RESULTADOS. El Operativo Lapacho sirvió para frenar el contrabando.
Fue uno de los primeros grandes anuncios que se hicieron en el inicio de la gestión de Mauricio Macri, que les pidió a los gobernadores que colaboraran con la Nación en la lucha contra la droga. Les reservó una tarea especial: luchar contra el narcomenudeo, es decir, el microtráfico de drogas y la Nación, siempre en el campo de la teoría, se haría cargo del tráfico en gran escala o, en otras palabras, de perseguir a las organizaciones que distribuían la sustancia en todo el país.
El ex presidente tentó a los gobernadores asegurándoles que la Nación los ayudaría económicamente para que pudieran entablar esa lucha. Sostuvo en ese tiempo que la Justicia Federal recibiría menos fondos porque se desprendería del narcomenudeo y que esos fondos irían a las provincias para que se hicieran cargo de luchar contra esa modalidad delictiva.
Varias provincias, como Salta, Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, entre otras, aceptaron la propuesta. Sin que nunca se explicaran los motivos, durante la gestión Macri y después con la de Alberto Fernández, la promesa no se cumplió.
Esa fue una de las razones por las que el Poder Judicial de Tucumán se oponía a que la norma entrara en vigencia. Osvaldo Jaldo convenció a los otros tres poderes asegurando una partida de $11.000 millones para asegurar la puesta en vigencia.
El dirigente tranqueño fue a buscar ayuda a Buenos Aires, aprovechando que Juan Manzur se desempeñaba como jefe de Gabinete. No pudo conseguir ni un peso de la Nación, pero sí la promesa de colaboración. Una fue que los laboratorios de la Policía Federal se harían cargo de las pericias que por ley deben realizarse a las sustancias secuestradas. De esta manera, el PE provincial evitaba realizar una millonaria inversión.
Sin embargo, a la semana de haber comenzado a aplicar la norma, los peritos de la fuerza nacional enviaron una nota al Ministerio Público Fiscal anunciando que no estaban en condiciones de cumplir el acuerdo por falta de reactivos. Los funcionarios se movieron rápidamente y consiguieron que las pruebas se lleven a cabo en Salta. Sin embargo, en los últimos días en la vecina provincia informaron que no podrían seguir realizando los análisis porque temían quedarse sin reactivos. ¿Y ahora? Los federales buscan solucionar el problema antes de que las autoridades provinciales denuncien la situación a los funcionarios nacionales.
Ya nadie puede ocultar el malestar que tienen los mandatarios provinciales con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. El gobernador santafesino Omar Perotti, por la desesperante situación que se vive en Rosario, afirmó: “sólo falta que se le pida a este gobierno que controle el ingreso de armas y drogas en las fronteras del país”.
Los cuestionamientos se basan en que cada vez son más los efectivos de las fuerzas federales que son destinados a Rosario. Actualmente, según la información oficial, están destinados unos 3.000 gendarmes, y es muy probable que se envíen otros 1.000. Esos hombres dejarán de custodiar la frontera. Esa fue una de las razones por la que en Tucumán se lanzó el Operativo Lapacho, un plan que busca reforzar los controles en los límites provinciales con colaboración de los hombres de la fuerza federal. El intento de regionalizar el plan sigue en veremos.
