El Ministerio de Economía de la Nación ya lanzó dos versiones del “dólar soja”, prometió una cotización especial para la vitivinicultura, que algunos llaman “dólar Malbec”, y mencionó que también habrá un “dólar limón” y hasta variedades de tipos de cambio que atiendan las diferentes “economías regionales”. Suena a demasiado, a reparto de parches. Porque así es. Claro que tampoco podría esperarse otra cosa.
¿Por qué un dólar especial? En el caso de la soja el motivo principal fue alentar la liquidación de exportaciones, lo que significaba más entrada de dólares y más recaudación por las retenciones. Para las otras actividades más bien se buscaría aliviar su situación porque no implicarían un flujo de dólares e impuestos en el monto aportado por la soja, aunque el mecanismo sea el mismo porque la liquidación del grano también se hizo por la tentación de ingresos adicionales para los exportadores y a través de ellos para los agricultores.
Cuánto cobra un exportador depende del precio del bien vendido y de la cotización del dólar que se aplique al precio internacional. Un tipo de cambio más alto significa más pesos por cada dólar obtenido del comercio exterior. Si el exportador no es el productor original de todos modos éste puede salir beneficiado en el próximo contrato que tendrá en cuenta la nueva cotización o en el presente si preveía pago por el producto según la liquidación de la venta al exterior.
A esto se le llama también aumento de la competitividad pues la empresa argentina queda en mejores condiciones que antes para competir en el mercado. Primero, sus costos caen en términos de dólares; requiere menos moneda extranjera para pagar los mismos costos en pesos con lo que podría tener o aumentar ganancias pues le queda más moneda argentina disponible al cobrar más pesos por los dólares. Segundo, podría intentar bajar el precio de venta si fuera necesario para conservar o ganar mercado pues compensa esa disminución con la ganancia en la cotización. Claro, para los artículos importados, que en su inmensa mayoría son bienes de capital, insumos para la producción y combustible, que también usa el productor de exportación, debe verse al revés, pero ése es otro problema. Por lo pronto, al menos puede decirse que un precio mayor del dólar permite una ganancia monetaria, no real, de competitividad ya que no se debe a factores como mayor productividad o menores impuestos o costos. En tal sentido, puede dudarse de su continuidad y por lo tanto de que aliente mayores inversiones.
Ahora bien, la implementación de los planes actuales de cotización diferenciada trae complicaciones. Por un lado, implica mayor emisión de dinero por parte del Banco Central al pagar la liquidación. Y por otro, una pérdida para la entidad porque paga por estos dólares un precio mayor del que cobra cuando vende los autorizados para las importaciones. De paso, el dólar barato en términos reales es parte de la explicación de por qué el BCRA tiene problemas con las reservas.
Para compensar, en el caso del dólar soja el Ministerio de Economía dispuso entregar al Central títulos públicos por la diferencia. Es decir, el programa consistió en un subsidio financiado con deuda pública y deterioro en el activo del BCRA. No está de más preguntarse por la calidad legal de la operación, pues según la Constitución Nacional la toma de deuda debe ser autorizada por el Congreso de la Nación y para “urgencias de la Nación” o “empresas de utilidad nacional”, o sea, acciones de largo plazo de beneficio general.
Pero hay más en esta proliferación de subsidios inconstitucionales. Las llamadas economías regionales son actividades que responden estrechamente (aunque no sólo) a características de localización. Desarrollo informático puede hacerse en cualquier parte del país; cultivo de caña de azúcar, no. Entonces, hay algo más que un intento de buscar los beneficios de una devaluación pretendiendo, al no hacerla permanente ni general, evitar sus costos económicos y políticos. Además de mantener el atraso cambiario, cada dólar especial significa un beneficio particular no sólo para una actividad específica sino para cada región en especial del país. Por lo tanto los dólares “lo que sea” llevarían a rentabilidades diferenciadas entre actividades según su ubicación geográfica y a través de ellas beneficios para las provincias involucradas. Por cierto, distorsionando el precio del dólar sin dar explicaciones sobre los criterios para cada cotización afectando así la asignación de recursos. Y todo ello, por decisión de un solo funcionario.
Hay dos problemas asociados. El primero, típico de cualquier intervención en la economía, el aumento de poder del funcionario. Su resultado es el incremento de las gestiones para obtener el favor del mismo pues de su decisión depende la rentabilidad. Ya se observó cuando al implementarse el “soja I” comenzaron los pedidos sectoriales por un dólar propio. Pero no se trata sólo del desperdicio de recursos hacia el lobby en vez de enfocarlos en aumentar la productividad o mejorar el gerenciamiento. Crecerá también la tentación del soborno. Es decir, el aumento del poder discrecional de un gobernante aumenta la probabilidad de la corrupción.
El segundo problema es que los dólares en cuestión implican políticas diferenciadas por región ¿para qué? ¿Compensar diferencias de desarrollo relativo? Si es así, es una responsabilidad que la Constitución asigna al Congreso, con proyectos de ley que tengan al Senado como cámara de origen. Esto porque se trataría de recursos de aplicación nacional que se usarían de manera no igualitaria entre las provincias y por lo tanto se pretende que ellas tengan la prioridad de la decisión. Pero no hay acuerdos de alta política en el espectro de dólares. Son sólo parches, y no puede esperarse otro tipo de acciones a esta altura de un gobierno que esquivó los consensos y por lo tanto olvidó el largo plazo. Pero al menos podría pedirse que trabaje con transparencia y respetando el marco institucional.
