La caída del "Malevo": indicios que se transformaron en sólidas pruebas

La fiscala Silvana Sánchez Tardán tenía los indicios suficientes para mantener a Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra y a sus ocho subalternos tras las rejas. Pero había llegado el tiempo de elaborar la teoría del caso y después probarla. Lo que parecía sencillo podía ser complicado. Pese a la interna que se desató en la fuerza, el mundo azul estaba del lado del ex jefe de la Brigada de Investigaciones y la sociedad pensaba, al igual que ahora, que ese hombre de camisa negra, con sombrero blanco y látigo en la mano era responsable de mantener en línea a los delincuentes, cuando en realidad, escudándose en una chapa policial, al menos en este caso, se probó que violó la ley en nombre de ella.

La declaración del agente Luis Dino Miranda fue el punto de partida del caso. Sánchez Tardán no sólo se quedó con esas palabras, sino que hizo el recorrido que le dio el testigo clave para confirmar esa versión. Primero estuvo en Laguna de Robles, donde encontró evidencias para probar que habían querido matar al policía arrepentido para que la versión del supuesto enfrentamiento sea creíble. Después se trasladó a la ciudad salteña de Güemes donde confirmó que los asaltantes habían sido detenidos por Ferreyra y sus hombres en un procedimiento realizado en las calles de esa ciudad. Se entrevistó con el juez de esa ciudad Carlos Badano quien reconoció que él había estado al tanto del procedimiento porque había sido “El Malevo” que se lo había informado. Por último, en la sede de la Brigada de esa localidad, quedó registrado el ingreso y egreso de los arrestados. Con esos elementos, no quedaban dudas de que José Adolfo “Coco” Méndez, Hugo José “Yegua Verde” Vera y Enrique “El Pelao” Andrade no habían protagonizado ningún enfrentamiento, sino que habían sido ejecutados cuando eran trasladados a la provincia por esa comisión policial en la madrugada del 10 de octubre de 1991.

La fiscala consiguió con esos indicios que la jueza Liliana Vitar ordenara su detención. Esa fue la última gran intervención de Sánchez Tardán. La investigadora se presentó el 7 de diciembre de 1991 en el despacho del ministro de Gobierno, José Ricardo Falú, con el rostro pálido y muy nerviosa. A esas horas tomaba fuerza la versión de que desconocidos habían ametrallado el frente del edificio. Al salir de la reunión con el funcionario, que era la mano derecha de Ramón “Palito” Ortega, desmintió esa información, pero inmediatamente quedó afuera de la causa del triple homicidio. Su lugar fue cubierto por sus pares Eudoro Albo (actualmente integra el Colegio de Jueces de Impugnación) y Jorge Lobo Aragón, que al ser ascendido a juez de instrucción al poco tiempo, fue reemplazado por Horacio Villalba.

La estrategia defensiva

Ferreyra, el comisario Juan Sotelo, los oficiales Carlos Antonio Correa, Emilio Herrera y Juan Hermosa, el sargento Juan Vairetti y los agentes José Agustín Tula, José Brito y René Albornoz se presentaron todos juntos el 9 de diciembre. Sus abogados, Juan José Reyven y Horacio Guerineau, solicitaron que la causa fuese investigada por el fiscal Ramiro Vargas Nieto, que se encontraba de turno cuando se registró el hecho. El interés de los defensores era obvio: él no había encontrado ninguna irregularidad en el supuesto enfrentamiento. Pero el tiempo demostraría que su investigación estuvo detonada por las irregularidades que cometió. Fueron tan graves los errores que hasta se llegó a pensar que podría haber recibido una orden de Casa de Gobierno para que dejara las cosas como estaban. El “Malevo” era el “policía” mimado del interventor Julio César “Chiche” Aráoz y de su ministro de Gobierno, Ronal Bradis Troncoso.

La jueza Vitar ordenó la incomunicación de los nuevos imputados, es decir, que no podían mantener contactos entre ellos. Los de mayor rango tuvieron ciertos beneficios al ser trasladados a los lugares más cómodos. Ferreyra fue encerrado en la Escuela de Policía y Sotelo, en la Dirección General de Bomberos. Los otros siete acusados fueron llevados a distintas dependencias policiales donde compartían encierro la mayor parte del día con delincuentes comunes. Algunos sostienen que se trató de una treta de las autoridades para presionarlos de alguna manera con el objetivo de romper ese pacto de silencio que existía entre ellos. El plan fracasó.

Durante varios días, los imputados fueron interrogados por los fiscales. Y siempre escucharon la misma versión: los asaltantes habían muerto en un enfrentamiento que se dio en un operativo que se realizó para detenerlos. Una y otra vez los funcionarios judiciales escucharon decir que el personal de la Brigada se había instalado en ese lugar porque habían recibido la información de que regresarían a la provincia por ese camino en un Fiat blanco. Declararon además que en la madrugada de ese día, al descubrir que se aproximaba un vehículo de esas características, le ordenaron que se detuviera. Pero lejos de hacerlo, sus ocupantes pretendieron abrirse paso disparando sus armas y allí se inició el mortal intercambio de balas. Hubo un avance en la ronda de declaraciones: Ferreyra reconoció que él fue quien disparó una ráfaga de tiros con un fusil FAL.

Complicados

“Fue una investigación complicada por todo lo que significaba. Tanto fue así que decidimos que Jorge (Lobo Aragón) sea el encargado de informar diariamente a la prensa lo que estaba sucediendo y así logramos tener más tranquilidad para investigar”, explicó Albo. En ese tiempo, diariamente se producían protestas de tucumanos que exigían la liberación del “Malevo” y sus hombres. Los familiares hasta llegaron a instalarse en una iglesia para exigir que sean liberados de manera inmediata porque ellos sólo habían cumplido con su deber y que sólo eran víctimas de una denuncia inventada por policías corruptos.

“Lo primero que hicimos es darle un marco legal a toda la información que había conseguido Sánchez Tardán”, comentó Albo. El actual juez de impugnación recordó que fueron cuatro puntos los que le permitieron sostener la acusación. La primera prueba contundente surgió del puesto de peaje en el norte de la provincia por un tecnicismo. Las fuerzas de seguridad están exentas del pago, pero deben registrarse. Y todos los acusados aparecieron pasando por el lugar el día anterior del triple crimen. Después sumaron el testimonio de un playero de una estación de servicios que los vio deteniendo a los tres asaltantes. En la sede de la Brigada de Investigaciones de Güemes sumaron las declaraciones de efectivos que confirmaron que los sospechosos estuvieron alojados allí y que fueron retirados por sus pares tucumanos. Por último, el magistrado salteño que intervino también dijo que el “Malevo” y su gente estuvieron realizando gestiones por los detenidos.

“Nuestra teoría siempre fue que los policías fueron a buscar a los acusados, los atraparon, los trajeron por una ruta en la que no había controles y los ejecutaron en un lugar alejado y a la madrugada para que nadie los viera”, explicó Albo en una entrevista con LA GACETA. Una vez más, las tácticas ilegales de Ferreyra habían quedado al descubierto.

Hubo otras situaciones particulares en la investigación. “Tuvimos serios problemas para identificar a Andrada. Él había sido encontrado varios días después del crimen. Los animales rapaces y las alimañas no dejaron casi nada de su cuerpo. Sabíamos que a esa persona la habían matado de un disparo en la cabeza, pero no podíamos identificarla porque en esos días, sólo conocíamos por noticias lo que era una pericia genética”, señaló. “Recurrimos a los servicios de una odontóloga forense que comparó su dentadura con la de una ficha odontológica que se hizo en el penal de Villa Urquiza cuando estuvo detenido. Después, una artista plástica, especialista en escultura, reconstruyó la cara con la que se terminó de confirmar que era él”, explicó.

El ex fiscal también consideró que las pericias balísticas que realizó Osvaldo Terraza fueron clave. “Fundamentalmente se comprobó que los disparos habían sido realizados a muy corta distancia, es decir, que no hubo ningún enfrentamiento, sino una ejecución”, explicó. Justamente en el marco de esta prueba se generó una polémica. En febrero de 1992, LA GACETA daba cuenta de que dos proyectiles extraídos del cuerpo de “Coco” Menéndez habían desaparecido. El faltante fue descubierto por el defensor Reyven, a quien inexplicablemente un funcionario judicial le había prestado el expediente. Se iniciaron sumarios y una investigación, pero los elementos aparecieron rápidamente: estaban en la división Criminalística de la fuerza.

Las dudas

El 28 de septiembre de 1992, los fiscales Albo y Villalba pidieron que todos los policías fueran enjuiciados por triple homicidio calificado y tentativa de homicidio en contra de Ferreyra y Sotelo por haber intentado asesinar a Miranda. Pero el testigo clave también fue acusado de encubrimiento, ya que estuvo más de un mes sin denunciar el hecho ante las autoridades. Con el tiempo, el testigo arrepentido fue sobreseído por un tribunal superior. En esa instancia también eliminaron la segunda imputación que le habían realizado los investigadores en contra de Ferreyra y Sotelo.

Pero entre los acusados había dos hombres que, según la opinión de los investigadores, no habrían tenido nada que ver y se “la comieron de arriba”. Uno de ellos fue el agente Albornoz, que era el chofer del auto del “Malevo”, que nunca se bajó del vehículo que quedó estacionado a varios metros de donde ejecutaron a los acusados de robo. El otro, el oficial Hermosa, que tampoco habría participado en la masacre. Los dos quedaron “pegados” en la causa por dos razones: firmaron el acta donde se reportó el hecho y por haberse mantenido en silencio. “Si hubieran declarado, podrían haber recibido una condena por encubrimiento”, señaló un ex compañero de ellos.

Esa versión fue confirmada por el fiscal Albo y su par Marta Jerez, que llevó adelante la acusación de los policías en el juicio. Ambos funcionarios judiciales coincidieron en señalar que varias veces les dieron la oportunidad para que contaran lo que había sucedido, pero nunca lo hicieron. “No sé si fue por una cuestión de fidelidad hacia su jefe o por temor a sufrir la represalia. No querían terminar como Miranda, que tuvo varios problemas de salud”, explicó el fiscal en una entrevista con LA GACETA.

Albornoz, que trabaja como colaborador de varios estudios jurídicos, prefirió no hablar del hecho en sí, pero comentó varios aspectos desconocidos del caso. Hermosa, en prisión, comenzó a estudiar Derecho y actualmente ejerce como abogado penalista. Sigue firme en su postura de no decir ni una palabra de lo que ocurrió esa madrugada de octubre de 1991.