El legado de Pelli que no llega a concretarse

Las obras proyectadas para Tucumán por el consagrado arquitecto César Pelli deberán seguir esperando para concretarse. El diseño para remodelar la estación del aeropuerto Benjamín Matienzo ha sido desechado. En septiembre de 2019 la Nación anunció que estaba “frenado”, en nombre de que había quedado “chico” para la actividad que había ganado la aeroestación. A mediados de marzo de 2020 el Gobierno provincial anunció que la iniciativa quedaba descartada “por falta de fondos” y que se concretarían refacciones con un costo menor. Días después, la pandemia determinaría que la Argentina entrase en cuarentena estricta y los recursos tuvieron, como prioridad, la contención social por la crisis derivada del cierre de incontables actividades.

En cuanto al Centro Cívico proyectado como futura sede del Poder Ejecutivo, esta iniciativa (la “última voluntad” del célebre profesional para que la provincia contara con un aporte personal de su parte) sigue en pie y no ha habido anuncios cancelatorios. Pero las últimas noticias datan también de antes de la pandemia, y referían a que a mediados de 2019 se había ingresado en la fase final del diseño del anteproyecto. Se trata de una obra edilicia con una cubierta de 66.000 metros cuadrados brutos (44.000 m2 netos) con oficinas, tres auditorios, estacionamientos y locales comerciales, entre otra infraestructura.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta un inconveniente. Uno de índole constitucional. Cuando esté lista la obra no podrá mudarse allí al Poder Ejecutivo porque la construcción se erigirá en un predio de 17 hectáreas a la vera de la ruta 9, en la localidad de Los Pocitos, departamento Tafí Viejo. Y resulta que el artículo 2 de la Constitución Provincial establece: “Las autoridades superiores del gobierno tendrán su sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que es la capital de la Provincia”. La determinación de que el Gobierno provincial debe estar emplazado en San Miguel de Tucumán es taxativa.

Esta norma pétrea colisiona contra las tendencias modernas para descomprimir el centro de las grandes ciudades mudando las sedes de los gobiernos a las afueras o, directamente, a otros distritos. Hay provincias vecinas, como Salta, que han concretado estas verdaderas reformas estructurales y que han recuperado el centro de sus capitales para la actividad comercial y turística.

En Tucumán, por el contrario, el centro de San Miguel de Tucumán es a diario el epicentro físico donde se concretan manifestaciones de protesta, con la consecuente interrupción del tránsito y el caos para la circulación peatonal, porque los tres poderes del Estado provincial funcionan allí.

El corset legal que impide “sacar” el Gobierno de la Capital sorprende porque su inflexibilidad contrasta con la juventud del texto constitucional: en 2006 se concretó la última reforma. Lo cual prueba la falta de una visión previsora y planificada respecto de la provincia por parte de quienes concretaron la reforma. O, en su defecto, que la prioridad de la reforma estaba puesto en los institutos políticos, como la reelección consecutiva, y no tanto en el capítulo de declaraciones, derechos y garantías de la Carta Magna.

Las limitaciones de la Ley Fundamental, por cierto, se han visto cristalizadas en las sucesivas declaraciones de nulidad e inconstitucionalidad de numerosos institutos. Por ello, de avanzar con la mudanza de las sedes de las “autoridades superiores” fuera de San Miguel de Tucumán, el desactualizado cepo constitucional del artículo 2 bien podría ser otra norma constitucional por objetar e impugnar. Sobre todo si ello redundará en una nueva dinámica para la capital de los tucumanos. Y, además, permitirá cumplir plenamente la última voluntad de un tucumano que ha hecho historia.