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Tras descartar la idea de un Salario Básico Universal, que reclama el dirigente social Juan Grabois, el kirchnerismo presentó en el Senado un proyecto alternativo para implementar el "Refuerzo de Ingresos", medida que consistirá en una prestación monetaria mensual para las personas que se encuentren debajo de la línea de indigencia y que alcanzaría a 1,7 millones de personas.
La iniciativa fue presentada por la senadora Juliana di Tullio, muy cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y acompañada por la firma del jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans.
El proyecto de DiTullio reduce la cantidad de beneficiarios respecto de la iniciativa de Salario Universal (Grabois preveía alcanzar a 7,5 millones de argentinos) y, con ello, intenta no chocar con el ajuste de las cuentas públicas que el Ministerio de Economía se propone llevar a cabo al reducir el impacto fiscal de la medida, que sería del 0,09 del PBI para este año, según estimaron los senadores.
El "Refuerzo de Ingresos" se instituye en el proyecto como "una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional" por un "monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)", estipulada en $15.057 al mes de junio de 2022.
Podrán solicitar este refuerzo mensual "las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64", siempre y cuando no perciban prestación por desempleo o programas como el Progresar, el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar, entre otros planes sociales. Tampoco jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo.
"Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a Asignación Universal por Hijo y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria", explicaron los senadores.
El beneficio "será de carácter temporal" por el período de un año, durante el cual la autoridad de aplicación de la ley (que será la Anses) verificará si hubo o no cambios en las condiciones de vida de la persona que perciba el Refuerzo de Ingresos. En caso de no registrar mejoras, se podrá renovar el beneficio.
En su segundo artículo, la iniciativa aclara que el beneficio deberá ser "acompañado de una política de formación, hábitat y salud" para las personas que lo reciben, con el fin de cumplir con el carácter temporal de su otorgamiento.
La iniciativa faculta también a la Anses para actualizar "de manera trimestral, en caso de ser necesario, el importe de la prestación monetaria con el fin de equipararlo con el valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto equivalente informada por el INDEC".
El objetivo central de la medida según explicaron los senadores del kirchnerismo a través de un comunicado oficial es reducir la indigencia "garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad".
Por esa razón, el proyecto establece que la Anses (organismo ante el cual deberá solicitarse al refuerzo) realizará antes del otorgamiento del beneficio "evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije la reglamentación, con el fin de corroborar la situación de real necesidad de los individuos".
En ese marco, el proyecto establece también la creación del Registro Nacional del Refuerzo de Ingreso (ReNaRI) donde serán inscriptas las personas que accedan a esta prestación monetaria para que la Anses realice el seguimiento de su situación socioeconómica. Además, en ese registro los beneficiarios deberán acreditar "la realización de consultas médicas anuales de acuerdo a su género y edad".
El nuevo proyecto que impulsa el kirchnerismo podría servir como contención para ese sector de la alianza oficialista que reclama medidas enfocadas en los sectores más postergados de la sociedad y, por lo tanto, más afectados por la inflación.
No obstante, la iniciativa deberá avanzar primero en el Senado, donde el Frente de Todos no tendría inconvenientes en aprobarla, para luego buscar apoyo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá negociar con otras fuerzas.
