A Seguro lo llevaron preso

Los problemas de la sociedad ponen manos a la obra a la política, pero esta los termina convirtiendo en parte de su trabajo electoral y no se permite la autocrítica que exige el fracaso y la necesidad de una transformación total.

El nuevo siglo, apenas nació, ha traído bajo el brazo la incansable capacidad de la tecnología de medirlo todo. Los abuelos de la generación gobernante medían la cantidad de azúcar que llevaban las tortas o los centímetros cúbicos de aceite para batir y hacer la mayonesa. Hoy el futuro –y el presente- de los políticos y de sus gestiones se ajustan también a las mediciones, pero las que se hacen de sus imágenes, como si no bastara que se miraran al espejo y pudiesen decirse la verdad a sí mismos.

En los últimos días nos mantiene nervioso el índice del riesgo país que parece que indica además de su específica misión –advertir sobre el peligro que implica prestar dinero a otros países o empresas- nos está alertando cuán mal estamos y la profundidad de daño que tienen las decisiones –cuando las toman- de los dirigentes a cargo del país.

Por supuesto, el precio del dólar es otro dato que nos desvela y hay uno que nos sacude y nos genera escalofríos pero al mismo tiempo es un bálsamo que alivia y hasta es capaz de sacar una sonrisa. Ese es el índice de criminalidad. En muchos de ellos aparece el número de robos, atracos o directamente de muertos en una región o en una provincia. Y cuando se logra reducir un mínimo ese índice los gobernantes se sienten como todo el país después del segundo gol de Maradona a los ingleses. No está mal, pero el verdadero problema es haber llegado a esa instancia.

Ahora que están tan de moda los ajustes y los achiques aparecen los recuerdos y se patentiza que los gobiernos tenían menos de una decena de ministerios. Los principales eran los que se ocupaban de la salud y de la educación. Con el tiempo se han creado muchos, pero los más trascendentes -y de moda- son los de la seguridad. Por citar un ejemplo que tiene números, en el último informe oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación se han producido 2.416 muertes por homicidios dolosos, es decir ocurridos por la intencionalidad de matar. El estudio publicado este año pero que refiere a 2020 indica que el 38,5 por ciento de esos asesinatos ocurrieron en Buenos Aires, el 15,4% en Santa Fe y el tercer lugar, con el 6,2, es para los tucumanos.

Datos como esos ponen a la política en un trabajo que en el acto se traduce en el nombramiento de una mayor cantidad de efectivos. Cada vez hay más policías por la calle. En la incorporación de cámaras. Cada minuto que pasa al ciudadano lo persigue un teleobjetivo para ver qué está haciendo. Cada tanto, se inaugura un centro de monitoreo con más pompas y platillos que si se inaugurara una escuela. Los comentarios de las autoridades son por lo general elogiando la sofisticación para fisgonear y para controlar al ciudadano. Y cada tanto la competencia entre distritos es saber quién tiene más y mejores cámaras para seguir a la población.

Es curioso que, al poco tiempo, cuando ocurre un delito aberrante o cuando un vecino inesperadamente es asaltado en la misma calle en la que vive solicita que se vea quién lo asaltó o busca revisar el episodio, por lo general, en la mayoría de los casos, justo esa cámara o estaba de vacaciones, o estaba de franco. Pero esto es harina de otro costal.

Los intendentes desde hace ya más de un lustro andan desvelados por el índice de seguridad y por la necesidad de tener patrullas –no educadores especiales ni formadores de conciencia ecológica- que cuiden las calles. La Constitución de la Provincia les advierte que no es un problema de ellos sino del Poder Ejecutivo. Sin embargo no le llevan el apunte y empiezan a incluir en sus presupuestos nombramientos de personal de seguridad, cámaras y camionetas veloces y con luces llamativas. “Es lo que necesita la gente”, responden.

Cuando los diferentes dirigentes analizan la importancia o la necesidad de reformar la Constitución hablan de reelecciones, de mandatos de idoneidades, de tiempos electorales pero ni se acuerdan de estas cuestiones. Es decir es claro el divorcio entre preocupaciones sociales y de los dirigentes, incluso aferrándonos a sus propios discursos de gestión.

Que la conducción política tenga como prioridad controlar al ciudadano y que la población ande preocupada en conseguir trabajo en seguridad y por lo tanto en vez de profundizar sus estudios debe esforzarse por manejar un arma y que prender una cámara sea tan importante como la construcción de una vivienda sentencia claramente el fracaso de una sociedad.

El ciudadano aplaude con vítores la llegada de las cámaras, aunque se convierta en una confirmación más que el progreso ha profundizado una pérdida más de libertad. Antes el control se ejercía a través del terror y de la violencia física. Ahora no es evidente como antaño sino subrepticio y se hace a través de la tecnología.

Adormecidos y asustados por los índices los individuos aprueban estos controles con la misma facilidad con la que aceptan o permiten que las aplicaciones de sus celulares se metan en sus vidas. Es como si en nombre del progreso no pudieran ver el grave retroceso en el que están inmersos.

No se trata de vituperar contra la ciencia ni contra el progreso tecnológico, muy por el contrario, sino de subirse al progreso para vivir mejor y creando espacios para el diálogo y el debate ciudadano tal cual lo pidió en las últimas elecciones.

Móvil tucumano

Esta semana que nunca más volverá ha sido un claro ejemplo de eso. El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, ha peleado su protagonismo con los fiscales Diego Luciani y Segio Mola. Durante largas horas expusieron sus inferencias uniendo hechos y cotejando pruebas para confirmar que Lázaro Báez se hizo empresario con la complicidad del poder. Precisaron con números, índices y episodios constatados cómo este reo recibía más obras que cualquier otro constructor, que le pagaban antes que a los demás y que tenía menos exigencia que cualquier par suyo. Para señalar esto los fiscales, entre otras cosas, utilizaron la tecnología. Se apoyaron en el celular de uno de los tucumanos más famosos de los últimos tiempos: José López. El teléfono móvil de este ex funcionario dejó las huellas de las conversaciones que tenía con el poder para armar este entramado de corrupción.

A pocos minutos de que alguno de los fiscales explicaban sus conclusiones, y casi sin escucharlas, se multiplicaban las voces de funcionarios tucumanos y nacionales afirmando que Cristina era inocente y que todo era un invento. El kirchnerismo ha perdido la capacidad de escucha y de evaluación no sólo de las cuestiones humanas sino también de la tecnología. Cómo van a hacer para creerles a las cámaras que ellos mismos ponen en sus administraciones. Lamentablemente, han caído en una suerte de convicción de que su militancia es casi una religión, una cuestión de fe, que impide el diálogo y los acuerdos, salvo que se ajusten a sus propios dogmas.

Felizmente, los fiscales se circunscribieron a estudiar los diálogos en los que el celular de López mencionaba a Cristina, Máximo, Báez, De Vido y otros funcionarios con responsabilidades fuertes en la entrega de obras. No se detuvieron en los diálogos políticos con empresarios y políticos tucumanos que le juraron fidelidad a López cuando él era precandidato a gobernador de la Provincia. Muchos de ellos superarían la acalorada coloración que toma la cara cuando se ruborizan.

Algo parecido a ese sentimiento –pero a la inversa- es la que sugirió el ex juez y ex legislador y ex intendente Enrique Pedicone. Ante las cámaras de LGplay, el canal televisivo de LA GACETA, Pedicone casi se desmorona –los ojos le brillaron más de lo normal- cuando comentó la soledad en la que quedó cuando puso a la luz una mentira del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Pedicone confesó que muchos amigos dejaron de serlo y desaparecieron. El poder a veces olvida la ética y los principios con tal de que sigan abrazados a él.

Des-pintadas

En tiempos de adelantos y de cámaras y celulares que avisan por dónde andamos y qué decimos nadie sabe quién fue el que el jueves pasado pintó, en nombre de la Agrupación Veteranos de la Guerra de Malvinas 1982 puso sobre las paredes “Dr. Javier Noguera gobernador 2023-Fernando Juri- Manzur, conducción”.

A una velocidad inusitada la foto de esa pintada viajó por todos los celulares. Algo muy parecido a lo que la semana pasada ocurrió con unos afiches donde aparecían las caras de Mariano Campero y de Sebastián Murga sugiriendo una posible fórmula electoral. Todas mentiras de las que nadie se hace cargo.

El mismo jueves, Juri desmintió la información y aclaró que no sabía a qué intereses responden. Al mismo tiempo confirmó su adhesión y compromiso con la conducción unificada del peronismo de Jaldo-Manzur. Apenas puso esto es sus redes sociales salió corriendo a hablar con Jaldo para evitar más conflictos. Juri, en verdad, sueña con ser intendente de la Capital o, en todo caso, si Manzur no fuera candidato a vicegobernador, estaría presto a pelear por ese lugar.

A medida que avanzan los días se destapan las candidaturas. Así como Juri cree que podría postularse en la Capital, hay quienes piensan que tienen que recuperar el poder en Yerba Buena. En la Casa de Gobierno andan buscando encuestas para que le digan si el ministro de Obras Públicas, Fabián Soria, podría aparecer en una papeleta como candidato a intendente. Y, ya que están haciendo mediciones –o través los índices, no andan caminando ni testeando humores personalmente- no descartan ver cómo podría ser volver a intentar con la postulación del ex titular del Ente de Turismo, Bernardo Racedo Aragón y la de Héctor Aguirre. “Pilón” ya anunció su intención de ser candidato a intendente por el peronismo.

La aparición de nombres en el peronismo moviliza indefectiblemente al oficialismo de la ciudad sin veredas que se desparrama al pie del cerro. Al no tener reelección el intendente Campero, en la lista de herederos aparecen su jefe de gabinete, Manuel Courel, y el secretario de Gobierno, Pablo Macchiarola. Juntos por el Cambio ve que este bastión recuperado hace ocho años por Campero no puede ser perdido y por lo tanto es un coto de caza al que varios se anotan. Uno de ellos es el dirigente del Pro y ex legislador Alberto Colombres Garmendia.

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