Contradijeron a su abogado y fueron detenidos

Contradijeron a su abogado y fueron detenidos

Dos hermanos fueron imputados por una serie de robos. Uno de ellos accedió a la domiciliaria, el otro fue trasladado al penal de Villa Urquiza

TODAS LAS PARTES. La Fiscalía pidió hacer una rueda de reconocimiento, por eso los rostros de los acusados salen difuminados.   TODAS LAS PARTES. La Fiscalía pidió hacer una rueda de reconocimiento, por eso los rostros de los acusados salen difuminados.

Los hermanos Carlos Rodrigo Palavecino y Domingo Balvín Palavecino fueron imputados por dos hurtos ocurridos en la zona del acceso este de capital; a uno de los acusados se le agregó la imputación por un asalto con arma blanca. Sus defensores habían preparado una estrategia, pero, al no seguir el consejo de la defensa de abstenerse a declarar, uno de los acusados habló y surgió una contradicción respecto a un video que podría probar su participación en los hechos.

Noche de delitos

Fueron tres los hechos que les acusó la fiscalía de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila. El auxiliar Miguel Esteban Fernández relató que el 21 de mayo a las 4 los dos hermanos ingresaron en una vivienda de Gobernador del Campo al 1.800. Carlos se encargó de trepar una tapia y hurtar un inodoro y una pileta para lavar ropa, su hermano lo ayudó a cargar el botín para el escape. Media hora después ocurrió el segundo hecho en Gobernador del Campo 1.600. Según la acusación, Carlos Rodrigo interceptó por detrás a una transeúnte y le apoyó un cuchillo en la garganta como amenaza para que le entregara sus pertenencias. Finalmente le robó el teléfono celular.

El último hecho ocurrió el mismo día, pero a las 14.40, cuando un hombre dejó estacionada su moto Gilera Smash en la esquina de Haití y Circunvalación. Allí, según la denuncia de la víctima, los hermanos se presentaron junto con un tercer cómplice y se llevaron el vehículo.

En consecuencia se imputó a ambos por hurto con escalamiento y hurto de vehículo, a Carlos además por robo con arma blanca, un delito que prevé una mayor pena en caso de que se lo encuentre culpable.

Los defensores Carlos Galíndez y Gustavo Estofán no se opusieron a la formulación de cargos. Tampoco a la legalidad de las aprehensiones. Los hermanos Palavecino -a su turno- se presentaron, reconocieron ante la jueza Isabel Méndez que sufren problemas de adicción y -ante la consulta de la magistrada- le manifestaron que tienen la intención de rehabilitarse.

Pruebas y cautelares

El auxiliar mencionó como pruebas la declaración de una de las víctimas que los habría reconocido por tratarse de sus vecinos. Indicó que también esa víctima habría presenciado el asalto ocurrido media hora después. La segunda víctima no conocía a quien lo asaltó pero brindó una descripción coincidente con Carlos Palavecino y su vestimenta. Por último, el dueño de la motocicleta declaró que a través del video de una cámara de seguridad reconoció a los hermanos entre el grupo que se llevaba su vehículo.

Fernández reconoció que hasta el momento no había podido obtener ese video de seguridad. Por otra parte, consideró que había elementos suficientes para entender que los hermanos no se someterían al proceso en libertad y que podría amedrentar a los vecinos para que no declaren en su contra. Por eso pidió la prisión preventiva por 45 días para ambos imputados.

Luego de oír el argumento fiscal, Estofan se opuso al pedido de prisión preventiva por considerar que no había pruebas suficientes como para pedir un arresto. “El ministerio Público Fiscal no trae ninguna prueba a esta audiencia más que la declaración de las propias víctimas. No proporcionaron testigos ni cámaras sobre los hechos. Se hizo allanamientos y no dieron positivos en casa de mis defendidos. No hay peligro de fuga porque no tienen recursos para irse a otro lugar”, argumentó. A su vez reiteró que no había ninguna objeción a las imputaciones, pero sí a la cautelar porque: “no hay ningún motivo válido para requerir una preventiva, no hay ninguna evidencia”. A su vez, cuestionó que no se haya ofrecido como prueba el video mencionado y solicitó medidas de menor intensidad.

El defensor Galíndez se adhirió al argumento de su colega y propuso: “creo que con una prohibición de acercamiento a las víctimas bastaría para continuar el proceso”.

En la réplica, el auxiliar fiscal contestó que no habían conseguido el video aún porque la investigación llevaba apenas 48 horas de desarrollo, pero que lo adjuntarían apenas lo obtuvieran. Hasta ahí quedaba la duda sobre la existencia del material fílmico.

“Vean el video”

Los defensores les habían recomendado a sus representados que se abstuvieran de declarar. Siguiendo ese concejo, ninguno de los hermanos cuestionó las acusaciones formuladas. La jueza les explicó que tenían derecho a preferir no hablar. Sin embargo, luego de que se pidieran las medidas cautelares, la jueza les consultó a los imputados si tenían algo para decir sobre ese planteo.

Domingo Balvín tomó la palabra y sintetizó: “yo sólo quiero que vean el video así vean que no tenemos nada que ver con todo esto”. De esa manera reforzó la idea de que pueda existir una grabación.

Resolución

La jueza Méndez tuvo en cuenta que la primera denunciante vive muy cerca de los acusados y señaló que las declaraciones coincidentes eran un indicio suficiente para esta etapa. En ese sentido, instó al MPF a conseguir rápidamente el video mencionado y a continuar con los allanamientos para localizar la moto y los demás elementos sustraídos. “Tengo en cuenta además que en el caso de Carlos la expectativa de pena es de cumplimiento efectivo si llega a ser declarado culpable en juicio. La situación de Domingo es un poco más leve, porque hablamos de un hecho menos”, sostuvo.

En consecuencia la jueza ordenó la prisión preventiva para Carlos Rodrigo Palavecino por 45 días y ordenó su traslado al penal de Villa Urquiza. A su vez ordenó la prisión domiciliaria para Domingo Balvín por el mismo plazo. Los hermanos se dieron un abrazo de despedida tras oír la decisión. Méndez además ordenó que sean trasladados de manera periódica a un hospital para iniciar una rehabilitación al consumo de drogas. Las tres partes aceptaron el fallo, no hubo impugnación.

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