31 Marzo 2022
CAMBIO LEGISLATIVO. Amplio consenso político por una nueva ley.
Un abordaje innovador e integral en la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de trasmisión sexual (ITS) es el eje de un proyecto de ley consensuado con amplio respaldo de las bancadas parlamentarias, funcionarios nacionales y organizaciones sociales, que fue presentado en la Cámara de Diputados con el compromiso de debatir y sancionar la norma el próximo mes.
La iniciativa implica un cambio de estrategia para abordar estas enfermedades, sin color político ni rivalidades de grupo ideológico. Su aprobación implicará una necesaria y profunda actualización de las normas vigentes sobre VIH, que tienen ya 30 años. Aparte de la trascendencia de una revisión de esta naturaleza, los cambios sociales y culturales también están registrados en la nueva norma, que va más allá de la mera atención en términos de cobertura de salud, ya que aborda conceptualmente la discriminación sobre quienes padecen alguna de las afecciones que trata el texto.
Que la propuesta haya alcanzado el centenar de firmas no sólo asegura su tránsito parlamentario, sino que implica un cambio de dinámica en torno a lo que venía pasando, ya que hubo cuatro intentos anteriores de modificar la legislación que cayeron por haber perdido estado parlamentario.
La moción consensuada determina el acceso a la salud, tanto pública como privada, y establece que las instituciones están obligadas a brindar una “asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis”.
En ese sentido, se mantiene que toda prueba de detección de una enfermedad deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. En su articulado se plantea la promoción de la capacitación, la investigación y la difusión de campañas masivas sobre esas patologías, que tiendan a la concientización y a la prevención.
Organismos y pensiones
También se dispone la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, la que estará en el futuro integrada por representantes de organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo específico en los temas que se abordan en la próxima ley. Su integración garantizará la representación federal y de géneros, para una cobertura amplia de los postulados que se van a aprobar.
Otro organismo a crearse es el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, que tendrá la misión institucional de “visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas” por estas patologías. Esta oficina funcionará dentro del organigrama del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
Además se definirá la creación de un régimen de jubilación especial y de una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes sean portadores de VIH o de hepatitis B o C, de carácter excepcional y que cubrirá especialmente a se encuentren en situación de vulnerabilidad social. La previsión es que quien tenga 50 o más años y acredite al menos 10 años desde el diagnóstico de algunas de esas enfermedades y 20 años de aportes jubilatorios, podrán solicitar el beneficio.
Respaldos
La norma tuvo el aval de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, más allá de los acuerdos políticos alcanzados, incluyendo sociedades científicas, clubes deportivos, sindicatos y empresas que adhirieron a los postulados, según anunció el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH y Hepatitis virales, impulsora de una campaña de recolección de respaldos.
“Cada día que pasa que este proyecto no es ley, mueren 13 personas por causas relacionadas al Sida o a las hepatitis virales. No hay más tiempo, tiene que convertirse en ley; no hay nada que esperar, ya que se debatió lo suficiente, nos costó muchas vidas de amigos y compañeros que quedaron en el camino de esta lucha”, reclamó Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo.
El Representante Regional de ONUSida para la Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, Alberto Stella, respaldó la iniciativa. “Este proyecto podría volver a poner a la Argentina a la vanguardia del compromiso con la universalidad de los derechos humanos. Estamos ansiosos por salir a mostrarle al mundo que una ley de estas características es posible”, subrayó.
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