El presidente Javier Milei se enfrenta a una creciente tensión política al vetar leyes clave y demorar una decisión sobre la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). A pesar de las señales mixtas sobre la apertura al diálogo, la administración mantiene una postura firme en su agenda fiscal.
Milei vetó totalmente la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. Estas decisiones ya provocaron fuertes reacciones del Congreso, donde los legisladores podrían intentar anular el veto de la ley de financiamiento universitario. También se prevén protestas, incluida una posible marcha federal organizada por docentes, estudiantes y sindicatos.
La fecha límite para decidir sobre la redistribución de los ATN, una cuestión importante para los gobernadores provinciales, vence hoy. Funcionarios gubernamentales indicaron que el plan actual es vetar también esta ley, lo cual se alinea con la promesa presidencial de vetar cualquier legislación con costo fiscal.
¿Habrá diálogo con los gobernadores?
Esta postura inflexible coincide con los esfuerzos del Gobierno para iniciar un diálogo político con los gobernadores con el fin de construir un acuerdo de gobernabilidad. El recién nombrado Ministro del Interior, Lisandro Catalán, contactó con los gobernadores, y se espera que el Gobierno celebre reuniones con aquellos que están políticamente alineados con La Libertad Avanza (LLA).
Los gobernadores buscan que la admnistración nacional evite vetar la ley de ATN o que ofrezca alternativas. Las propuestas incluyen permitir al Poder Ejecutivo retener el control de la distribución de los ATN para emergencias, pero distribuir cualquier fondo restante automáticamente a las provincias.
Mientras que algunos dentro del Gobierno abogaron por una mayor flexibilidad para evitar nuevas derrotas legislativas y mejorar las relaciones con los gobernadores, la postura de Milei sigue centrada en mantener el déficit cero.
La reciente derrota electoral en Buenos Aires y las posibles negociaciones futuras sugieren un momento crítico para las relaciones entre el Gobierno nacional y las provincias, con implicaciones significativas para la gobernabilidad y el panorama político.