La “epidemia” vial en el país

Fuerte impacto ha causado en nuestra sociedad la tragedia de la ruta 9, donde falleció una persona y seis resultaron heridas al chocar de frente dos vehículos en el km 1.335, en una curva en un sector cercano a Ticucho. Se trata de un lugar complejo que, aunque está bien señalizado, ha requerido intervenciones en los últimos años, debido a la repetición de siniestros. Esta nueva tragedia obliga a reflexionar sobre la forma en que se ha tratado la emergencia vial en nuestro medio, la cual ha sido calificada hace unos años por un gobernador y por un presidente como “una epidemia”. Los últimos datos con que se cuenta indican que la alta siniestralidad argentina no se ha reducido significativamente pese a los informes oficiales, que cada tanto dan cuenta de que las cifras han ido reduciéndose. No obstante, la asociación Luchemos por la vida contabilizó 6.184 víctimas fatales en 2022 en Argentina y en esta estadística Tucumán aparece en cuarto lugar, con 322. El director de esta asociación –que saca sus datos de informes oficiales y de publicaciones periodísticas, para informar, por ejemplo, de quienes fallecen hasta 30 días después del siniestro- aporta como causas el exceso de velocidad, las bebidas alcohólicas y la falta de uso del cinturón de seguridad, entre otras, así como la falta de presencia de la autoridad pública para control. Esa presencia puede ser tanto física como a través de elementos tecnológicos, como los radares, así como a través de investigaciones y estudios precisos y continuados que permitan entender la situación.

Al respecto, en el país se ocupa del estudio de los accidentes de tránsito la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero su tarea se centra sobre todo en Buenos Aires y CABA, y en menos grado en el resto del territorio. En el mismo sitio de la ANSV se puede observar la heterogeneidad de los estudios estadísticos; por ejemplo sobre comportamiento de conductores o sobre la efectividad de los programas de seguridad vial y sobre impacto de accidentes (el único reciente es el que se hizo en el Hospital Padilla de Tucumán sobre los costos de los accidentado). No es solo problema de la ANSV. También instituciones privadas como el ISEV limitan sus investigaciones y estadísticas a la zona metropolitana, como el informe sobre las fallas más comunes detectadas en los autos sometidos a VTV, comparado con años anteriores.

Convendría preguntar por qué la ANSV no hace estudios y sondeos específicos y continuos en Tucumán. Eso ayudaría a definir políticas de seguridad vial, que son bastante caóticas y no sometidas a pruebas de eficiencia. Nada se ha dicho del proyecto de seguridad vial que se había anunciado para fines del año pasado, que consistía, entre otros puntos, en radarizar las rutas tucumanas y aplicar de una vez por todas el sistema de carnet por puntos, establecido por ley en el país desde hace más de una década.

Nada se ha anunciado de esto, que debería formar parte de una seria política de Estado. A mediados del año pasado las autoridades del Hospital Padilla advirtieron de su inquietud por el aumento de las emergencias en el tránsito luego de la pandemia, y pusieron énfasis en la necesidad de la educación vial, que es inexistente, lo cual ha sido advertido en varias ocasiones por el subsecretario de Tránsito y Transporte de San Miguel de Tucumán.

En definitiva, urge que el tema de los accidentes y la seguridad en el tránsito formen parte de una contundente política coherente e integrada en todas las circunscripciones, que implique estudio, capacitación, enseñanza, concientización, control y sanción, a fin de que la idea de una circulación segura comience a hacerse realidad en un plazo perentorio.