un piso salarial para provincias con menores recursos, según consignó ElDiarioAR.
Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por el ajuste. Trece casas de estudio sufrieron recortes en infraestructura por más de $5.300 millones, en la antesala de la movilización universitaria prevista para este martes. Entre las instituciones afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, la Unsam y la Universidad de Avellaneda.
Los rectores universitarios observan con preocupación el impacto de la reducción presupuestaria sobre obras, equipamiento y funcionamiento de las casas de estudio, en un contexto de creciente conflictividad con la administración libertaria.
El Gobierno se comprometió a reunirse con las universidades tras la marcha y defendió el control sobre los fondosLa reestructuración también golpea a las provincias. Se eliminaron transferencias y obras de infraestructura hídrica por más de $970.000 millones. Entre los proyectos paralizados aparecen el Acueducto Vipos en Tucumán, el sistema de agua potable de Concordia, la planta depuradora de Rafaela y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia.
El Ministerio de Economía nacional también avanzó sobre transferencias a organismos y empresas estatales. Se redujeron partidas para Energía Argentina, AySA, Educar SA, Radio y Televisión Argentina y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, entre otras dependencias.
La ciencia y la tecnología también registraron nuevas caídas presupuestarias. El Conicet perdió $3.280 millones, la Conae $4.409 millones y la Agencia I+D+i otros $857 millones. En Defensa, el ajuste superó los $46.000 millones y obligó a cancelar proyectos de equipamiento militar.
El exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Gómez, calificó la medida como “un ajuste grosero” y sostuvo que, al analizar las 588 páginas de anexos de la decisión administrativa, aparecen “verdaderos guadañazos presupuestarios” sobre programas esenciales.
En los fundamentos de la norma, el gobierno de Milei argumentó que la adecuación presupuestaria busca “afrontar gastos que hacen al cumplimiento” de distintas áreas de la administración pública y confirmó que se efectuaron “rebajas en créditos presupuestarios de varias jurisdicciones”.