Consideraciones sobre un moderno sistema de Educación Superior Pública

Miguel A. Cabrera - Eduardo Martel

Decano y Vicedecano de Ciencias Exactas

La Universidad Pública Argentina tiene sus rasgos distintivos que la diferencian del resto de las universidades latinoamericanas y del mundo. No podría ser de otra manera. La academia, aun cuando tenga valores e intereses universales, trascendentes, está inexorablemente ligada a la historia, la cultura y la sociedad de un país. La caracterización de reformista que le cabe a nuestra universidad pública reconoce con esa denominación un hecho trascendental de su historia cuya influencia se extiende hasta hoy, pero que necesariamente ha ido mutando en sus efectos a lo largo de los más de cien años desde su eclosión. De hecho, resulta un tanto ambicioso pretender englobar en Universidad Pública Argentina la variedad de realidades en la que se han gestado y desarrollado las distintas universidades nacionales que han ido surgiendo en las diferentes regiones de nuestro país. Desde la simiente de la Universidad Nacional de Córdoba, sembrada siglos antes de que Argentina sea una nación reconocida como tal, hasta las relativamente recientes universidades del conurbano bonaerense, sin dejar de lado las que están aún en carpeta sobre escritorios legislativos.

Resignificación constante

Sin embargo, si lo que se busca son elementos de diagnóstico que contribuyan a identificar problemáticas comunes, conducentes a proponer estrategias y políticas que orienten caminos de solución, se pueden encontrar similitudes en nuestras altas casas de estudio; independientemente de su linaje, edad y región de pertenencia. Es más, en la actualidad se torna evidente para los responsables de sus conducciones, que los desafíos que los interpelan con mayor vehemencia son del orden de la época, por encima de las realidades económicas y sociales que particularicen la situación de una dada universidad, sea cual sea el país del que se trate. En este sentido, desde hace tiempo se han establecido en los organismos nacionales, transnacionales e internacionales, espacios de debate y coordinación en los que se ponen en discusión y revisión permanente no sólo los procesos de enseñanza-aprendizaje y estrategias pedagógicas, sino las bases mismas de las estructuras organizacionales de generación, intercambio y transmisión del conocimiento; según nuevos ejes disciplinares que exigen una resignificación constante de los conceptos fundamentales de la educación. En este contexto, surgen preguntas disparadoras de debate y polémica, elementos imprescindibles en las discusiones necesarias para generar políticas públicas destinadas a superar falsas dicotomías, trascender tendencias ideológicas y resistir alternancias de ciclos gubernamentales. Aunque algunas de estas preguntas pueden sonar a retóricas, podríamos preguntarnos: ¿Debe ser entendida la educación superior como educación post-secundaria? ¿Es necesaria/conveniente/viable una instancia de integración educación secundaria-universidad? ¿Es la educación superior un derecho humano? Y en tal caso ¿cómo debe ser interpretado tal derecho para hacer efectivo su ejercicio?

Los preceptos reformistas de gratuidad, cogobierno, autonomía y libertad de cátedra ¿requerirían ser resignificados para cumplir con sus objetivos primigenios, pero adaptados al contexto actual? ¿Justicia, equidad, aplicados al sistema universitario, son necesariamente asociables a gratuidad? ¿Es el término gratuidad apropiado para describir un sistema estatal que requiere ingentes recursos de todos los ciudadanos cualquiera sean sus niveles de ingresos? ¿Con la gratuidad, entendida como no arancelada para el usuario, el sistema universitario público argentino garantiza la igualdad de oportunidades que pregona? ¿Cuánta incidencia debe tener el cambiante panorama del mundo laboral en el diseño de los trayectos formativos conducentes a titulaciones universitarias? ¿Los organismos de evaluación y acreditación de carreras universitarias ateniéndose a sus pautas fundacionales, están preparados para responder a las necesidades y paradigmas de la sociedad moderna? Los problemas de deserción, desgranamiento y baja tasa de egresos ¿son “responsabilidad” de los estudiantes, de los docentes o de estructuras académicas anquilosadas? ¿La reversión de estos indicadores negativos está atada solamente a la mejora de los presupuestos universitarios?

Para enfocarse en la realidad argentina, tanto la educación primaria como la secundaria vienen mostrando indicadores de resultados persistentemente negativos. Hay una tendencia ya instalada en la educación secundaria a una reducción de egresos de estudiantes respecto de los que ingresan, a lo que se suma que lo hacen con menos conocimientos consolidados y habilidades adquiridas. Evidentemente, esta realidad del ingresante al sistema educativo superior afecta de manera significativa los indicadores universitarios. Por tanto, la universidad argentina no puede tener una actitud meramente expectante frente a esta problemática, esperando que en algún momento reciba los ingresantes que nostalgiosamente recuerda de manera idealizada.

Tratando con indicadores, aun cuando el porcentaje del PBI destinado a educación puede mostrar eventualmente coherencia con alguna premisa discursiva, de neto corte político, en cuanto a la importancia presupuestaria que le asigne el gobierno al funcionamiento del sistema educativo público de gestión estatal, ha demostrado ser insuficiente si no va acompañada de políticas responsables y de una gestión estratégicamente orientada. Por otra parte, la sustentabilidad a largo plazo del sistema universitario público no puede prescindir de una sinergia entre las UUNN y el sector privado. El modelo de retroalimentación entre estado, privados y academia, que en su versión latinoamericana Jorge Sábato visualizó como un triángulo y en su versión moderna aplicada a la innovación se visualiza con una triple hélice, en nuestro país sigue sin despegar. A pesar de las sucesivas planificaciones de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación, todavía no se ha logrado aportes significativos del mundo privado al sistema científico tecnológico argentino para trabajar integradamente dentro de políticas de desarrollo generadas por el Estado.

Parece haber llegado el momento en que corresponde hacer una evaluación profunda y abarcativa de los resultados del sistema universitario en su conjunto, que justifiquen cómo se invierte el presupuesto universitario y qué políticas subyacen en la lógica de la ejecución presupuestaria, para que los cuantiosos fondos que se destinan al sistema universitario cumplan con sus objetivos previstos de convertir la educación superior en motor fundamental del desarrollo nacional.

Llegando al primer cuarto del siglo XXI, rige una Ley de Educación Superior vigente desde el siglo pasado. También datan de esos años las bases de una visión moderna para el involucramiento de las UUNN en el sistema científico tecnológico mirando al medio social, económico y productivo, mediante las Unidades de Vinculación Tecnológicas esparcidas a lo largo y ancho del país; para direccionar los esfuerzos de investigación, desarrollo, extensión y transferencia como una política de Estado, como una herramienta de transformación de la matriz productiva. Hoy seguimos siendo un país típicamente agroexportador, con fuerte dependencia de los mercados de commodities. También de aquella época data la creación de organismos para la evaluación y acreditación oficial de carreras universitarias tanto de grado como de posgrado; con injerencia en detección de áreas de vacancia y generación de respuestas académicas para revertirlas.

Demanda de tecnología

El mundo se viene transformado profundamente y cada vez lo hace con mayor aceleración. Estamos siendo testigos de los mayores cambios históricos entre generaciones. La tecnología es considerada, por un lado, uno de los factores clave de esa transformación y cambios, asimilada a la evolución humana, y por el otro, como la responsable de la deshumanización de nuestra civilización e incluso de un próximo apocalipsis tecnológico. Independientemente de ese endiosamiento o demonización, es indudable que la tecnología es una protagonista fundamental del mundo actual y futuro y, como tal, atraviesa toda la actividad humana. En particular, en más de un sentido, influye fuertemente en el devenir de la educación. La tecnología se ha convertido en herramienta fundamental para la didáctica, la generación, administración y transmisión del conocimiento. Pero, fundamentalmente, los contenidos, capacidades y habilidades tecnológicas atraviesan vastas áreas del saber y disciplinas más allá de las tradicionalmente técnicas; y con ello convierten cada vez más el universo laboral en un mercado hiperdemandante de personas con formación tecnológica en sus más diversas variantes, hoy se habla de la economía del conocimiento. En este sentido, las políticas educativas no pueden desconocer el desafío que implica mantener el equilibrio entre adaptarse a un mercado aparentemente insaciable, que fagocita recursos humanos y materiales, y al mismo tiempo responder a estrategias de crecimiento y desarrollo nacionales a las cuales la educación superior se debe como una de sus razones de ser.

Definido el rol del sistema universitario en el conjunto de políticas públicas del país, el presupuesto universitario debe aplicarse selectivamente donde su impacto sea estratégico. Esto implica también abrir posibilidades para que haya fuentes de financiamiento extra-estatales que refuercen los recursos destinados al funcionamiento de las universidades. La responsabilidad del Estado en sostener el sistema de educación superior no debe limitarse a hacer uso de las arcas públicas, en gran parte sostenidas por impuestos que se aplican a personas de bajos recursos y que nunca han tenido un acceso real a las instancias universitarias.

Cómo hacer viable el acceso, tránsito y egreso de jóvenes de los más distintos estratos sociales por una universidad pública de calidad, como resultado del ejercicio de un derecho humano, es sin dudas un objetivo que requiere de grandes transformaciones. Seguramente necesita de consenso político, de la generación de condiciones de confianza basada en políticas de estado sustentables, y de una planificación estratégica con alto grado de involucramiento de los distintos sectores protagonistas. Lograr una verdadera equidad como valor real del sistema de educación superior público de gestión estatal, sigue siendo la asignatura pendiente por excelencia.