Bocanada de aire para el periodismo profesional

Bocanada de aire para el periodismo profesional

05 Junio 2023

La sentencia favorable a la periodista de LA GACETA, Irene Benito, que acaba de emitir la Corte Suprema de Justicia de Tucumán trasciende el caso concreto al ratificar la vigencia de garantías constitucionales críticas para la democracia como las libertades de expresión y de prensa. Este pronunciamiento corrige una agresión injusta y, al mismo tiempo, corrobora la importancia del periodismo profesional para el goce del Estado de derecho. Es un mensaje que oxigena la esperanza en el pensamiento crítico, y en el progreso individual y colectivo que acarrea la posibilidad de tomar decisiones informadas que se nutran de la búsqueda de la verdad.

Si se hubiese tolerado que la Justicia penal y el poder represivo del Estado sean empleados para criminalizar el ejercicio de dar y de recibir información, y de opinar libremente, sólo cabría guardar silencio. Ello hubiera implicado aceptar la instalación de la censura previa a contramano del precepto de la Constitución Nacional que la prohíbe de manera expresa, y, por añadidura, empobrecer el debate público hasta niveles asfixiantes. Si a quienes se atreven a contar lo que el poder preferiría que permanezca oculto se los amenaza con la cárcel o el desprestigio inherente a una criminalización divulgada con la ayuda del aparato de propaganda, entonces no queda sino esperar que circulen las mentiras que caracterizan a las tiranías. Lo dijo recientemente la Unesco en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa: la desinformación es un elemento constitutivo central de los regímenes autocráticos que siembran el terror en el planeta.

Consciente de su responsabilidad en el sostenimiento del proyecto democrático provincial, la Corte dictó una sentencia que sepulta la aventura emprendida contra la periodista de LA GACETA y debería sepultar cualquier intento similar de criminalizar a la prensa que se ensaye en el futuro. Es una medida que actualiza el compromiso del máximo tribunal tucumano con el reconocimiento de las libertades de prensa y de expresión, una postura felizmente invariable en esa institución desde el final de la última dictadura. Esa jurisprudencia construida caso a caso, siempre en el mismo sentido de proteger la libertad de pensar y de manifestarse, adquiere un valor especial en momentos donde flaquea la fe en la Justicia, y la sociedad demanda a sus jueces señales elocuentes de apertura, de transparencia y de independencia.

La sentencia del alto tribunal en el caso “Benito” se hace eco de las inquietudes puestas de manifiesto recientemente por entidades que observan un avance de los litigios penales estratégicos que buscan cancelar la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). La historia de la periodista de LA GACETA, y de otros dos colegas, Daniel Enz y Daniel Santoro, llevaron en 2022 al Foro de Periodismo Argentino a solicitar medidas inéditas al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe donde menciona la criminalización de Benito como un aspecto preocupante del panorama argentino en materia de derechos humanos.

Muchas y diversas voces se sumaron y potenciaron desde ámbitos y tribunas muy diversas para impedir que este ataque consiguiera sus objetivos deletéreos para el oficio. La frustración de la venganza es un bálsamo que la Corte provee en medio de tanta degradación. El periodismo profesional ha prevalecido y con él la expectativa de que se puedan investigar los hechos relevantes para el bien común; de que se puedan hacer preguntas incómodas a quienes ocupan posiciones de poder; de que se pueda solicitar rendiciones de cuentas y de que se pueda servir con honradez a la audiencia. Bienvenida sea la justicia que mantiene con vida tales perspectivas esenciales para el bienestar presente y futuro de la sociedad.

Temas Tucumán
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