Relato mata plan de Gobierno. Esta constante de los populismos motivó a que, en un primer momento, se asumiera que la razón por la que el cuarto gobierno kirchnerista nunca tuvo un proyecto de gestión se debía a que apelaba a suplir ese déficit con una narrativa. Ya las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 / 2011-2015) eran prueba acabada de que los “K” tienen un modelo (que el Estado lo pague todo, absolutamente todo) que no resiste ningún programa gubernamental. Y no lo resiste sencillamente porque es insostenible.
Alberto Fernández asumió para comprobar esa imposibilidad. Cuando juró como Presidente, en diciembre de 2019, el dólar oficial cotizaba $ 58: ahora está valuado en $ 170. Es decir, la devaluación acumulada de la moneda nacional es del 202%. La inflación, en lo que va de este período, suma 285%. En cuanto al dólar “paralelo”, la situación tampoco es mejor. Hace tres diciembres, el “blue” valía $ 70, mientras que esta semana alcanzó los $ 357. Es decir, la devaluación acumulada de ese billete que se consigue de manera informal, ilegal y evasora, pero que a la vez es el único que se consigue, alcanzó el 414%.
Sin embargo, en el cierre de este año, advertimos que el relato tenía otro objetivo. Volvieron para hacer cualquier cosa con tal de no comparecer ante la Justicia, para responder por las causas que investigan presuntos casos de corrupción supuestamente perpetrados durante los tres primeros gobiernos kirchneristas. Esas pesquisas judiciales vienen probando que si alguna vez quisieron redistribución de la riqueza, no era para el pueblo, sino sólo para el funcionariado. Justicia mata relato. Y por eso estuvieron dispuestos a sacrificar la Justicia.
Triste
Como si fuese un cuento (en definitiva, ese género literario es también un relato), todo se reescribió en la última línea. Este revelador año, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py, mediante los tres jueces nombrados por el justicialismo (desde 1983 ostenta la mayoría en el Senado, que designa los magistrados federales), condenó a Cristina a seis años de prisión por encontrarla culpable del delito de administración fraudulenta. El fiscal Diego Luciani, designado por la propia viuda de Néstor Kirchner cuando era Presidenta, pidió en realidad 12 años de cárcel, porque también la acusó de liderar una asociación ilícita.
“Lawfare”, gritó el oficialismo. La Justicia, con documentos, probó que no hay relato convincente para lo ocurrido con Lázaro Báez y su empresa, Austral Construcciones. Él era un empleado bancario que, días antes de que Néstor Kirchner asumiera como jefe de Estado de la Nación, fundó una constructora. En los 12 años de los tres primeros gobiernos “K”, el patrimonio de Báez creció un 12.000%. El de su firma, un 46.000%. ¿La razón? A él le adjudicaron el 80% de los contratos de trabajos viales para Santa Cruz pagados por el Gobierno nacional.
De las 51 obras, 39 recibieron 700 meses de prórroga. En 17 hubo trámite veloz: transcurrían sólo 29 días entre la apertura de la licitación y la firma del contrato. En las obras en que Báez no participaba, ese lapso promediaba 210 días. En total, las obras de Lázaro recibieron $ 1.500 millones en redeterminaciones de precios. Pese a las facilidades, 24 obras (casi la mitad de las adjudicas al “amigo de negocios de Néstor”, según lo definió Cristina) fueron abandonadas.
Y todo esto sólo en una causa. Todavía están pendientes “La ruta del dinero K”, en la que Lázaro recibió 12 años de prisión en 2016; y el expediente principal de “Cuadernos de la Corrupción”.
Ya en el primer gobierno, nomás, el kirchnerismo empezó a disparar contra el Poder Judicial. Cristina fue convencional en la Constituyente de 1994 que creó el Consejo de la Magistratura (CM) para seleccionar, sancionar y remover jueces: ella votó que ese órgano sea plural y equilibrado. Lo ratificó en 1997: fue una de las impulsoras de la Ley 24.937, que organizó esa institución con 20 miembros. Pero en 2006, cuando era senadora y su marido llevaba tres años en el poder (y Lázaro y su empresa se levantan y andan), promueve la Ley 26.080, que reduce el CM a sólo 13 miembros. ¿El relato? Con 20 miembros, este era “burocrático y lento”. A la par, ultima su pluralidad: siete consejeros (la mitad más uno) corresponden al poder político. De estos siete, cinco son del oficialismo. Arrecian los planteos judiciales contra esta modificación y, ante la inminencia de un fallo adverso, el kircherismo efectuó la reforma de la reforma.
En mayo de 2013, siendo ya Presidenta reelecta (con Austral Construcciones reelecta al infinito como adjudicataria de obras viales que no se concretaban), Cristina promulga la Ley 26.855, por la que el kirchnerismo en el Congreso elevaba de 13 a 19 los miembros del CM. ¿Y el argumento de la lentitud y la burocracia? Estaban preparando la retirada (en octubre perdieron los comicios de medio término; y dos años después, las Presidenciales) y querían hacerlo destruyendo los cimientos de la Justicia. Esa ley determinaba que a los jueces que integrase el Consejo de la Magistratura se los votaría en comicios generales, mediante listas de partidos políticos. ¿El relato? La democratización del Poder Judicial. ¿Qué tenían en común la reforma y la contrareforma? Que en ambos casos, la Corte Suprema de la Nación no presidía el Consejo.
La Corte primero fulminó la Ley 26.855 y se mantuvo el CM de 13 miembros. El año pasado liquidó la Ley 26.080. Retornó al esquema de 20 miembros, con presidencia del supremo tribunal de Justicia. Pero lejos estaban de cesar las embestidas para destruir Tribunales.
Solitario
El 21 de junio pasado, la Corte Suprema de la Nación rechazó todos los pedidos de nulidad de la defensa de Cristina contra la causa “Vialidad”, en la que finalmente fue condenada. Una semana después, los gobernadores peronistas elevaron a la Casa Rosada un proyecto para incrementar el número de miembros de la Corte: de los cinco actuales propusieron llevaron a 25.
Era, sin más, el sueño de que cada gobernador sentara un vocal de la Corte. El costo iba a ser convertir al máximo tribunal en un cuerpo de delegados de los mandatarios provinciales, que en la mayoría de los casos son dependientes del financiamiento nacional. ¿El relato? Iban a federalizar la Justicia. Pero cuando llevaron el proyecto al Senado, en septiembre, el número de vocales de Corte se elevó a 15. ¿Es la semifederalización del superior tribunal?
Cuando no pudieron arrasar con la Corte (el proyecto ampliatorio morirá de impotencia en el Senado) emprendieron el camino más peligroso: la sedición. En la Cámara Alta perpetraron primero un fraude a la ley: aunque les corresponden, como mayoría, dos de los cuatro escaños del Consejo de la Magistratura, pretendieron quedarse con tres. La Corte los mandó a obrar con “buena fe”. Pero hacen caso omiso del fallo.
En la Presidencia de la Nación ocurrió otro tanto. La Corte ordenó restituir parte de los fondos que la Casa Rosada le arrebató a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para entregárselos por completo a la Provincia de Buenos Aires y Alberto Fernández anunció que no acataría el fallo. Lo hizo tras reunirse con 14 gobernadores peronistas, que no fueron a pedir más plata para los pueblos de sus distritos, sino para el gobernador de Buenos Aires.
Ahora, Alberto y su liga de guapos de comunicado de prensa dieron marcha atrás. Pero la amenaza de alzarse contra los poderes de la Constitución mostró el verdadero anhelo “K”: que la Argentina deje de ser una república. El relato se terminó.
Y final
El anhelo de una Argentina sin república es el final del relato porque todo relato comienza por la creación de valores fundaciones, esclarece el profesor en Opinión Pública de la UBA y en Psicología Política de la Universidad de Belgrano, Orlando D’Adamo.
La primera fase del relato populista “K” consistió en prometer equidad y justicia social para que el pueblo recuperase la felicidad perdida. Los argentinos y la República Argentina habían sido traicionadas por “la corpo”, que estaba al servicio de intereses foráneos. Para ello, el kirchnerismo encarnaba al héroe dispuesto a enfrentar a todos.
La segunda fueron los triunfos legitimadores. Durante esa etapa emergieron el discurso propio y la identificación de amigos y “enemigos”, con creciente hostilidad contra las disidencias.
La tercera fue un estado de cronificación. La retórica se volvió estereotipada, reiterativa, agresiva, desconectada de la realidad. Ya no hubo narración, sino dogma: surgieron los “soldados de la causa” y los “catequistas”; la verticalidad total y la personalización de la política.
La cuarta es la desarticulación, la contradicción y la pérdida de la mística. La inflación se encargó, veloz e implacable, de esa tarea. El relato sólo fue sostenido por el “núcleo duro”.
La quinta es el fracaso del relato ante la realidad, que abre el camino a la derrota. Porque, en términos pragmáticos, la oposición nunca gana: son los oficialismos los que pierden. Esta es la fase del relato fallido. O sea, el fin del relato. Es decir, el mañana más inminente.
El relato se acaba porque ya no cumple con sus dos funciones inmanentes. La primera es “sesgo de confirmación”: en la narrativa del poder, la mayoría encuentra la validación de sus creencias o de sus interpretaciones. La segunda es “espiral de silencio”: la minoría calla porque teme al linchamiento virtual. Ambas operaciones cierran el círculo de la manipulación.
Pero ya no hay “sesgo de confirmación”. Las consecuencias de las políticas (o de la falta de políticas) del cuarto gobierno “K” genera consecuencias iguales (pobreza, desocupación, hambre) y hasta peores (gasto público elevado, depreciación de la moneda, desabastecimiento e inflación galopante) que las experiencias neoliberales.
Del “espiral de silencios”, finalmente, sólo quedan cenizas. El año pasado fueron mayoría quienes expresaron en las urnas que no se sienten identificados con el relato. Y los que quedaron en minoría, incapaces de asumir que la realidad está siempre más allá del deseo, sólo atinan a linchar a su propio Gobierno. Por cierto, no le reclaman hacer algo distinto, sino que le critican no lograr convencer a la mayoría de que lo que está mal, en realidad, está bien. Peor aún: después de votar a Alberto y a Cristina, intentan explicar que esta no es una gestión “K” y que Cristina no forma parte de este gobierno.
De ese ridículo no se vuelve, diría Juan Domingo Perón, como tampoco ha de volver 2022. Feliz Año Nuevo. Y adiós relato, adiós.
