Imputan a un rondín por llevar ilegítimamente un arma

Por tratarse de un delito menor, el acusado afrontará el proceso en libertad bajo fianza. Persiste la brecha entre las agencias de seguridad privada reglamentadas y las truchas

TODAS LAS PARTES. La audiencia judicial se desarrolló vía zoom y duró un poco más de 20 minutos.  TODAS LAS PARTES. La audiencia judicial se desarrolló vía zoom y duró un poco más de 20 minutos.

Un rondín que había sido sorprendido por la Policía con un arma de fuego fue imputado ayer por portación ilegítima. El hecho puntual, según relató la auxiliar Andrea Carlino, de la Fiscalía de Flagrancias V, ocurrió el viernes por la tarde, cuando personal de Digedrop recorría la zona sur de la capital. En Américo Vespucio al 2.800 los efectivos se acercaron a dos personas “en actitud sospechosa, y que aparentaban estar intercambiando algo”. Al interceptar a los sospechosos descubrieron que uno de ellos, Iván Hugo Chalupe, llevaba en la cintura un arma de fuego calibre 32, la cual no pudo acreditar que le perteneciera. El hombre fue aprehendido hasta ayer, cuando recuperó la libertad bajo fianza.

Al presentarse ante la jueza Carmen Rosa López en la audiencia, Chalupe explicó que se dedicaba a hacer seguridad barrial (los rondines no tienen permitido portar armas en la vía pública si no son miembros de la fuerza de seguridad) y que con ese trabajo mantenía a su familia. Por consejo del defensor oficial Fernando Zóttoli el imputado optó por no declarar sobre los hechos que se le endilgan.

Medidas leves

El defensor no se opuso a la legalidad de la aprehensión ni a los cargos formulados. A su turno, la auxiliar Carlino solicitó medidas de menor intensidad por tratarse de un delito de escala penal baja. En ese sentido, la jueza López aceptó que Chalupe afronte el proceso en libertad siempre y cuando cumpla con todas las citaciones a audiencia, además de fijar domicilio fijo y de cumplir con una caución de $ 40.000 para garantizar que quede ligado al proceso. La madre del acusado será la fiadora.

Los servicios privados

Por la inseguridad y ante imposibilidad de la Policía de poder estar en todos lados, los vecinos de distintos barrios comenzaron a contratar servicios de seguridad privada. El servicio legítimo es brindado por empresas reglamentadas que conforman la Cámara de Seguridad Privada. Sin embargo en los sectores más carentes de las ciudades se brindan servicios por parte de agencias irregulares. “El problema es que acá la gente no puede contratar el servicio. La realidad es que la Policía no pasa mucho por estas calles y hay chicos que se ofrecen a cuidar la cuadra. Es lo que podemos pagar, los ‘pititos’ como se les llama. Entre tres o cuatro vecinos los contratamos porque en la cuadra algunos dicen sí pero después no pueden pagar. Con una agencia te atrasás en el pago y te levantan el servicio”, lamentó Esteban Medina, vecino de Villa Amalia.

Justamente el 9 de abril en ese barrio ocurrió el crimen de Ramón Antonio Gerez, uno de los vigías barriales “pititos” que fue asesinado cuando perseguía en moto a tres delincuentes armados. En ese momento los vecinos reclamaron en una entrevista con LG Play que se debía buscar una forma de que este personal fuera auxiliar de la Policía. “Son cuidadores barriales y están desprotegidos totalmente. Al ministro de Seguridad le pedimos que se conecte con ellos y les dé recursos. No pueden portar armas pero si Ramón hubiera tenido un chaleco se salvaba”, dijo Manuel Díaz.

Otra perspectiva

“Es correcto el procedimiento de la Policía, si no están autorizados deben volver a casa. Se trata de personas que llevan años funcionando clandestinamente y que no cumplen con los requerimientos que exige la actividad. No se puede dar autorización a un trabajo informal”, aseguró en su momento Víctor Aráoz (fallecido en 2020), presidente de la cámara que nuclea a las empresas de vigilancia privada, cuando La GACETA le consultó por caso similar en el que se aprehendió a otro rondín.

Aseveró además que la diferencia económica no es tanta y que el personal contratado está cubierto con ART y obra social. “Tucumán es una plaza donde podrían trabajar 10.000 personas dentro de la actividad, y sin embargo hay solo 2.000 que lo hacen de forma legal”..

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