¿Cómo alentar la generación del empleo registrado en una provincia con una de las mayores tasas de informalidad laboral? ¿Puede seguir gravado el trabajo? ¿Qué incentivos puede dar el Estado para que el sector privado tome personal? Cada vez que se debate la cuestión fiscal, surgen estos interrogantes, más aún cuando se discute sobre la vigencia de tributos que en gran parte de la Argentina no existen o ya desaparecieron.
Es el caso del impuesto a la Salud Pública que grava el salario que se le paga a los trabajadores. Es decir que por cada sueldo pagado, se le impone al empleador la obligación de además contribuir al Estado con un impuesto. Tiene diferentes nombres en cada provincia. Los nombres de los impuestos suelen indicar qué es lo que gravan, este nombre en cambio es diferente: indican el destino de los fondos, y oculta la materia gravada.
En Tucumán se llama “Impuesto para la Salud Pública”, y está regulado en el Título VIII del Código Tributario local. El artículo que regula su materia imponible dice: “las retribuciones devengadas en concepto de trabajo personal realizado por los trabajadores en relación de dependencia, los empleadores pagarán anualmente el Impuesto para la Salud Pública…”. Están obligados al pago de este impuesto todas las personas humanas o ideales que emplearen trabajo de otra, recuerda el economista Pablo Pero. “En criollo, al pagar el sueldo, el empleador debe pagarle también un impuesto al Estado Tucumano. Es decir, el impuesto graba la generación de trabajo formal en relación de dependencia”, puntualiza el también presidente de la Fundación IPEC. Según el docente universitario, es un impuesto muy nocivo, porque grava el proceso productivo, sin importar si el emprendimiento tiene beneficios o no. Para peor, grava una parte de la producción que es muy sensible: la generación de mano de obra.
¿Qué provincias lo aplican? Hoy solo seis de las 24 jurisdicciones argentinas tienen un impuesto como este, aunque con nombre diferente.
El economista destaca especialmente el caso de Salta. Esta provincia solía tener impuesto a la nómina salarial, se llamaba “Cooperadoras Asistenciales”, y fue eliminado en 2017 (con efecto a partir de 2020) en cumplimiento del Consenso Fiscal firmado entre Nación y Provincias en aquel año. En ese entonces, motivados por la gestión nacional de Cambiemos, se acordó que las provincias se comprometían a “eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en atributos del trabajador tales como lugar de nacimiento, radicación o domicilio, sin perjuicio de admitir tratamientos diferenciales fundados en el lugar donde se desarrolla el trabajo, tal como una zona desfavorable. Y a derogar todo tributo sobre la nómina salarial”, recordó Pero. Luego, por gestiones de la Presidencia Fernández-Fernández, el Consenso Fiscal fue suspendido. Aún así, Salta mantuvo la eliminación del impuesto.
Otro caso particular es San Luis, que ha creado un impuesto a la nómina salarial, pero sólo cuando el empleado/a tiene menos de cinco años de residencia en la provincia. En este caso, además es discriminatorio.
En el caso de Tucumán tiene la segunda alícuota más alta de todas (2,5%). A pesar de ser una provincia donde el trabajo informal es un serio problema: casi 1 de cada 2 tucumanos trabajan en negro.
Según la ley de creación del impuesto tucumano, el producido del mismo debe destinarse exclusivamente al “mantenimiento de hospitales, dispensarios y otros establecimientos similares dependientes de la Provincia.”
Según Pero, el impuesto para la Salud Pública puede ser eliminado en la provincia. En 2021 se recaudaron $ 2.286 millones con el impuesto para la Salud Pública, representando así sólo el 1,03% de los ingresos tributarios de la provincia, y menos del 1% de los ingresos totales.
Eliminar el impuesto de ninguna manera significaría desfinanciar la salud pública, indica el economista, ya que el Estado tiene total potestad para, en el próximo presupuesto, reasignar partidas. Hay muchas que podrían revisarse, por ejemplo el titular del IPEC recordó que en 2021 se presupuestaron:
• $ 600 millones para comunicación pública (publicidad oficial)
• $ 600 millones para Subsidios Varios de la Secretaría General de la Gobernación.
• $ 37.000 millones para “apoyo a los Municipios y Comunas”, a pesar de que luego no se presenta ningún presupuesto que detalle cuanto corresponde a cada distrito.
• $ 9.000 millones para el Poder Legislativo de Tucumán.
“Está claro que hay espacio suficiente para adecuar el presupuesto; la democracia, a través de sus representantes, debería decidir cómo hacerlo”, expresa.
¿Cuáles serían los beneficios de eliminar este impuesto?
- Será más barato contratar trabajadores legalmente. Lo que aumentará la cantidad demandada de mano de obra.
- Aumentará el salario de bolsillo. Ya que el recurso en vez de ir al fisco irá al empleado.
- Aumentará la posibilidad de atraer inversiones y puestos de trabajo, ya que dejaremos de estar en desventaja con respecto a algunas provincias vecinas.
