Por Álvaro José Aurane
12 Junio 2022
DE CARGA. El Mercedes Benz Sprinter 516 CDI fue comprado por el Ministerio Pupilar y de la Defensa en 2021.
“Se aporta (...) fotografía del minibus (con dominio) AE 832 OG, en cuyo interior se observa el desvío de materiales de construcción del Ministerio Pupilar y de la Defensa que se destinan para la construcción de la vivienda de (Washington) Navarro Dávila en Tafí del Valle”. Este párrafo se lee en la denuncia formulada contra el jefe de los defensores oficiales de Tucumán. Específicamente, forma parte del cuarto ítem de las “pruebas ofrecidas” en el planteo judicial según el cual se sostiene que el funcionario de la Justicia habría incurrido en la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado de bienes y servicios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Todo ello, en calidad de autor material y en concurso real.
La presentación ante el fiscal regional del Centro Judicial de la Capital, Mariano Fernández, fue realizada por la empleada judicial Alejandra Martínez Romero, con el patrocinio del abogado Gustavo Morales.
El vehículo al cual hacen referencia es un furgón de carga, marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 516 CDI. Precisamente, este rodado figura oficialmente como parte del parque automotor del Ministerio Pupilar y de la Defensa. Así consta en el “Informe de Secretaría Administrativa - Período enero 2019 a septiembre 2021” de esa dependencia del Poder Judicial.
En la página 80, bajo el título “Adquisición de vehículos”, figura que el último de los coches comprados el año pasado, justamente, es el utilitario mencionado. El informe figura reproducido íntegramente en el apéndice de la denuncia, identificado como “Cuestiones con documentos”.
Ese apartado, que consta de 186 páginas, contiene 91 fotografías. Entre ellas se encuentra la que ilustra está página. Según Martínez Romero y Morales, la imagen corresponde al vehículo oficial en el momento en que se encuentra supuestamente en el lote donde se estaría construyendo la vivienda de Navarro Dávila en el barrio privado “Los Alisos”, en Tafí del Valle.
Otro inmueble
Tal y como se informó ayer en la edición de LA GACETA, el ministro Pupilar y de la Defensa también ha sido denunciado por Martínez Romero y por Morales respecto de un segundo inmueble. Se trata del estacionamiento ubicado en Salta 260, en San Miguel de Tucumán. Y al respecto hay una doble objeción.
Por un lado, los denunciantes sostienen que una de las dueñas de esa propiedad, cuya locación se habría celebrado mediante una contratación directa, es empleada del Ministerio Pupilar y de la Defensa. “Esa ‘contratación directa’ se hace para ocultar maliciosamente que una de las propietarias del inmueble alquilado es Alejandra María del Carmen Lebrón de Rojas (…), quien es suegra de la secretaria institucional del Ministerio Pupilar y de la Defensa, María Laura Gutiérrez”, afirman.
Por otro lado, sostienen que en esa cochera están realizándose tareas de mejoras que no han sido declaradas en la provincia en ni autorizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El alquiler es para el estacionamiento de los vehículos de la dependencia judicial, se reconoce en la presentación judicial, según la Resolución 31/12 del 18 de enero de 2021. “Sin embargo, el ministro Pupilar y de la Defensa ordena que se ejecuten obras consistentes en refacciones, construcciones de oficinas y colocación de un nuevo techo, sin declarar todo ello ante el Tribunal de Cuentas”. Según los denunciantes, esto provoca “una erogación ilegal e innecesaria” al organismo judicial.
Sostienen Martínez Romero y Morales que estas presuntas obras serían realizadas “por integrantes de la empresa ACSO – Soluciones Técnicas de Calidad”. La firma, consignan, da a conocer públicamente que cuenta entre sus clientes al Ministerio Pupilar y de la Defensa.
Rechazo
Consultado por LA GACETA, Navarro Dávila explicó que se encuentra en San Juan, rechazó las acusaciones y anticipó que a su regreso se pondrá a disposición del fiscal para aportar todos los datos y demostrar que se trata de “una falsa denuncia”.
En fiscalía regional
Hay ciudadanos que ostentan cargos con privilegios procesales. Es el caso del titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa. En el Código Procesal Penal anterior (Ley 6.203), cuando esas personas eran denunciadas, el fiscal de turno debía hacer una investigación preliminar sumaria y, si había elementos, enviarla a un juez para que él investigara. El nuevo digesto (Ley 8.933) crea la figura del fiscal regional y le da la atribución de investigar a quienes gocen de privilegios procesales.
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