10 Julio 2022 Seguir en 
La violencia digital constituye una tipología más en las formas de ejercer violencia y se define como acoso u hostigamiento virtual a través de medios digitales.
Según una investigación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la cual participaron 714 periodistas y trabajadoras de medios de comunicación de 125 países, el 73% de las mujeres encuestadas dijo haber sufrido violencia en línea, el 25% recibió amenazas de violencia física y el 18%, sexual. Estas amenazas salpicaron a diferentes personas: en el 13% de los casos, fueron contra sus allegados. Los efectos de la violencia en línea para la salud mental fueron la consecuencia identificada con mayor frecuencia (26%), mientras que el 12% de las encuestadas afirmó haber buscado ayuda médica o psicológica tras las agresiones.
Esta tendencia de actos de violencia hacia las profesionales de prensa en los entornos digitales a partir de la publicación de sus notas, la difusión de ideas u opiniones en sus redes sociales, va en aumento.
El informe “Violencia en línea contra las mujeres periodistas: Instantánea mundial de la incidencia y las repercusiones” muestra las principales conclusiones de una encuesta realizada por la UNESCO en conjunto con el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) realizada a finales de 2020. En el documento también se muestran otros ejes, por ejemplo, que el tema periodístico que mayores agresiones provocó fue el género (47%), seguido de la política y las elecciones (44%) y los derechos humanos y la política social (31%). Pero lo más llamativo es que el 30% de las periodistas encuestadas respondieron a la violencia en línea autocensurándose en los medios sociales, el 20% dejó de interactuar en línea y el 18% impidió la participación del público específicamente.
Por su parte, la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió la violencia en línea contra las mujeres como “todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”.
En el caso de las periodistas, la violencia en línea se manifiesta de diversas formas con una serie de características comunes: se ejerce en red (a menudo está organizada y orquestada), irradia (familiares, fuentes y audiencias son blanco de ataques), y es íntima (las amenazas son personales y suelen estar muy sexualizadas). Existe además vínculo con los ataques fuera de línea.
Frente a esto, el panorama en Argentina no es muy alentador. En América Latina, especialmente en el Cono Sur, la normativa sobre violencia de género en línea no es muy protectoria por la falta de figuras específicas. Sin embargo, existen algunos ciberdelitos legislados en la región, como los accesos indebidos a sistemas informáticos, la difusión de material o de información íntima y la extorsión o las amenazas digitales.
En este sentido, la diputada Mónica Macha, junto al espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC (GENTIC), presentó en el Congreso una propuesta legislativa contra la violencia digital. Por un lado, el proyecto de Ley Belén -en homenaje a Belén San Román, víctima de difusión no consentida de material íntimo que se suicidó en diciembre de 2020- plantea agregar al Código Penal Argentino los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” -montaje digital en videos de pornografía- y de la sextorsión. Se proponen agravantes por casos de violencia de género y cuando se agrede por orientación sexual e identidad de género.
La presentación incluyó el proyecto Ley Olimpia Argentina, que apunta a incorporar la violencia digital como otra forma de violencia de género en la ley 26.485 -de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales- sumado a la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones. (Infobae)
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