Que el contador no vuelva a cero

El año que finaliza esta semana hará que muchos realicen balances y pongan el contador en cero el 1 de enero para comenzar una nueva etapa con nuevos propósitos. El año que va cerrando se despide con el triunfo de la Selección Argentina en Qatar que todavía llena de alegría los corazones de miles de argentinos. Sin embargo, hay otros números, que cierran otros balances que deberían comprometernos como sociedad para una búsqueda en conjunto de soluciones.

En Tucumán, el 30 de noviembre cuando Argentina definía el pase a octavos enfrentando a Polonia se produjo uno de los dos femicidios que se registraron hasta el momento. En Villa 9 de Julio, alrededor de las 19, los gritos de una mujer fueron opacados por los festejos en calle López y Planes al 1.500. Un empleado policial que vive en la zona escuchó los gritos de auxilio de la víctima y corrió hasta el lugar. David Noriega ingresó a la casa y redujo allí al femicida de Brenda Marisa Coronel, de 29 años quien había sido asesinada con más de 80 puñaladas por su ex pareja, Roque Daniel Jerez, de 36 años.

La hermana de Brenda, Jorgelina Leonera Coronel manifestó que la víctima sufría violencia de género pero que nunca se animó a denunciar porque estaba amenazada. “No queremos que ese hombre quede libre. Él puede asesinar a otras mujeres como lo hizo con mi hermana. Queremos justicia por mi hermana y por mis sobrinos, ¿por qué le hizo tanto, tanto daño? ¿Para qué tantas puñaladas? Si un matrimonio no funciona, hay que dejarlo ir. ¿Era necesario que la madre de seis chicos menores se muera? ¿Quién los acompañará ahora al médico, a la escuela como hacía mi hermana? ¿Cómo les decimos a los chicos, ahora cuando la enterremos que ella no va a volver, que no va a poder dormir con ellos como siempre? Queremos justicia”, planteó la mujer. Y luego agregó: “tenemos miedo de que tome venganza hacia los chicos nosotros o hacia nosotros y pedimos que les hagan una cámara Gesell a mis sobrinos porque ellos han sufrido violencia mientras convivían con él y con mi hermana en ese hogar”.

Sus palabras resuenan todavía y representan a los 208 femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios de un total de 349 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en la Argentina que se perpetraron en 2022 hasta el momento. Mientras en Argentina una mujer muere cada 37 horas, este año 239 niños y adolescentes se quedaron sin madres.

Tucumán, que había liderado las provincias con mayores tasas de femicidios durante la pandemia, 2020 y 2021, logró salir en 2022 de esa lista debido a que su tasa es de 0,1%. Sin embargo, otra cifra es la que preocupa. Durante todo el año hubieron 55 intentos de femicidios, 377 en Argentina y 55 en Tucumán, un número que duplica al registrado en 2021 y que demuestra la cantidad de ataques que no llegan a ser femicidios pero que revisten de muchísima gravedad y requieren mucha atención multidisciplinaria para con la víctima: psicológica, económica, asistencial, entre otras.

Registrar los intentos de femicidios es elaborar un mapa que atienda los factores de riesgo en el marco de las situaciones de violencia por razones de género. Muchos de estos registros nacen en las líneas telefónicas y canales habilitados para las denuncias. Se genera una importante base de datos desde donde se puede asesorar y brindar contención e información referida a la situación de violencia por razones de género que está transitando.

La sistematización de esta información permite describir aspectos referidos a los perfiles sociodemográficos, caracterizar las situaciones de violencia según los tipos y modalidades de violencias identificados, así como también los factores de riesgo. También explorar aspectos y dimensiones que adquieren los intentos de femicidios respecto a sus modalidades de comisión. En ese recorrido, se transparentan los obstáculos en los recorridos institucionales de las personas en situación de violencias para poder dar respuestas efectivas de acuerdo con las intervenciones de los diferentes equipos. En la provincia, los mecanismos se van aceitando pero a veces esa respuestas es insuficiente. El caso de Noelia Sosa a quien no le tomaron la denuncia por violencia de género y se suicidó ese mismo día muestra lo desamparadas que pueden llegar a sentirse las victimas en este territorio.

El femicidio de Paola Tacacho en 2020 ya había marcado un antes y un después en la respuesta de las fuerzas de seguridad y Justicia de la provincia. A Paola la mató el Estado, repetían sus allegados, luego de que la profesora de inglés muriera apuñalada en plena calle por un exalumno que la acosó durante 5 años. Tacacho había realizado 13 denuncias antes de que el joven la asesinara y se suicidara con el mismo cuchillo que había usado para matarla. “La situación actual es compleja en nuestro país y se le suma la problemática de violencia de género por lo que solo se puede seguir trabajando con mucha más profundidad buscando más y mejor llegada del Estado a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad”, expresó a LA GACETA Yanina Muñoz, de Mumalá días atrás.

En este contexto la Emergencia por violencia de género a nivel nacional sigue siendo un reclamo de organizaciones feministas. Un presupuesto suficiente para los organismos del Estado que trabajan en esta problemática, es otra materia pendiente de cara al 2023. “No se conoce cómo se implementa el presupuesto del ministerio de Género de Nación. Ese presupuesto se debe poder ejecutar en su totalidad para que llegue a las mujeres en situación de violencia. El programa Acompañar que duró seis meses no se renovó ni hubo más incorporaciones. Fue impactante eso”, explicó Muñoz y agregó: “como agrupación seguimos solicitando la Emergencia en Violencia de Género, Ni Una Menos. La pedimos desde 2018 destacando la prioridad de esta problemática con números de los registros que llevamos adelante. Si bien algunas cosas van cambiando, no hay un cambio radical en el país. La declaración podría favorecer a las provincias que tienen las tasas más altas de femicidios y a algunas provincias como Santa Fe que tiene un registro de muertes violentas de mujeres asociadas al narcotráfico y requiere una política mayor del estado. Con la Emergencia se podrían direccionar los recursos económicos y humanos para que la problemática se aborde de manera integral, federal”, sostuvieron.