El problema del transporte público de pasajeros ya se ha convertido en una constante para los usuarios, que cada vez más a menudo ven afectadas sus actividades ante nuevos y reiterados paros de colectivos. Y el conflicto va más allá: no solo perjudica a los pasajeros sino a la sociedad en su conjunto. Tras haber dejado sin servicio a los usuarios de todo el interior del país dos semanas atrás, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció para esta semana un paro de 72 horas. Finalmente, la medida se levantó, pero hasta las primeras horas de ayer era incierto si saldrían o no los colectivos a las calles.
El reclamo de los choferes de ómnibus es salarial: básicamente, exigen que se regularice la diferencia que hay entre los sueldos de quienes hacen ese trabajo en la Capital Federal y sus pares del interior del país. “Nosotros vamos a defender nuestros salarios y las fuentes de trabajo. No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre la Nación y las provincias. Queremos el aumento que nos corresponde, por lo que resulta indispensable que el Congreso Nacional declare la Emergencia en el Transporte de Pasajeros del Interior. Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y se comprometan para evitar diferente tratamiento a los mismos trabajadores”, pidió UTA en un comunicado que lleva la firma de su secretario general, Roberto Carlos Fernández.
Si bien el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, pidió a la Nación que intervenga para tratar de destrabar el conflicto y evitar que la provincia vuelva a paralizarse, el secretario de la seccional Tucumán, César González, reiteró que las decisiones sobre las medidas de fuerza las toma la mesa directiva nacional y que los trabajadores del interior están “en medio de una disputa entre los Gobiernos nacional y provinciales sobre quién se hace cargo del acuerdo salarial”.
Lo cierto es que este problema, cada vez más frecuente, perjudica de manera significativa a la provincia. En cuanto a lo económico, la actividad comercial disminuye tanto por la ausencia de público como por la dificultad que tienen también los empleados para presentarse en sus lugares de trabajo. Pagarle el taxi al personal para que se traslade no es un gasto que todos los empleadores puedan afrontar y eso repercute en el balance. Por otra parte, y no con menor importancia, está el impacto que genera una medida de estas características en la actividad educativa.
En Tucumán se implementa la jornada extendida de clases en 630 escuelas públicas precisamente porque los alumnos necesitan reforzar contenidos de Lengua y Matemática. Dejarlos sin clases tres días seguidos no hace otra cosa que perjudicarlos.
Hay incluso establecimientos que debieron suspender durante el último paro de colectivos la campaña de vacunación que el Ministerio de Salud Pública lleva adelante contra sarampión, rubéola, paperas y polio. Y muchos de los niños que no reciben esas dosis en los establecimientos educativos no se presentan luego en los nodos para vacunarse. Algunas instituciones habían postergado esa campaña para esta semana, pero la nueva amenaza de un paro de transporte volvió a poner en duda si podrán inmunizar o no a los más pequeños.
El conflicto es serio y repercute en todos los ámbitos de la sociedad. Es imprescindible que el Gobierno actúe de una vez para poner freno a las reiteradas huelgas, que tienen de rehenes a los usuarios. Sentarse a dialogar con los empresarios y poner reglas claras es una urgencia para acabar con esta constante.
