Una situación de mucha tensión se vivió la semana que pasó cuando los padres de estudiantes de colegios privados se dieron con la novedad de que las cuotas habían aumentado entre un 70% y un 100% con respecto a los valores de diciembre pasado. Los planteos surgieron por las protestas realizadas por los padres de estudiantes de dos colegios, pero la difusión de los reclamos, por un lado, llevó a que los establecimientos se comprometieran a revisar los aumentos, y, por otro, visibilizó el problema que atraviesa el universo de los establecimientos privados -unos 337, a los que concurren 94.000 estudiantes-, el 76% de los cuales tiene subsidios estatales y están obligados a seguir reglas claras acordadas con la Dirección de Enseñanza Privada para los aumentos.
Precisamente la cuestión de las reglas claras estuvo en el tapete al estallar las protestas, puesto que el titular de la asociación que nuclea a los colegios privados confesionales dijo que no han tenido esas especificaciones por parte del Estado y habló de una gran fragmentación del sistema, en el cual cada institución hizo los ajustes según propias necesidades. Dijo que en las cuotas de marzo se incorporaron aumentos de casi el 30% que se dieron entre noviembre y enero, sumados a los montos que se acordaron en la paritaria de 2023, del 33% entre marzo y julio. Los responsables del Ministerio de Educación advirtieron que ha habido un acuerdo del Estado con las cámaras que agrupan a las instituciones de Educación privada para fijar un tope a los aumentos de las cuotas. También dijeron que las subas se deben informar con 30 días de anticipación. “Los padres no se pueden enterar el mismo día que van a dejar a los chicos al colegio que existe un nuevo valor para el mes que está en curso”, dijo el director de Comercio.
Así las cosas, el ministro de Educación advirtió el viernes que no se iban a permitir abusos y que se habían trasladado las denuncias a la Secretaría de Comercio. Al mismo tiempo, comenzaron conversaciones con las instituciones porque estas afirman que hay incrementos salariales autorizados para docentes a fines de 2022, a través del Decreto 3.873, del orden del 30%, que para los colegios implicaron una suba de costos que no se acordó con el Estado. El viernes se discutía si se trasladaría eso al incremento fijado en las paritarias de 2023, o un porcentaje mayor, y aunque no se llegó a un acuerdo, se destacó que ha comenzado un diálogo que debió darse en febrero pasado, o antes.
Hay que tener en cuenta cómo los padres y los alumnos se ven, como dijo un padre, “retenidos porque no hay asiento en ningún colegio privado”. Es decir, son víctimas de un conflicto que bien hubiera podido ser resuelto antes, también con participación de los progenitores y no necesariamente a partir de una protesta pública, sino como parte del diálogo.
Estamos en momentos difíciles en un país con una inflación galopante que afecta a todos. El Estado tiene la obligación, en este sentido, de prever y afrontar los problemas antes de que estallen los reclamos. El ministro dijo que el Estado busca cuidar el bolsillo de la gente y también ayudar a las instituciones. Es de esperar que eso se logre con el diálogo y se llegue a un buen acuerdo.
