Homicidios en el campo: “La Justicia nos demostró que el que las hace, las paga”

Cuando se terminó de leer la sentencia, Ana Lía Porcel y María Rosa Gómez, las dos querellantes de este juicio, se abrazaron desconsoladas. La tensión de esos momentos finales había superado a ambas. “Finalmente hubo justicia”, sintetizó Gómez, mientras iba a abrazarse con una de sus hermanas.

Ayer el tribunal integrado por Stella Maris Arce, Guillermo Puig y Patricio Prado resolvió condenar a prisión perpetua a Antonio Ismael Sánchez (26 años) y a José Ramón Rojas (29 años) por los crímenes de José Antonio Gómez (68 años), de Damián Florentino Gómez (78 años) y de José Porcel (80 años). También condenó a la pena máxima a Juan Alfredo Acosta (41 años) como coautor en el segundo y tercer hecho, y sentenció a Marcelo Bernardo Alderete (34 años) a 10 años de prisión como partícipe necesario en el asalto de Porcel.

Los condenados habrían conformado una banda que se dedicaba a asaltar a productores y trabajadores rurales. El grupo se caracterizaba por atar y amordazar a las víctimas y dejarlas a su suerte. Los tres crímenes ocurrieron entre noviembre de 2019 y junio de 2020 en localidades de Burruyacu. Había un quinto imputado, Pedro Orlando Reynaga (38 años), quien todo el juicio planteó su inocencia. En el momento crucial de la sentencia, al escuchar que el tribunal lo absolvía por la duda, miró a uno de sus hermanos y se cubrió el rostro para llorar y desahogarse en silencio, mientras la lectura del fallo continuaba.

“Aún lo lloramos”

“Él no merecía que le hiciera esto, no pueden haberlo matado así. Ahora con esta sentencia podrá descansar en paz. Fue muy duro este proceso”, señaló luego de la resolución la hermana de Florentino Gómez. El hombre fue estrangulado por los asaltantes que irrumpieron en su despensa de Tala Pozo. “Todos los días me acuerdo de él, han pasado tres años y todavía estamos llorando a nuestro hermano querido”, añadió María Rosa en entrevista con LA GACETA.

La mujer consideró que la absolución de Reynaga no empañaba el resto del fallo.

Ana Lía Porcel, por su parte, valoró: “es un fallo que nos muestra que el que las hace las paga. Como dije desde el principio, creíamos en la Justicia y hoy confirmamos que teníamos razón; eso me da alegría y me libera. A partir de hoy siento que mi papá puede descansar en paz”. La hija del productor de La Ramada de Abajo, que fue asesinado de un disparo en el pecho, agradeció a los jueces y a las fiscalas Adriana Giannoni (investigó la causa) y Estela Giffoniello (expuso el caso en el juicio).

“Esta lucha fue muy larga, no sólo judicialmente, porque cada familiar de las víctimas seguimos luchando con los problemas de salud y psicológicos que esto conlleva. Te cuesta levantarte cada día. Fueron dos años y ocho meses de una lucha interna y de ‘pasillear’ en Tribunales”, subrayó, recordando que el inicio de este juicio se postergó en más de una ocasión. “De ninguna manera se aceptan las disculpas de los condenados. No son personas que fueron a robar, ellos son asesinos. El modus operandi, lo que se mostró en este juicio, es que violentaban a ancianos en lugares despoblados y le causaban sufrimiento a la gente. No sólo el mío, no tienen perdón de Dios”, agregó la mujer.

Para concluir, valoró que tras estos hechos se tomaron acciones en el área de Seguridad y no volvieron a ocurrir homicidios de este tipo. Aunque también explicó que siguen sufriendo robos en las localidades rurales, y que sigue siendo muy inseguro vivir en el campo por ciertas razones. Además consideró aceptable que Alderete haya sido condenado a una pena menor al resto de la banda.

“Fue una sentencia que marca precedentes para que se detengan estos hechos tan aberrantes”, sintetizó el abogado de la familia Porcel, Adrián Ghirinhelli.

El absuelto

Ya más tranquilo, Reynaga se fue de la sala acompañado por su familia. Sus defensores, Antoniella Battaglia y José María Molina, argumentaron por qué sostuvieron su inocencia. “Desde el primer momento Reynaga sostuvo que no estuvo en el lugar del hecho, y esa es la verdad. Los testigos advertían que vieron a tres personas en el lugar, pero llegaron cuatro personas a juicio. En el almacén del señor Gómez se encontró ADN de Acosta y de Rojas, y la descripción que daban del tercer sospechoso coincidía con la contextura de Sánchez”, argumentaron.

La codefensa agregó que si bien hubo dos testigos que señalaron a su defendido en una rueda de reconocimiento, esa situación podría haberse dado por “la persecución policial que hubo contra los hermanos Reynaga, que fueron acusados de seis hechos y nunca se les encontró pruebas para imputarlos siquiera. Todos esos rumores pueden haber impactado negativamente y haber llevado a errores por parte de los testigos. Evidentemente lo confundieron, por la contextura, con Rojas”.

Por último, por un error en nuestra edición de ayer, se informó imprecisamente lo que habían solicitado el defensor oficial Hernán Molina y la auxiliar de defensora Natalia Tasquer, quienes asistieron a Sánchez y a Acosta. Tras sus alegatos solicitaron que los casos fueran considerados como homicidios en ocasión de robo y no como criminis causae. Por eso pedían para Sánchez un total de 24 años por dos de los crímenes y absolución por la causa Florentino Gómez. También pedían que en caso de que sus defendidos fueran condenados a perpetua, se considerara una revisión de la sentencia a los 20 años de cumplimiento de la pena.

Detalles de la sentencia: Investigarán a un médico por falso testimonio y apercibieron a una abogada

Además de dictar cuatro condenas y una absolución, el tribunal le dedicó un apartado en la sentencia al médico Adrián Tula Rizo, quien hizo la autopsia de una de las víctimas (José Antonio Gómez) y fue contrariado en su informe por otros dos galenos. Los jueces pidieron que se lo investigue por falso testimonio e incumplimiento de deberes del funcionario público. Por otro lado, se apercibió a la abogada Lady Lorelei García Serna y se pidió que el Colegio de Abogados revise su situación. Según pudo averiguar LA GACETA, la señalada había asumido la querella por la familia de Florentino Gómez, pero no habría avisado a sus patrocinantes que en diciembre empezaba el juicio, y por esa ausencia el debate oral se postergó hasta febrero.