La Ley de Narcomenudeo está a punto de cumplir un mes de vigencia y sus resultados han dejado dos polémicos puntos al descubierto. Por un lado, defensores sostienen que las autoridades están cruzando peligrosamente la línea de la legalidad en su afán de acabar con los “quioscos” de venta de drogas. Por el otro, una vez más, la Nación muestra que la lucha contra el tráfico y comercialización de drogas no está dentro de sus prioridades.
Hasta el viernes pasado, en promedio, en la Justicia se abrieron dos expedientes por día por microtráfico de drogas. De ese número, casi el 50% fue originado por otro delito. En otras palabras, la Policía solicitó allanamientos por una razón y en la medida termina encontrándose estupefacientes. Los profesionales del derecho sostienen que es una vieja estrategia que tiene un solo objetivo: engrosar las estadísticas positivas. Café mediante, un abogado ejemplificó la situación. “Si un juez ordena el ingreso a un domicilio a buscar una moto robada por dichos de una persona anónima, es poco probable que la encuentren en un armario o en la heladera, donde sí hallan sustancias. Es ilógico e ilegal, lo preocupante es que la Justicia lo está avalando vulnerando todos los derechos de los ciudadanos”, sostuvo el profesional.
En la Policía desmienten toda mala intención y señalan que su misión es acabar con el narcomenudeo. Recuerdan que este es uno de los pocos delitos en el que pueden iniciar una investigación con sólo recibir una denuncia anónima. El problema, según analizan, es que los funcionarios judiciales exigen una serie de pruebas para poder autorizar un allanamiento. “Nos piden que fotografiemos o filmemos una compra de droga para conseguir una orden. No podemos hacerla por dos razones: sólo la Digedrop tiene elementos para hacerlo y la mayoría de las ventas se concretan en el interior de los domicilios para que no los registren. El problema es que si no actuamos, quedamos como que no hacemos nada”, dijo un veterano investigador.
Las dos posturas son más que razonables y han abierto una fuerte polémica. Los profesionales sostienen que no queda mucho tiempo para que en Tucumán se “ponga de moda” la doctrina del fruto del árbol envenenado. Es una metáfora que sostiene que si una prueba es conseguida de manera irregular o ilegal, todo el proceso debería ser nulo. Nadie discute la necesidad de que el Estado se haga cargo finalmente de la lucha contra el narcomenudeo, pero todo debe ser bajo un marco legal.
Lo que resulta curioso es que nuestros legisladores no escucharon los consejos de los fiscales federales Agustín Chit y Pablo Camuña que les dieron dos meses antes de que entrara en vigencia la norma. Les sugirieron que sancionaran una ley para crear en el código procesal penal tres figuras que sí están contempladas en el digesto de la Nación y que terminan siendo claves en las investigaciones de estos casos. Ellos son las de agente encubierto (policía que se infiltra en una organización), agente revelador (investigador que consigue datos de manera poco convencional) e informante (persona que puede hasta recibir dinero por parte del Estado si es que aporta datos claves). Cualquiera de ellos puede realizar operaciones para probar que el acusado comercializa drogas.
Primera señal
Una mujer fue la primera condenada por la Ley de Narcomenudeo en tiempo récord. A través de un juicio abreviado, dos semanas después de haber sido detenida, fue penada a tres años de libertad condicional. Pero la sentencia dejó muchas dudas y cuando un fallo no tiene certezas, se transforma en polémico. Por una mala investigación, no se pudo probar que la comercializaba y terminó siendo penada por tenencia simple (no se pudo determinar si era para la venta o el consumo). Tampoco se logró comprobar si la droga que le encontraron era realmente droga porque los laboratorios de la Policía Federal dejaron de hacer las pericias de rigor. La terminaron condenando porque ella se declaró culpable y porque las pruebas de campo dieron positivo el día que fue detenida.
Los tucumanos de a poco van descubriendo que a la Nación no le interesa luchar contra las drogas. El gobernador interino Osvaldo Jaldo, conociendo que el PEN no le daría ni una moneda en su cruzada, insistió hasta que la ley entró en vigencia. Ahora descubrió que la Federal no respetó el convenio de que se haría cargo de los análisis de los estupefacientes secuestrados. Este llamativo abandono no es nuevo, viene desde su inicio, cuando el ex presidente Mauricio Macri le pidió a las provincias que se hicieran cargo de la lucha contra el microtráfico de droga para que la Justicia Federal se hiciera cargo del narcotráfico a gran escala. El apoyo que prometió nunca apareció, como sucede actualmente.
Otra señal
En esta columna en reiteradas oportunidades se dijo que será muy difícil luchar contra el narcomenudeo si es que no se detiene el tráfico de drogas a gran escala. El panorama se está complicando más. El gremio de empleados judiciales de Salta y Jujuy, en un duro documento, sostuvieron que por la inacción de las autoridades, las localidades limítrofes se transformaron en Ciudad de Juárez. “El tráfico de drogas es favorecido por la permeabilidad de nuestra amplia frontera que se ha convertido en un elemento crítico para la expansión de los carteles internacionales. Vemos que el narcotráfico se ha apoderado prácticamente del norte de la provincia de Salta donde se ha comenzado a suplantar al poder del Estado, existiendo un Estado narco que despliega hechos de violencia para amedrentar a sus rivales, obtener cuantiosas ganancias económicas y sentar el escarmiento que sustente la permanencia y expansión de su negocio ilícito”, se puede leer en el comunicado de la regional 14 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
Los sindicalistas acusan directamente al Estado de no haber actuado en tiempo y en forma. Denunciaron que en la zona es cada vez más común observar a bolivianos, peruanos, colombianos y mexicanos buscando lugares para instalarse. También explicaron que escribieron este documento para reforzar los pedidos de jueces y fiscales.
“Para evitar que el lugar donde vivimos junto a nuestros seres queridos se transforme en Ciudad Juárez, debemos trabajar mancomunadamente y propiciar políticas criminales para combatir al crimen organizado, generando con urgencia la policía judicial, para que asista al Ministerio Público Fiscal y brinde confiabilidad y transparencia a las investigaciones, debido a que hoy en día tanto las fuerzas provinciales como federales se encuentran dubitadas por la corrupción reinante y la falta de resultados en investigaciones practicadas contra organizaciones criminales. Si no hacemos algo para evitar que nazca un narcoestado, la lucha estará perdida”, concluyeron.
