Ya rige en forma plena la nueva legislación sobre VIH y hepatitis

El Gobierno nacional reglamentó en diciembre la Ley Nacional 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis, con motivo del Día Mundial del VIH.

La disposición designa al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación de la norma, que deberá ser articulada con carteras de todo el país. “Estamos muy contentos de haber cumplido con la reglamentación de esta ley integral e intersectorial, que involucra el trabajo interdisciplinario y la intervención coordinada a nivel federal de muchos actores”, afirmó la ministra Carla Vizzotti, y destacó que “es producto de una construcción colectiva, de la que participaron siete ministerios nacionales y las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones a través del Consejo Federal de Salud, la sociedad civil y expertos en la materia”.

La primera medida ya en marcha es una campaña de comunicación masiva de concientización en torno a VIH, a través de medios de comunicación, vía pública y redes sociales, con eje en la prevención, el acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno.

En ese sentido, se profundiza en la noción de que cuando el virus es indetectable en un portador, significa que es intransmisible. Esto implica que una persona con diagnóstico de VIH pero con carga viral indetectable no contagia el virus.

“El preservativo es la mejor vía para prevenir el VIH y otras infecciones de trasmisión sexual (ITS) que están aumentando en el país y en el mundo, y el testeo es la herramienta más importante para saber si vivimos con VIH y, en caso de ser positivos, poder acceder a tratamientos que están cubiertos por el Estado y que hacen que podamos vivir como si no tuviéramos el virus”, remarcó la ministra.

Sancionada y promulgada en julio por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación (lo que evidenció el consenso alcanzado tanto entre los bloques políticos como con organizaciones de la sociedad civil y diferentes organismos del Estado), la norma cambia el paradigma y actualiza la legislación que había sido sancionada en agosto de 1990. Ahora se cuenta con un enfoque de géneros y de derechos humanos, que busca garantizar la atención integral de manera gratuita e impulsa la eliminación del estigma y la discriminación, con el foco puesto en lo social y apuntando a mejorar la calidad de vida de las personas, previniendo las muertes evitables.

Entre otras medidas, se prohíbe la realización sin consentimiento de pruebas de diagnóstico de VIH, Hepatitis e ITS, tanto para los exámenes preocupacionales como durante la permanencia laboral o para ingresar a instituciones educativas, por mencionar algunos casos. Además, posibilita la jubilación anticipada a aquellas personas de 50 años que viven con VIH hace 10 años y que cuenten con al menos 20 años de aportes; y otorga una pensión no contributiva vitalicia para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. También declara de interés público las acciones dirigidas tanto al desarrollo de tecnologías sanitarias para un mejor diagnóstico.