Domingo de caos para el gobierno de Lula da Silva

Domingo de caos para el gobierno de Lula da Silva

Ayer por la tarde, seguidores de Bolsonaron tomaron por la fuerza de las sedes del Congreso, del poder Ejecutivo y de la Corte Suprema.

DESCONTROL. Los manifestantes se comportaron de manera violenta DESCONTROL. Los manifestantes se comportaron de manera violenta
09 Enero 2023

El de ayer no fue un domingo más en Brasil, país que se llevó las miradas de todo el mundo. Es que un nutrido grupo de manifestantes de la ultraderecha, que según reportes serían seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro, tomaron el Congreso, la Casa de Gobierno y la Corte Suprema de ese país, sembrando el caos en los edificios ubicados en el Distrito Federal de Brasilia, apenas una semana después de la asunción de Lula da Silva como presidente.

La invasión se produjo durante la siesta. Fueron centenares las personas, que, bajo la consigna de solicitar intervención militar para derrocar al presidente, Lula da Silva, irrumpieron en la sede del Congreso Nacional. Según medios brasileños, los manifestantes llevaban días acampando frente a los cuarteles del ejercito militar en Brasilia, luego de la asunción del Jefe de Estado.

El primer lugar al que consiguieron acceder fue a las Cámaras de Diputados y Senadores, tras avasallar a la policía presente en el lugar, que trató de rechazar a los manifestantes con gases lacrimógenos, pero que rápidamente se vio rebasada por la cantidad de gente.

Los manifestantes se dirigieron a la Plaza de los Tres Poderes, y lograron acceder al Palacio de Planalto, sede del poder Ejecutivo, y al Supremo Tribunal Federal.

Intentos de incendio

Como se pudo divisar en las imágenes difundidas por medios brasileños, los invasores causaron desmanes en el lugar. Varias oficinas y despachos terminaron con daños importantes, e incluso hubo intentos de incendios, lo que provocó que se dispare la alarma de incendios, y que buena parte del edificio, en consecuencia, terminara inundado. A eso hay que sumar, por supuesto, los violentos cruces con el personal policial presente en el lugar, que no tuvo éxito en la contención de los violentos, en primera instancia.

Fue después de varias horas, y tras intensos enfrentamientos, que la Policía Militar logró recuperar el control de las sedes gubernamentales, mediante la utilización de gases lacrimógenos, que expulsaron a los manifestantes de los edificios, y los obligaron a trasladarse hacia el exterior.

La intervención

Mientras se producían los eventos, el presidente Lula Da Silva se encontraba en Araraquara, ciudad del interior de San Pablo, para evaluar el impacto de los diluvios que habían caído sobre esa ciudad días atrás.

Cerca de las cinco de la tarde, horas después de comenzado el conflicto, el presidente anunció en conferencia de prensa la Intervención Federal para Brasilia por decreto, con vigencia inmediata para poner fin a la toma de los edificios públicos. Esto significa que los órganos de la Policía de la capital brasileña pasarán a estar controlados por el interventor nombrado por el presidente, Ricardo García Capelli, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Justicia de Brasil. Esta situación se extenderá hasta el 31 de enero.

“No hay precedentes en la historia del país de lo que han hecho hoy. Quienquiera que haya esto será encontrado y castigado. Pagarán con todas las fuerzas de la ley”, proclamó el mandatario brasileño, durante el anuncio que realizó.

Además, también criticó el accionar de la policía de Brasilia. “Hubo una incompetencia, mala voluntad o mala fe, ustedes vieron las imágenes de cómo los acompañaban (a los manifestantes)”, señaló el mandatario, que también apuntó contra el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, que fue destituido de su cargo por el gobernador Ibaneis Rocha. “El secretario de Seguridad... todo el mundo conoce la fama de ser connivente con las manifestaciones”, lanzó Lula.

La Abogacía General de la Unión de Brasil elevó un pedido de encarcelamiento contra Torres, y contra todos los agentes públicos responsables por los actos y omisiones.

Al cierre de esta edición, ya eran alrededor de 400 los detenidos, y se creía que la cifra aumente.

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