Nunca cayeron en la tentación de ahorrar

La incontinencia fiscal de los gobiernos argentinos impide cualquier conducta prudente. Los canjes de bonos en dólares en poder de organismos públicos por títulos en pesos son sólo la muestra más cercana. Pero no la única, y pueden recordarse un par de situaciones para entender lo perenne de la inconducta.

Una fue la ley 25.152, llamada de responsabilidad fiscal, de 1999. Dispuso entre otras cosas que el déficit fiscal del Estado nacional disminuyera hasta llegar al equilibrio en 2003. También que un porcentaje de la recaudación, así como cualquier superávit, integrara un Fondo Anticíclico Fiscal que tendría como tope de su monto el tres por ciento del Producto Interno Bruto.

El fondo debía usarse si se preveía reversión del ciclo económico según “el indicador anticipado del ciclo elaborado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán u otro organismo estatal” (expresión luego vetada), echando mano a él para evitarla y una vez superada la situación, recomponerlo. La bíblica lección de ahorrar en los años de vacas gordas para gastar en los de vacas flacas, de demostrada utilidad.

Al margen: el indicador mencionado era fruto del trabajo del profesor Juan Mario Jorrat y su equipo, del Instituto de Investigaciones Económicas (Inveco) de la citada Facultad.

La ley no fue cumplida en lo esencial. Ni se contuvo el gasto ni se redujo el déficit ni se constituyó el Fondo. El exceso fiscal continuó hasta el punto que llegó a declararse inaplicable la ley. Como si debiera cumplirse si de casualidad la conducta concordara con ella en vez de adaptar el comportamiento a las disposiciones de la norma. Sólo Ricardo López Murphy lo intentó, en 2001, pero no se aplicó ninguna de sus propuestas porque debió renunciar ante la rebelión de quienes rechazan la austeridad fiscal.

Otra situación fue la de los superávits gemelos, fiscal y de comercio exterior, durante el gobierno de Néstor Kirchner, alcanzados por motivos distintos que obedecer la ley (el ajuste de Eduardo Duhalde), pero ni se ahorró ni se gastó bien. Una oportunidad perdida.

La bonanza fue usada para aumentar el gasto corriente, financiar empresas públicas deficitarias o subsidiar tarifas de servicios públicos desalentando la inversión. Conductas típicas de quienes creen que fenómenos como los “superciclos” de los precios de commodities son eternos y no hacen previsiones para el futuro. Y como los mayores gastos son insostenibles en la normalidad, aparecen los problemas: no es posible el populismo de pobres y crisis o autoritarismo son las derivaciones.

En parte por aquellos inconvenientes se llegó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Necesitado de dinero, el gobierno impulsó la reaparición del sistema de reparto para recibir los aportes que los afiliados pagaban a las AFJP. Para ello habilitó la opción de regresar al reparto para quienes estaban en capitalización.

El 80 por ciento decidió no cambiar. En consecuencia, en 2008 el gobierno eliminó las AFJP y se quedó, además de con los aportes mensuales, con los fondos invertidos cuyo rendimiento debía pagar la jubilación de los afiliados. Esas inversiones conformaron el FGS, supuestamente para suplir faltantes de ingresos en una emergencia y no reducir los haberes previsionales.

Parte de las colocaciones del Fondo están en títulos públicos nominados en dólares y son los afectados por los DNU dictados hace pocos días disponiendo los canjes. Uno consiste en tomar los papeles en dólares bajo legislación extranjera y entregar a cambio deuda en pesos. Con eso no aumentan las reservas en dólares pero ayuda a no perder divisas en el futuro. El otro obliga a vender los papeles en dólares bajo ley argentina y dar los pesos conseguidos al gobierno que a su vez entregará títulos públicos en pesos.

Esto significa presión por más dólares en el futuro pero moderar en el presente (quién sabe por cuánto tiempo) las cotizaciones de los dólares financieros pues los títulos funcionarían como sustitutos. No perfectos porque una promesa no es igual que un billete y para peor al estar bajo ley argentina quedan en situación de inseguridad dada la historia de canjes o reperfilamientos o como quieran llamarles a los incumplimientos contractuales de los gobiernos nacionales.

De hecho, los canjes comentados resultan otro mal antecedente. En resumen, el gobierno ordena a los organismos públicos que se desprendan de activos de buena calidad y se queden con otros de menor calidad para financiarlo y calmar el dólar.

Ahora bien, los decretos de necesidad y urgencia deben ser analizados por el Congreso. Es probable que pasen la prueba porque la ley que los reglamenta es muy favorable al Poder Ejecutivo. Un DNU cae sólo si las dos Cámaras lo rechazan. Cualquier otra combinación de posiciones, como el rechazo por una y el silencio de la otra, los valida.

Aun así, deberían verse con cuidado, considerando los diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre condiciones concurrentes para legitimar estos instrumentos. Una es que las medidas no puedan discutirse en el Congreso porque éste no pueda funcionar o porque la duración del trámite parlamentario las haría ineficaces (“Verrocchi”, 1999). Pero estos DNU refieren a licitaciones que Economía dispondrá y otras que los organismos públicos realizarán a futuro. O sea, nada inmediato.

Otros decretos fueron aceptados judicialmente con el argumento de que la discusión pública de los temas en el Congreso permitiría a las personas tomar decisiones que terminarían neutralizando las medidas (“Peralta”, 1990, y otros). Pero el contenido de los DNU actuales fue debatido con actores esenciales de los mercados financieros, justamente quienes podrían haber adoptado esas conductas. No parece haber habido necesidad de secreto.

Por último, los DNU estarían autorizados sólo si intentaran atacar una crisis que prácticamente significara la disolución de la sociedad (“Peralta”, 1990, y otros). Entonces, sería útil que los funcionarios expusieran en detalle cuán mal está el país bajo su gobierno como para justificar el dictado de dos DNU en vez de debatir el tema en el Congreso.