El crédito al sector privado alcanzó su peor registro en 20 años

A partir de los datos publicados por el Banco Central (BCRA), hasta el 2 de marzo pasado, los préstamos al sector privado alcanzaron $ 8,3 billones, lo que representa solo 32% del total de depósitos en el sistema financiero ($ 26 billones). Esta proporción es la más baja desde 2004, afirma un reporte elaborado por la Fundación Libertad y Progreso. Desde el máximo alcanzado en diciembre de 2017 (64,7%), la proporción de los depósitos asignada el crédito privado sostuvo una tendencia descendente. Desde ese momento, la proporción cayó en 32,7 puntos porcentuales.

El crecimiento del gasto público exigió cada vez más financiamiento, lo que llevó a que el Estado absorbiera cada vez más crédito y desplazara la participación del sector privado. Cuanto menor sea el crédito disponible, mayor será el costo a pagar por empresas e individuos para reponer capital y llevar adelante nuevas inversiones. Como consecuencia, bajos niveles de inversión se traducen en bajo, o nulo, crecimiento económico en el mediano y largo plazo. El último dato del Indec, correspondiente al tercer trimestre del año anterior, muestra que el nivel de inversión sobre PBI es del 21,5%.

¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno?

 Este alto nivel de absorción tiene su correlato con las necesidades de financiamiento del déficit fiscal y la deuda remunerada del Banco Central, que ya alcanza el 200% de la base monetaria, explica el informe. El instrumento por el cual los depósitos son dirigidos al Banco Central son los encajes, cuya función es que los bancos tengan cierta capacidad de devolución de sus imposiciones a los ahorristas, y la deuda remunerada. Esta última está compuesta por las Leliqs y los pases pasivos, que pagan una tasa de interés efectiva anual del 107% (hoy) y generan un gran atractivo para los bancos comerciales en un contexto de control de cambios.

Aldo Abram, director de la Fundación, consideró que “todos los gobiernos prometen ampliar el crédito para producir, invertir o consumir. Sin embargo, luego implementan políticas que aumentan la incertidumbre o, como la inflación, desincentivan el ahorro en el mercado local, achicando el financiamiento disponible. No sólo eso, para mantener un gasto insostenible toma a través del BCRA (Leliqs y pases pasivos) o con títulos públicos una mayor porción de esa “torta crediticia”, que ya se estaba reduciendo. O sea que el financiamiento a quienes trabajan y producen es muchísimo mayor; por lo que terminan siendo los que hacen el ajuste, algo consistente con la historia de decadencia económica argentina”.

Santiago Casas, economista de la Fundación Libertad y Progreso advirtió que “la desigual competencia del Estado y el BCRA por el crédito bancario desincentiva que los bancos comerciales deriven una mayor parte del crédito hacia el sector privado. El hecho de no tener crédito genera, por ejemplo, la dificultad para poder adquirir un inmueble. Además, las altas tasas de interés afectan negativamente la inversión. Sin inversión no hay crecimiento económico y por ende los salarios reales no pueden crecer”.

En tanto, Emilio Prado, otro de los economistas de la entidad, dijo que “las consecuencias de un Estado irresponsable en el manejo de sus cuentas y su sed de financiamiento, se ve reflejada en una continua caída en la participación del sector productivo del país al momento de conseguir crédito en el sistema financiero”. 

Por su parte, el economista Eugenio Marí puntualizó que “el problema argentino es doble. El sistema financiero es muy pequeño: alrededor de 14% del PBI; un décimo del promedio mundial. Y, además, de este crédito disponible el sector público cada vez absorbe una mayor parte. Esto deja al sector privado cada vez con menos crédito disponible, y frena la inversión”.