Por Gustavo Rodríguez
11 Septiembre 2022
“Narcopolicías” es el término que se utiliza para definir a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que están acusados de tráfico de droga o de alguna actividad ilícita que esté ligada a ese delito, como secuestros extorsivos, homicidios y robos, entre otros. En nuestra provincia, en los últimos 10 años, se conocieron al menos unas 11 causas donde aparecen acusados uniformados, pero menos de la mitad fueron cerradas con una condena o una absolución.
Tucumán se estremeció con un caso registrado en 2012. María Alicia Herrera, que prestaba servicios en la Dirección General de Drogas Peligrosas, fue detenida acusada de informar a los miembros del clan Garra cada vez que sus compañeros estaban por allanar los puestos de ventas que tenían en el sur de la capital. La ex policía fue condenada en 2020 a cinco años y medio de prisión.
El penal de Villa Urquiza se transformó en una usina de expedientes originados por la distribución y comercialización de drogas. Ya fueron condenados por la Justicia Federal el enfermero Miguel Ángel Herrera (seis años) y el guardiacárcel Walter Antonio Vallejo (11 años) por haber ingresado sustancias a la cárcel.
Pero hay otros dos expedientes por este tipo de ilícito. La Causa Medina, donde están acusados el ex juez de Ejecución Roberto Guyot y otros 18 miembros del Servicio Penitenciario, se encuentra paralizada porque desde hace casi dos años no se resuelve si los señalados debe ser citados a declaración indagatoria (se puede leer el informe en https://www.lagaceta.com.ar/nota/960662/seguridad/esta-parada-causa-venta-drogas-penal.html) y detenidos. El caso lleva el nombre de Fernando Medina, el detenido que aportó pruebas y que fue asesinado en el penal, en un hecho que sigue sin resolverse, a pesar de que ya pasaron cuatro años. La Causa Dengue, en la que también se ventila la venta de drogas en el penal, ya fue elevada a juicio, pero aún no hay fecha de inicio.
También existen casos en los que se vieron involucrados policías en secuestros. El primero que tomó estado público fue el del personal de la ex Brigada Norte que están acusados de privar de la libertad a un ganadero chaqueño para pedirle un soborno en 2013. El juicio sigue sin desarrollarse, ya que se suspendió en dos oportunidades en 2019 y hasta ahora no hay fecha de realización.
En el homicidio del trabajador rural Luis Espinoza, registrado en mayo de 2020, están acusados nueve policías. Varios de ellos habrían sido mencionados en causas de droga que se investigan en Catamarca, la provincia donde arrojaron su cuerpo.
En la misma situación se encuentra el expediente de una banda oriunda de Villa 9 de Julios que, integrada por personas con antecedentes de robo y policías, habría cometido distintos asaltos a narcos para apoderarse de droga y dinero.
El fiscal federal Agustín Chit ya elevó a juicio a los acusados de integrar una banda que se habría dedicado a secuestrar narcos y luego solicitar dinero en efectivo o droga para liberarlos. Están acusados de formar este grupo los efectivos Gonzalo Lagoria, Luciano Campos, los hermanos Ángel (el único civil de los imputados) y Néstor Medina (ambos son familiares de Andrés Faversani, condenado por el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz) y Jonathan Díaz.
También Cheet está instruyendo la causa en la que son investigados una banda de efectivos de la policía provincial que habría cometido los mismos tipos de delitos que la que está por ser enjuiciada. Es más, no se descartan vínculos entre ambos grupos.
Consecuencias
“Nunca se podrá combatir la corrupción policial si el mensaje del sistema judicial no llega de manera clara, contundente y rápida. Los involucrados se sienten protegidos por un manto de impunidad”, dijo la ex fiscala Adriana Giannoni, que investigó el crimen del detenido Medina y que aportó información para que la justicia federal. “Lo más grave es que pueden tener una sanción administrativa, como pasar a disponibilidad, pero si no cuentan con una condena, pasado los dos años deben reingresar a la fuerza. Así las cosas nunca cambiarán”, añadió.
“Todos los procesos deben llegar a juicio si es que no se accede a alguna salida alternativa, no debería haber excepciones. Entiendo que todos los casos deben ser investigados a fondo, llevados a juicio para que no sobrevuele el fantasma de la impunidad”, señaló el abogado Ernesto García Biagosch.
Su colega José del Río tiene otra visión sobre el tema. “Lo primero que hay que aclarar es que esto no se produce porque exista impunidad. Hay una realidad indiscutible: cada vez son más los casos de estas características y la Justicia Federal, que en la mayoría de los casos atiende estas causas, no tiene los recursos humanos para afrontarla. En el Tribunal Oral Federal hay un sólo juez, cuando en realidad tendría que haber tres. Es todo un problema”, finalizó.
1- Un crimen revelador
Fernando Medina (25 años) cumplía una condena de cinco años y medio por un robo agravado. Cuando le quedaba menos de un año para cumplirla, fue asesinado en el patio de la cárcel, el lugar donde nunca debería haber estado porque era un testigo protegido. Así lo había dispuesto el juez Daniel Bejas, luego de que el joven aportara datos y pruebas de la existencia de una organización integrada por funcionarios que vendía drogas en el penal.
La fiscala Adriana Giannoni investigó el homicidio. Descubrió, por ejemplo, que la víctima había sido trasladada sin autorización de la seccional 7ª donde había sido alojado como medida de protección. Probó también que nadie escuchó los pedidos de ayuda del reo que terminó siendo asesinado el 22 de noviembre de 2018.
Acusó del homicidio a Sebastián “Pichi” Mendoza (23), que cumplía una condena por homicidio. La investigadora consideró que se había orquestado todo un plan para acabar con la vida de la víctima. Por eso también solicitó que sean enjuiciados Guillermo Snaider, Víctor Casasola, Enrique Núñez, José Cisterna, Claudio González y Sergio Patto, que eran funcionarios del Servicio Penitenciario. Fracasó en su intento de que se investigara al juez de Ejecución Roberto Guyot. Todos ellos aparecen mencionados en la causa de comercialización de drogas que lleva adelante la Justicia Federal. El juicio de este caso se realizaría el año que viene, si no prospera el pedido del fiscal Gustavo Gómez para que sea realizado por la justicia nacional.
2- Nueve años de espera
El 25 de julio de 2013, el supuesto ganadero chaqueño Juan José Vallejos, junto a su hija de 16 años y un amigo, ingresaban a la provincia a bordo de una Ford Ranger. Se toparon con un control policial donde le habrían detectado una falla en la camioneta en la que se trasladaba. Lo llevaron detenido a la Brigada de Investigaciones Norte, de Yerba Buena.
Como fiscal, el actual ministro Pupilar de la Defensa Washignton Navarro Dávila, descubrió que todo se habría tratado de un operativo ilegal y que en realidad lo habrían privado de su libertad de manera ilegítima de la libertad a cambio del pago de $30.000 (unos U$S 5.600 dólares en esos días). Imputó a Juan Donato Pérez, Néstor Javier “Caña” Díaz, José Roberto Lazarte, Ariel Alejandro Paz, Antonio Manuel Alberto Núñez, Esteban Arturo “Dodó” González, Cristian Oscar Córdoba, Miguel Ángel Vaca, Jorge Alfredo Pereyra y José Justino Ponce. Sólo dos de ellos seguirían en actividad.
Durante la pesquisa circuló una versión: Vallejos podría haber sido un narco que transportaba droga y que los policías, además de dinero, se habrían quedado con la carga. La versión nunca pudo ser probada, pero cobró más fuerza cuando uno de los acusados fue encontrado durmiendo con una condenada por droga, socia de Nilda “La Cabezona” Gómez.
El juicio debería haberse realizado en abril de 2019, pero se suspendió para agosto. En ese mes, surgió que uno de los defensores había llevado la causa a casación, por lo que sigue en veremos.
3- Temor en Villa 9 de Julio
El fiscal Diego López Ávila, desde hace varios meses, venía investigando una banda integrada por personas con antecedentes por robos y policías en actividad. El resultado de las escuchas que venían realizando adelantaron la realización de un megaoperativo desarrollado en diciembre de 2019 para poner fin al accionar del grupo.
Según la teoría del fiscal, los acusados se habrían especializado en asaltar a narcos o líderes de redes de narcomenudeo. También, con la participación de efectivos de la fuerza, fingían operativos de control en las rutas para quedarse con cargamentos de sustancias.
En la investigación también surgieron indicios para sospechar que el grupo habría estado planeado atacar al clan Toro, sospechado de dirigir una red narco en Villa 9 de Julio, para quedarse con el dominio territorial. Según trascendió, habrían pensado ultimar a Omar “Maxi Toro” Martínez, uno de los referentes más violentos del grupo.
En enero de 2020, el juez destituido Juan Francisco Pisa, le dictó la preventiva por un año a Ángel Castaño, Gabriel Molina, Gonzalo Ruiz, César Juárez, Axel Nievas, Mario Vera, Oscar Barros, Pedro Olmos, Diego Puntano, Domingo Pérez, y Cristian Villarreal. Dispuso la misma medida, pero por seis meses, para los policías Martín Porvén y José Páez.
López Ávila dejó todo listo para que el fiscal del regimen conclusional elevara la causa a juicio en agosto de 2020, pero LA GACETA no pudo establecer el derrotero del expediente. Los acusados estarían en libertad.
4- Vínculos peligrosos
El trabajador rural Luis Armando Espinoza fue víctima de un crimen por el que están acusados nueve policías y un guardia urbano durante un procedimiento irregular.
La víctima fue asesinada de un disparo por la espalda cuando presenciaba una carrera cuadrera el 15 de mayo de 2020. Su cuerpo fue encontrado varios días después en un precipicio de la provincia de Catamarca.
La fiscala Mónica García de Targa, en la hipótesis del caso, planteó que los uniformados actuaron ilegalmente para suspender la carrera ilegal de caballos. Después se supo que podrían haber recibido una orden de los organizadores de cuadreras porque el encuentro no estaba autorizado por ellos.
Aunque nunca pudo probarse, varios de los policías involucrados habrían sido mencionados en causas por droga en Catamarca, provincia en la que arrojaron para lograr la impunidad. Por el caso, fueron imputados imputado a los policías Rubén Montenegro, José Morales, Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas, Claudio Zelaya y Fabio Santillán (se desempeñaba como vigía).
Cuando sólo faltaba que se fijara fecha para comenzar con las audiencia, un tribunal de casación ordenó que el debate oral fuera realizado por la justicia nacional, puesto que se trató de un delito federal. Hasta el momento, no tiene fecha de inicio el juicio, pero es poco probable que sea este año.
Fe de erratas. Aclaración sobre una nota en que se mencionó al juez Bejas
En esta nota se consignó erróneamente que Daniel Bejas, ex juez federal del Juzgado 1 de Tucumán y actual juez de Cámara Nacional, había intervenido en una causa en la que estaba implicado el detenido Fernando Medina, quien luego fue asesinado dentro del penal de Villa Urquiza. Ante el reclamo del magistrado, LA GACETA aclara que se trató de un error y que Bejas no tuvo injerencia en esa causa. Pedimos disculpas por la equivocación.
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