Juicio por obra pública: la defensa de Cristina refutó la reunión con Báez

Juicio por obra pública: la defensa de Cristina refutó la reunión con Báez

Un video muestra a Cristina en Bariloche en un acto político, el día que el fiscal acusa la reunión con Báez en Santa Cruz para “limpiar todo”

RIO NEGRO. Foto de Cristina del 30/11/2015, inaugurando una planta de uranio enriquecido. RIO NEGRO. Foto de Cristina del 30/11/2015, inaugurando una planta de uranio enriquecido.

Segunda jornada de alegatos en el caso Vialidad. En este juicio los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que la actual vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ayer, los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy iniciaron su alegato con la respuesta a lo que la fiscalía llamó el “plan limpiar todo” y defendieron la relación comercial de los Kirchner con el empresario Lázaro Báez.

Beraldi, el abogado en quien Cristina Fernández de Kirchner depositó su defensa, acusó ayer que el día en que la fiscalía señaló que ella tuvo una reunión con Báez en el marco de un plan para borrar las pruebas de supuestas irregularidades en la obra pública, la entonces mandataria estaba encabezando un acto político en Bariloche.

De esta manera, Beraldi negó que haya existido una reunión en Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 entre Cristina y el empresario Báez. Y explicó: primero, apuntó que el fiscal había señalado que el avión presidencial Tango 01 ese 30 de noviembre había realizado un vuelo rasante en Santa Cruz. Según el abogado, eso había sucedido el día anterior y no cuando lo había apuntado el fiscal Luciani en su alegato.

Y segundo, Beraldi aseguró que ese 30 de noviembre de 2015, la entonces presidenta no estuvo en Santa Cruz sino en la provincia de Río Negro. Para respaldar la afirmación, mostró imágenes de un acto político que realizó ese año la actual vicepresidenta en la ciudad rionegrina de Bariloche.

“¿Cómo salen los Fiscales ahora de esto?”, se preguntó Beraldi luego de mostrar el video del acto político.

En esta segunda jornada de alegatos de la defensa, el abogado afirmó que la fiscalía de la causa Vialidad hizo un “intento desesperado” para mantener la acusación que, resaltó, tenía “certificado de defunción”, y para ello se falseó prueba y se introdujo el supuesto plan “limpiar todo” en base a llamados de otro acusado, José López.

La vicepresidenta “no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas”, sostuvo Beraldi en el alegato ante el Tribunal Oral Federal 2.

El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate, por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.

Los fiscales Luciani y Sergio Mola hicieron “un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio”, analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como “limpiar todo” en su alegato final.

“Operación armada”

“Construyeron una historia paralela para armar una operación de acusación que llaman el plan limpiar todo. El plan limpiar todo no existe”, remarcó Beraldi.

Y relató: “ese plan, según la fiscalía, fue la decisión del gobierno de Cristina de Kirchner pocos días antes de terminar su segundo mandato en 2015 de pagarle todas las obras que se debían para luego cerrar las empresas. Los fiscales dijeron que la vicepresidenta estaba al tanto de todo eso. Lo hizo en base a mensajes del celular que le secuestraron al ex secretario de Obras Públicas José López, cuando fue detenido con los bolsos con $ 9 millones”.

Agregó Beraldi que “de allí señalaron que Cristina se reunió con López en la quinta de Olivos y luego con Báez en Santa Cruz para que le paguen al empresario $ 537 millones, a través de una resolución firmada el 25 de noviembre de 2015 por el ex ministro de Planificación Julio De Vido, para que después echen a los empleados y abandonen las empresas”.

El abogado defensor explicó esas circunstancias. Apuntó que solo hay cuatro o cinco mensajes que aluden a Cristina de Kirchner. “Cualquiera sabe que si uno busca cuatro mensajes y busca construir una historia va a fracasar. Ella no aparece en ningún mensaje a ninguna de las personas. Son solo circunstancias de que van a ver a la señora, que me reúno, que no me reúno. Y en el punto más cercano es un mensaje de López con el secretario. Y tener una reunión de un secretario de Estado con una Presidenta es algo rutinario”, advirtió el letrado.

También señaló que a Báez no se le pagaron los $ 537 millones. Beraldi explicó que lo que dictó De Vido fue una resolución aprobada por todas las instancias administrativas pero que nunca se pagó. “La prueba de la fiscalía y de la Dirección Nacional de Vialidad muestra que el 25 de noviembre de 2015 no se realizó ningún pago a Báez. ¿De donde sacan eso los fiscales? Tampoco le pagaron el 26 o el 27. De los sistemas oficiales surge que los certificados están pendientes de pago. Eso está en la causa”, señaló.

La fiscalía había afirmado que al 10 de diciembre de 2015 a las empresas de Lázaro Báez no se le debía plata. Pero la defensa mostró planillas donde se verifica que sí existe esa deuda.

Beraldi defendió el trato comercial de los Kirchner

El abogado Beraldi defendió la relación comercial de los Kirchner con Báez en el alquiler de hoteles y propiedades. Es lo que se investigó en las causas “Los Sauces-Hotesur”, un expediente en el que la vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseídos junto con el resto de los acusados y eso está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Esto fue lo que la fiscalía llamó el móvil para la asignación de obra pública a Báez. Esas relaciones comerciales son legales, legitimas y están sobreseídas”, remarcó. Y de la acusación por administración fraudulenta, dijo que “ninguna norma le impone a la Presidenta controlar la obra publica”.

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