A menos de 24 horas de haber registrado un revés en relación al veto presidencial sobre la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno nacional volvió a sufrir una dura derrota parlamentaria en el Senado. La Cámara alta rechazó cinco decretos desregulatorios, cuatro de ellos delegados y uno de necesidad y urgencia, que, de esta manera, se cayeron.

Se trata de medidas detrás de las que estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que la administración libertaria tomó en el marco de las facultades delegadas que le fueron otorgadas al presidente Javier Milei a través de la Ley de Bases, y que vencieron en el mes de julio.

Con el resultado del Senado, en lo que va de su gestión, el Congreso ya le truncó seis decretos al presidente libertario. El año pasado, por primera vez en la historia el Parlamento rechazó un DNU, fue el 656/24, por el cual se le habían otorgado fondos millonarios a la SIDE.

El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. La votación resultó con 10 votos a favor, 60 en contra y una abstención.

Por medio de este decreto, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) había dispuesto la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una “transformación” del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

Otro de los decretos delegados en ser rechazado, por 10 votos positivos, 60 negativos y una abstención, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.

En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (Cntysv) y una “reorganización” de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Respaldo universitario

Al igual que el año pasado, el Senado sancionó la ley de financiamiento universitario y recomposición de los salarios docentes y no docentes. La oposición logró reunir 58 votos afirmativos para aprobar la propuesta, mientras que el oficialismo recolectó 10 votos negativos. Entre las voluntades a favor se contabilizaron los votos de los representantes tucumanos (Sandra Mendoza, Juan Manzur y Beatriz Ávila). Otros tres senadores se abstuvieron.

En línea con este tipo de propuestas legislativas, el Ejecutivo ya adelantó su decisión de vetar, una vez más, esta iniciativa.

Senado: la oposición logró aprobar la Ley de Financiamiento Universitario

Durante el debate en el recinto, la senadora Ávila aseguró que el proyecto representa “un federalismo real”. Durante su alocución, la dirigente del Partido por la Justicia Social (PJS) añadió que las universidades generan “la movilidad ascendente que tienen nuestros jóvenes para construir el país grande que todos soñamos”. En este sentido fue contundente y advirtió al Presidente: “El Gobierno debería tener como prioridad la educación y la salud porque la educación pública universitaria no es un privilegio, es un derecho. Votamos por nuestros jóvenes, docentes, investigadores y porque soñamos un país inclusivo, moderno y soberano”, dijo.

Al cierre de esta edición, los bloques contrarios a la administración libertaria se aprestaban a sancionar la ley de emergencia pediátrica, que prevé financiamiento para el Hospital Garrahan.

Sueldos millonarios: los senadores cobrarán más de $10.000.000

En medio de una sesión legislativa contraría para las intenciones del Gobierno nacional, en el Senado se cerró un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores del Congreso. A partir de este arreglo, los exponentes de la Cámara alta pasarán a cobrar dietas superiores a los $10.000.000 brutos, desde noviembre. En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario la vicepresidente Victoria Villarruel, firmó una resolución para desvincularse de la polémica por las dietas de los legisladores, que pasaron en ese entonces a más de nueve millones de pesos. En concreto, la última paritaria involucra incrementos para los empleados del Congreso de 1,3% y un bono remunerativo de $25.000.