Lo que el crimen de Chacabuco 59 dejó al descubierto

El crimen de Chacabuco 59 movilizó a los tucumanos. Tiene numerosas aristas, pero una sola realidad: el caso está atravesado por el consumo problemático de drogas. La víctima, tres mencionados en el expediente y la única detenida están presos de ese infierno llamado adicción. No menos importante resulta que el hecho se haya registrado en pleno centro, lo que se transforma en un doloroso cachetazo para todos aquellos que piensan que esto sólo ocurre en los barrios de la periferia o en zonas donde la pobreza está haciendo estragos en el tejido social. Está en todos lados y cada vez se cobra más vidas.

Hasta el cierre de esta columna, en nuestra provincia se registraron 40 homicidios, siete más que el año pasado en idéntica cantidad de tiempo. Pero como nunca antes había pasado desde que se llevan registros de la cantidad de crímenes, la droga está presente en más del 50% de estos hechos:

- Al menos 10 personas murieron en disputas por cuestiones de drogas, ya sea por peleas por el dominio territorial o por cuestiones vinculadas al consumo de sustancias. Este fue el móvil más común de los asesinatos registrados hasta ahora.

- En cuatro de los nueve homicidios de violencia intrafamiliar el consumo problemático de sustancias estuvo presente.

- Cinco casos de crímenes por violencia intravecinal estuvieron ligados a situaciones vinculadas a estupefacientes.

- Cuatro supuestos ladrones fueron ultimados por sus victimarios. El último caso, registrado en el barrio “El Sifón” dejó otro dato alarmante. La joven que recibió un disparo en la cabeza tenía rastros de que se inyectaba droga en sus brazos, algo que no es común y que obligó a los investigadores a pensar qué tipo de sustancia consumía. “Los están matando como moscas porque roban para seguir drogándose”, dijo una vecina que no es especialista en cuestiones de seguridad, sino una mujer que tiene en claro lo que sucede en las calles tucumanas.

Escándalo

Días atrás, el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio Roberto Sánchez hizo unas declaraciones que alteraron a los tucumanos: “los vecinos denuncian que hay punteros del oficialismo que ofrecen droga a cambio de un voto. Nos indigna mucho esa situación y la denunciamos públicamente para que paren con esa mercantilización de la política que mata a los jóvenes tucumanos”. Estas palabras no sólo son duras, sino que reflejan que no hay nada nuevo bajo el sol.

En las PASO de agosto de 2017, LA GACETA daba cuenta que varios jóvenes no pudieron votar porque los transas les habían retenido los documentos. Actualmente, es común que en los operativos antidrogas, las autoridades también encuentren en los allanamientos las tarjetas de débitos de planes sociales de terceros. La razón es clara: los “señores de la muerte” cobran los beneficios de los adictos que les fían las dosis que consumen a diario. Hay otra realidad inocultable. El psicólogo social Emilio Mustafá relató claramente como los transas se han transformado el Estado en los barrios. Ellos ayudan económicamente a los leales y a los que miran a otro lado y persiguen (hasta matan) a los que los denuncian. Entonces: ¿por qué no pensar que los punteros deben pedirle autorización para militar en las tierras que ellos dominan?

Los narcos no saben de ideologías, ni les interesa el cambio, sólo ocupar un espacio para extender su dominio. Encuentran en la ambición política un terreno fértil para hacer crecer sus sueños electorales. Nuestro diario reveló que dos personas con causas por drogas aspiran a ser delegados comunales. Uno es del oficialismo y el otro de la oposición. Son candidatos en lugares que pueden aportar 400 votos que es como tirar un vaso de agua a El Cadillal. Aunque legalmente no tienen impedimentos para presentarse, sus postulaciones generan dos interrogantes: ¿cuál es el precio que se pagará si llegan a ser electos? y ¿cuántos más habrá en esa nómina de más de 18.000 candidatos?

Una señal

El miércoles se cumplirán los seis primeros meses desde que se puso en vigencia la ley de narcomenudeo. Osvaldo Jaldo, el responsable de que esta norma se hiciera realidad después de casi seis años, resumió hace pocos días cuáles fueron sus resultados. Enumeró que se desarticularon más de 320 “quioscos” de venta de sustancias en toda la provincia, que detuvieron a unas 400 personas en más de 400 allanamientos y que sacaron de la calle unas 350.000 dosis de cocaína y más de 450.000 de marihuana, entre otros números. Pero detrás de estas cifras hay otra realidad.

Antes de que se oficializara la provincialización de la lucha contra la comercialización de drogas, Jaldo les pidió a los funcionarios que realizaran un plan para atender a los adictos. Así nació la Red de Instituciones Intermedias de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos. Un nombre rimbombante para unir a todas las organizaciones que se dedican a la prevención y a la rehabilitación de adictos que estaban desparramadas en toda la provincia. Cuando se hizo el relevamiento, las autoridades lograron sumar 40. A casi 10 meses de haberse lanzado la iniciativa, ya son 90. “La idea fue coordinar y controlar el trabajo que venían realizando desde hace mucho tiempo. Los resultados son muy buenos. Ya se abrieron dos granjas para recuperación de personas y estamos muy cerca de concretar la tercera”, señaló el coordinador Lucas Haurigot Posse.

Esas Instituciones Intermedias son las que aportan las señales de alarma de esta problemática. Según las estadísticas que manejan, cada 72 horas, cada una recibe en promedio cinco pedidos de asistencia, lo que representa unas 50 mensuales y llegan a ser 450 entre todas las organizaciones. Esas son las cifras de lo que deja el narcomenudeo. También son todo un desafío para las autoridades que destinan alrededor de $36 millones por mes para que estas redes sigan funcionando para que disminuya la demanda de sustancias. El camino por recorrer es largo y los resultados no son inmediatos. Pero está claro que en Tucumán, la droga mata en serio.