Columna previsional: La movilidad que no alcanza

El Gobierno nacional recurrió, una vez más, al otorgamiento de bonos extraordinarios en los meses de abril y mayo para algunos beneficiarios del sistema.

Habiendo transcurrido los primeros meses de 2022 y debido a la pérdida que sufrieron los haberes previsionales ante la inflación del primer trimestre (comparado con el aumento que tuvieron en marzo por Ley de Movilidad), el Gobierno nacional recurrió, una vez más, al otorgamiento de bonos extraordinarios en los meses de abril y mayo para algunos beneficiarios del sistema.

Lamentablemente, y como y pasó durante los años 2020 y 2021, muchos jubilados y pensionados, al ser excluidos de la percepción de los bonos extraordinarios, quedaron con sus haberes deprimidos, producto de que los aumentos otorgados fueron por debajo del índice inflacionario de los períodos mencionados.

Otro escenario que se avecina es la próxima caducidad de la moratoria previsional, a través de la ley 26.970. Sucederá en julio de este año. Actualmente la ley sólo puede ser utilizada por las mujeres para completar años de aportes faltantes y acceder a la jubilación ordinaria (con varias limitaciones intrínsecas a la norma). Ya hay un proyecto de ley presentado que contempla la aplicación de la misma tanto a mujeres como a varones, es mucho más flexible y se estima que sólo en el primer año de aplicación unas 750.000 personas estarían en condiciones de jubilarse sin los aportes necesarios. Este proyecto de ley, en caso de prosperar, sería de aplicación por dos años.

Se estima que el costo fiscal extra para el Gobierno nacional sería de unos $ 481.000 millones; por ello los debates que se llevan a cabo actualmente son básicamente sobre esa erogación en las cuentas públicas que significaría esta modificación.

Sustentabilidad del sistema

Por otro lado, y precisamente a sabiendas de que el costo fiscal que insumen las jubilaciones y pensiones es elevado, ya que se trata de ciudadanos que adquieren derechos de manera vitalicia, y dado que la recaudación previsional resulta insuficiente para hacer frente al pago de los compromisos asumidos, ya se reformaron regímenes jubilatorios especiales como los de la Justicia y los diplomáticos, para limitar los haberes previsionales a pagar de cara al futuro; es decir a quienes se jubilen a partir de las reformas.

Alternativas de solución

Si bien es cierto que llegada una edad avanzada no debería dejarse a la población sin cobertura previsional y sobre todo médico-asistencial; habría que ir buscando alternativas a futuro (leyes que se proyecten y sostengan en el tiempo) donde el esfuerzo para acceder a una jubilación ordinaria sea compartido, y no sólo del Estado nacional (en los casos de trabajadores que no tengan empleo formal)

Es decir, quienes desarrollan actividades informales, más de cinco millones de habitantes, tendrían que asumir como propia la obligación del aporte previsional a un monotributo básico, a fin de planificar su jubilación; si no lo hicieran tendría que haber una exigibilidad del aporte al menos 15 años antes de cumplir la edad, tanto para trabajadores informales (sin registro de aportes), como para aquellas personas que no tienen empleo, pero sí capacidad de pago (de hecho lo vemos a diario, la mayoría puede realizar un aporte mínimo).

De ese modo el esfuerzo sería compartido, llegarían a la edad jubilatoria al menos con el 50% de los años de aportes necesarios, y el resto podrían completarlo con la moratoria previsional, abonando desde la jubilación ya otorgada las cuotas por los 15 años que no aportaron.

Por supuesto, continuaría la responsabilidad del Estado nacional para con todos aquellos ciudadanos que por sus condiciones de salud perciben pensiones no contributivas por discapacidad.

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