19 Noviembre 2022
Permítame referirme a dos noticias publicadas el 09/11: 1°) “El juicio del jubilado Toledo -condenando al Gobierno de Tucumán- no sienta jurisprudencia”, declara el fiscal de Estado de la Provincia, a sabiendas de que por sus funciones está en la grilla para ser nombrado en un futuro no muy lejano vocal de la Corte Suprema. Lo que ya ocurrió con cuatro de los actuales cinco. Asumiendo funciones y responsabilidades de magistrado declaró que no sienta jurisprudencia el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo -Sala III- al declarar inconstitucional la ley que establece el régimen de inembargabilidad de los fondos públicos. Obviamente, el jubilado Toledo había solicitado el embargo ejecutorio para hacer efectivo en tiempo y forma el 82% móvil no pagado. También el fiscal confiesa, sin sonrojarse, sobre la existencia de 1.165 juicios previsionales contra la Provincia, casos en que los jubilados accionantes para cobrar, por una disposición del gobierno condenado, tienen que inscribirse en un registro y esperar el presupuesto del año siguiente para soñar juntarse con su dinero ganado en buena ley. Lamentablemente, de 36.000 jubilados y pensionados transferidos se fueron muriendo en la espera y tal vez, quedamos con vida unos 2.000, o menos. Increíble, pero ocurrió aquí, en Tucumán. 2°) “El Gobierno garantiza una suba de bolsillo de $ 95.000 a los estatales” y, como viene ocurriendo desde siempre, el Gobierno de Tucumán, cual norma de conducta, sigue olvidándose de que por Ley y decenas de condenas judiciales, tiene que pagar el sueldo a los jubilados y pensionados transferidos a la Nación con el 82% y móvil automático del total de los haberes del personal en actividad, quiero decir, automáticamente tiene que liquidar y pagarnos ese aumento.
Ángel Ricardo Salguero
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