La verdad 21 del PJ se acata pero no está escrita

En tiempos de elecciones -desde 2006 a la fecha, más ptrecisamente desde la reforma constitucional-, en la provincia rige una ecuación electoral no escrita que en el peronismo se respeta como si se tratase de una verdad matemática, o la verdad 21: cuantos más acoples, más posibilidades de triunfar. Una proporcionalidad directa que se respeta a rajatabla para retener el poder.

Los resultados de los comicios de 2019 le conceden la razón. El Frente Justicialista por Tucumán contó con el respaldo de 49 colectoras y consiguió 512.000 votos; mientras que Vamos Tucumán fue avalado por 17 acoples y tan solo logró 202.000 adhesiones. Más del doble de acoples, más del doble de sufragios de diferencia. Se entiende entonces por qué a los compañeros los devela la necesidad de contar con la mayor cantidad de acoples o de partidos políticos respaldando a la fórmula gubernamental. No importa si se pierden municipios, lo central es la Casa de Gobierno. Ceder municipalidades es un daño colateral menor, soportable, a los fines del propósito central; un efecto que hasta el momento no inquieta demasiado al PJ: lo importante es el caudal de votos a conseguir para los candidatos a gobernador y a vicegobernador.

En Las Talitas, vaya como ejemplo, se disputarán la intendencia dos sectores internos del oficialismo, uno identificado con el manzurismo y otro con el jaldismo, pero la curiosidad estriba en que será una disputa familiar entre tía y sobrina ver quién se queda con la municipalidad. Ambas le sumarán votos al Frente de Todos por Tucumán, pero sólo una ganará. El peronismo también genera grietas impensadas en sus propias filas.

Esa “debilidad” de los compañeros por el premio mayor debería ser considerado seriamente por la oposición, no sólo para tratar de imponerse en más municipios de los que hoy maneja con listas únicas, sino para ir incrementando su fortaleza y amplitud territorial para futuras batallas electorales. Si bien es natural que haya dificultades para coincidir en un solo nombre por ciudad, esa posibilidad que les abre el oficialismo con su debilidad por la gobernación a costa de resignar intendencias da para tentarse.

Porque eso de proponer y alentar dos y tres candidatos a intendentes por municipio -como lo hace el PJ- es una forma de facilitar que una oposición unida tras un buen candidato pueda resultar favorecida por la fragmentación de la oferta oficialista.

El Gobierno sabe y asume el riesgo, no sólo para quedarse con el Ejecutivo sino porque apuesta a que la oposición se tiente con un único candidato a intendente para imponerse sobre la división, ya que implicaría menos acoples para ellos y, por lo tanto, menos chances de ganar la gobernación según aquella ecuación electoral.

La oposición, entonces, tiene el gran desafío de diseñar una estrategia electoral que aumente las listas colectoras para disputar con más chances la gobernación y que, a la vez, les permita imponerse en más municipios con listas únicas. Lo uno parece ir a contramano de lo otro, por lo menos para Juntos por el Cambio en términos de armado electoral. Otra cosa es cómo encarará la seducción política de la ciudadanía para solicitar el acompañamiento con los votos.

Una posibilidad para aumentar los votos a la fórmula gubernamental podría ser la de alentar varios acoples en cada uno de los municipios con listas de concejales -ya se vió en la pizarra de Alfaro la formación de seis acoples propios en la Capital- y tal vez proponer la presentación de más de un candidato a comisionado rural por cada una de las 93 comunas. Algo así como resignar comunas a cambio de más votos, la sombra de la ecuación peronista.

Claro que todo depende de lo que se pretenda realmente, si es que hay real vocación de poder o sólo aspiraciones políticas acotadas a una banca legislativa o a un departamento ejecutivo municipal. La estrategia del PJ es clara: acoples y más acoples para sostener al binomio Jaldo-Manzur. La pregunta es si llegarán al medio centenar de listas colectoras como hace cuatro años.

Por lo menos, unos 60 partidos políticos provinciales son manejados por dirigentes del PJ, los que están al servicio de los intereses del justicialismo, lo que significa que hay un número significativo de estructuras que pueden ponerse a disposición del objetivo supremo del peronismo derivando en acoples: tratar de mantenerse en el poder.

Ahora bien, en este marco surge la pregunta más importante de todas: ¿cómo contendrán a los muchachos de las colectoras?, ¿de dónde saldrán los recursos para sostener a la mayoría o a las que garanticen un caudal de miles de votos? Porque hacen falta recursos, y muchos, según las estimaciones que está haciendo la dirigencia para sostener primero la campaña y luego hacer el desembolso mayor en el día de la votación.

El rango del posible gasto por acople, para conseguir una banca legislativa vaya por caso, oscila -según varios consultados- entre los $ 30 millones y los $ 45 millones (publicidad, proselitismo, impresión de votos, afiches, cartelería, pago a los fiscales para cubrir las 3.700 mesas, comida, alquiler de vehículos para el día de la votación, etc., etc.).

Entre los “etc” debe contemplarse el gasto en los curstionados bolsones y otro tipo de dádivas como subsidios o “compra” de votantes, y hasta la inversión en fiscales “sagaces” para la hora de armar las planillas del recuento de los votos en cada mesa. Siempre se puede “birlar” alguna adhesión; un “1” se convierte en “10” o un 20 en 200. Sobre estos últimos especialistas de los conteos vaya un comentario de un dirigente capitalino que reniega de las malas prácticas políticas en tiempos de sufragio: estos muchachos contratados son hábiles, pero no leales.

Ergo, nada está garantizado, por más recursos que se destinen para asegurarse votos. Estas prácticas debilitan al sistema, son antidemocráticas, ilegales y principalmente deshonestas. Esta persona, además, en virtud de lo que observó sobre los fiscales contratados por su experiencia, deslizó otra frase que sintetizaba su desencanto por las acciones de la clase política: el dinero mató a la democracia. Es que la compra de voluntades conspira contra la posibilidad de elegir libremente, sin ataduras ni condicionamientos, precepto básico del sistema democrático. Pero que sucede, sucede. Y que es incontrolable, también.

Como incontrolable lo es la cantidad de partidos políticos en la provincia, 105 en total, que son los habilitados por la Junta Electoral para competir en los comicios del 14 de mayo. No es un exceso de cultura cívica democrática sino una desnaturalización política que degrada, precisamente, a estas instituciones reconocidas constitucionalmente, que sirven para acoples por la normativa local, para ser meras listas de candidatos.

Detrás de cada una no hay vida partidaria, no hay debate político interno en esas organizaciones, sólo son siglas que se desempolvan cada cuatro años para cumplir una única misión: servir de colectoras. En Tucumán no hay 105 candidatos a gobernador, a lo sumo habrá siete u ocho; no hay 105 ideologías ni 105 plataformas electorales distintas. El acople lo hizo, se podría decir.

Recuérdese que en Tucumán llegó a haber más de mil partidos políticos entre provinciales, municipales y comunales. Desaparecieron las dos últimas categorías (había partidos comunales de dos afiliados); sin embargo, 105 organizaciones siguen siendo demasiadas, ya que implica que en Tucumán hay una estructura partidaria cada 16.190 habitantes (1,7 millón en total de pobladores). Para sostener que es excesivo basta comparar con otras provincias: Buenos Aires tiene un partido provincial (son 53 en total) cada 330.188 habitantes (17,5 millones de bonaerenses); Córdoba tiene un partido provincial (43) cada 90.697 habitantes (3,9 millones); Santa Fe, un partido provincial (40 en total) cada 87.500 habitantes (3,5 millones de habitantes), y la Capital Federal tiene un partido (55) cada 56.363 habitantes (3,1 millones). Los sistemas electorales son distintos; aquí, la implementación del acople hizo proliferar las estructuras partidarias, un sistema electoral que pergeñó el PJ, que es el que mejor provecho le saca. Tiene aceitada su maquinaria con una sola meta, como ya se mencionó: seguir en el poder.

Ahora bien, ¿por qué es posible que haya 60 partidos provinciales manejados por dirigentes del PJ? Es una travesura permitida por la legislación actual, ya que habilita la doble afiliación entre partidos nacionales y partidos provinciales. El PJ es un partido de distrito y, por lo tanto, nacional. En Tucumán el PJ tiene 182,000 afiliados según la Cámara Nacional Electoral y nada les impide a esos miles de afiliados inscribirse en un partido provincial.

Si se considera que la exigencia mínima para ser una organización provincial es tener un cantidad de afiliados igual al cuatro por mil del total de inscriptos en el padrón electoral, cada partido tucumano debería tener 4.000 afiliados como mínimo para poder ser habilitado a funcionar legalmente. Una rápida división de aquella cifra de socios del PJ por la cantidad de 4.000 revela que el PJ “nacional” de Tucumán podría alimentar con su afiliados -o generar- a 45 estructuras locales. Sesenta se comenta que están administrados por referentes del oficialismo, los números dicen que es posible, máxime si se tiene en cuenta que hay dirigentes que manejan partidos de distrito, o sea que tienen el reconocimiento nacional (pueden participar en comicios para elegir senadores y diputados) pero que pueden intervenir también en las elecciones provinciales.

¿Se pueden alquilar o comprar siglas para participar de las votaciones? Está visto que sí, en una ocasión en un aviso clasificado del diario se ofrecía un partido para una votación, y hasta un referente capitalino del radicalismo denunció que le pedían $ 2 millones en 2019 para poder candidatearse por una determinada organización. ¿Se repetirá ahora? Son muchos los interesados en postularse que están necesitados de contar con un partido para acoplarse. Un peronista, también capitalino él, refirió que entre compañeros, a la hora de armar las listas, se facilitan el uso de los partidos en función del objetivo mayor: la gobernación. Tal como lo exige aquella ecuación electoral no escrita que se acata en el justicialismo.