Caso Verón: una bisagra en la historia criminal de Tucumán

“Acá hay una realidad, pero a muchos no les conviene verla”, sostuvo Susana Trimarco en abril de 2007, cuando se cumplían los cinco años de desaparición de su hija María de los Ángeles Verón. “Hay que desarmar los negocios de la mafia”, añadió durante una entrevista publicada por LA GACETA. En esos días sus palabras no encontraban tanto sustento. Sin embargo, con el correr de los años, y con las condenas que se impusieron en diferentes procesos, los tucumanos abrieron bien los ojos para ver lo que ocurría en las calles de la provincia: organizaciones que funcionaron durante décadas con apoyo político, judicial y policial.

La punta del ovillo fueron las redes de trata de personas con fines de explotación sexual, que siempre existieron en Tucumán pero fueron creciendo de manera notoria. Porque de la mano de la prostitución desarrollaron otras actividades ilegales. Primero se trató del negocio de las “maquinitas” de juegos de azar y después, el tráfico de droga. Ese “boom” delictivo comenzó a cobrar fuerza a mediados de los 80, tuvo su auge en los 90 y siguió hasta que el caso Verón visibilizó todo. Ya nadie discute que la saga de Marita fue una bisagra en la historia del crimen en la provincia.

Los hechos

Los ataques y robos relacionados con las famosas maquinitas de juego fueron noticia durante mucho tiempo, hasta que su explotación quedó legalizada. La muerte de una promesante salteña frente al bar Las Vegas y el cruento ataque en el que fue asesinado el oficial Juan Salinas se transformaron en claros ejemplos. El policía fue acribillado con una ametralladora cuando se encontraba junto a Ángel “El Mono” Ale. Lo había citado para avisarle que el Comando Atila pretendía matarlo.

Por el homicidio se iniciaron dos causas: la del crimen, en la que fueron acusados y procesados miembros de un grupo parapolicial; y otra en la que se imputó a varios miembros de la familia Ale por portación ilegal de armas. Sucedió mientras cuidaban a Ángel Ale, sobreviviente del ataque que había terminado con la vida de Salinas en 1993.

Todos los integrantes de la familia Ale terminaron absueltos; solo fueron condenados allegados. En el caso del grupo parapolicial, a partir de una polémica resolución, la Justicia desestimó el trabajo que habían realizado los fiscales Esteban Jerez y Gustavo Estofán y ordenó que Carlos Albaca hiciera una nueva investigación. El caso quedó impune por prescripción. Después se sabría que el ex gobernador Ramón Ortega habría llegado a un acuerdo: les habría prometido frenar la pesquisa en su contra si ellos se retiraban de la Policía. Y eso es lo que finalmente ocurrió.

Opiniones

José Vitar, histórico dirigente del justicialismo, fue uno de los primeros que puso el tema en el centro de la escena a fines de los 80 y principios de los 90. Junto al ya fallecido Gumersindo Parajón eran legisladores y empezaron a denunciar la existencia de los grupos mafiosos en la provincia.

“A partir del crimen de Los Gardelitos, comencé a percibir que había una sorda puja por el manejo de las máquinas de juegos de azar, antes y después de su legalización. Me di cuenta de que estos grupos venían ganando espacios con la complicidad del poder político”, expresó Vitar en una entrevista con LA GACETA. “No hay dudas de que hubo un avance muy grande de estos sectores que mezclaban lo lícito con lo ilícito. Se produjeron expresiones muy violentas que tenían que ver con el juego de azar, ilegal por un momento y legal después, y que se mezclaban con la prostitución y la droga”, añadió.

“Fue una especie de combo”, definió Jorge Lobo Aragón, que como fiscal primero y como juez de instrucción después atendió los “avances importantes” de estos grupos. “No tengo dudas de que el caso Verón terminó de demostrar a los tucumanos la existencia de grupos organizados que estaban vinculados a la prostitución, al juego ilegal y a las drogas”, señaló el ahora abogado particular. “Se sabía del poder de los Ale, pero también se conocía de las actividades de los Atila. En un principio se pensó que eran grupos que, de alguna manera, convivían en el mismo territorio”, explicó.

“Pero el crimen de Salinas lo cambió todo. Para algunos, el hecho de que el ‘Mono’ Ale haya sobrevivido a semejante balacera era un claro indicio de que tenía algún nivel de protección. Pero, al mismo tiempo, nunca se entendió por qué los familiares del sobreviviente se instalaron en la zona del sanatorio, donde estaba armado un verdadero arsenal. ¿Qué era lo que estaban esperando o qué pensaban que podía ocurrir? Más allá de todas las dudas, lo único cierto es que después de ese ataque nada más pasó. Si hubo un pacto, no se conoció”, advierte Lobo Aragón.

“No tengo dudas de que todos los tucumanos teníamos conocimiento o sabíamos por referencias que los Ale formaban parte de un grupo con tinte mafioso en la provincia. Era evidente además que tenían un importante vínculo político, primero con el radicalismo y después con el peronismo”, explicó Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles Verón. “Susana (Trimarco) denunció públicamente al grupo y después, con los elementos que surgieron en el juicio de 2012, presentó una formal demanda ante la Unidad de Información Financiera (UIF) que terminó en condenas. Ella hizo lo que nadie se había animado a hacer, ni siquiera (Antonio) Bussi, que puso una topadora en las escalinatas de la Casa de Gobierno y nada más”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

Acusaciones

Trimarco también disparó munición gruesa contra funcionarios del oficialismo. Acusó al ex gobernador Julio Miranda, al dirigente Antonio Guerrero, al actual presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y al ex subsecretario de seguridad, Julio Díaz, de haber tenido fuertes vínculos con el clan Ale antes, durante y después de haberse iniciado la investigación por la desaparición de su hija Marita. Y una de las principales razones por las que los acusó formalmente fue por haber llegado a un extraño acuerdo con los miembros de una organización que luego sería condenada por lavado de activos proveniente de usura, extorsión, explotación económica del ejercicio de la prostitución y comercio de estupefacientes.

El acuerdo se firmó en 2000 en Casa de Gobierno. De un lado, en representación del PE provincial se encontraban el ministro de Gobierno y Justicia, Miguel Nazur, el subsecretario de seguridad, Díaz, y el jefe de Policía, Alberto Kaleñuk. Del otro, “La Chancha” Ale. Los participantes firmaron un acuerdo que establecía que los conductores de los vehículos que trabajaban para la remisería Cinco Estrellas actuarían de veedores en las calles de la provincia. En esos días, la empresa contaba con unos 5.000 autos con radios. Según las explicaciones de los funcionarios, ellos podrían colaborar en algunas situaciones, especialmente en la desaparición de ciudadanos. Trimarco no se quedó callada y señaló que se le había dado el poder de búsqueda de personas a un grupo que -como se confirmaría- había estado vinculado a una red de trata.

“No entiendo cuál fue el motivo por el cual la señora Trimarco salió a cuestionar públicamente a los funcionarios del Gobierno. Miranda siempre nos ordenó que diéramos total colaboración en todo lo que hiciera falta para que se encontrara a la joven Marita Verón”, aclaró Manuel Pedernera, que se desempeñaba como ministro de Gobierno y Justicia en esos días. “Recuerdo claramente que se hizo un enorme esfuerzo para enviar comisiones policiales a La Rioja en reiteradas oportunidades, a Río Gallegos, a Santiago del Estero, a Catamarca y a Córdoba, entre otras provincias. El PE sí estuvo a disposición de todo lo que quería. Y cuando comenzaron a escucharse sus denuncias, no dudamos en ponernos a disposición de la Justicia, que nunca llegó ni a citarnos para que aclaremos nuestra situación”, agregó el ahora abogado particular durante una entrevista con LA GACETA.

Pedernera subrayó que en varias oportunidades había recibido a Trimarco y a Daniel Verón. “La mayoría de las veces fueron encuentros para hablar sobre la búsqueda y pistas que surgían. Pero hubo un encuentro que marcó un quiebre -relató-. Un día me pidió audiencia David Catalán, que era la pareja de Marita. Se presentó con su suegro para solicitarme uno de los 600 puestos de agentes para la Policía. Me negué a hacerlo”.

Otra mirada

“El clan Ale no podría haber sostenido sus actividades presuntamente delictivas durante casi tres décadas sin una red de protección tejida sobre hilos que se tendían en la Justicia, el poder político y las fuerzas de seguridad. Esa es una de las caras de la causa que se traslucirá durante el juicio inédito que comenzará en el Tribunal Oral Federal (TOF) local. Al menos, así lo sospecha el fiscal federal Pablo Camuña, quien actuará junto al fiscal Agustín Chit (ad hoc) en representación del Ministerio Público Fiscal”, escribió Gabriela Baigorrí al anunciar en diciembre de 2016 que se estaba por realizar uno de los debates más importantes de la historia.

Ese juicio, que terminó en condena para los líderes e integrantes del clan Ale, fue una continuidad de lo que sucedió en la Justicia ordinaria. Trimarco denunció en la Unidad de Información Financiera al grupo por su patrimonio. Y los investigadores utilizaron muchos de los indicios que habían surgido de aquel debate oral que terminó en absolución. Hasta se repitieron varios testimonios, especialmente, de las víctimas de explotación sexual.

Los acusadores jugaron un papel preponderante en el proceso, que sólo tuvo en cuenta los movimientos económicos del clan desde 2011 hasta el inicio de la pesquisa, en 2013. “No hay posibilidad de mantenerse en una posible actividad ilícita tanto tiempo sin tener esa vinculación. Una etapa natural de cualquier organización criminal es generar vínculos que le garanticen continuar con su negocio. Hay un momento en la evolución criminal en la que los necesitan”, expresó Camuña. Chit consignó testimonios y documentación referidas al sistema político y al judicial, a la Policía provincial y a Gendarmería: “en la macrocriminalidad aparecen (estos vínculos) constantemente. No hay red de esta magnitud si no es mediante esos lazos. Hay un policía imputado. Por eso pedimos que la Policía no intervenga en la citación de testigos”.

Camuña destacó entre las pruebas los informes contables obtenidos en los allanamientos, pericias, escuchas y testigos reservados. “Es un cuadro probatorio extenso. Hay que saber leerlo para ver qué nos dice sobre el grupo”, expresó. Chit agregó que habían requerido prueba, más allá de la que venía de la etapa de instrucción a cargo del fiscal federal Carlos Brito.

Los acusados señalaron que la causa había sido armada y que eran víctimas de una persecución política ideada por Trimarco y ejecutada por funcionarios del kirchnerismo. Pero las pruebas que analizaron los acusadores fueron cuantiosas. Se necesitaron dos camiones para trasladarlas al Tribunal Oral Federal. Esa especie de mudanza fue clave para que se condenara a los acusados.