LA VÍCTIMA. El trabajador rural Luis Armando Espinoza.
El crimen del trabajador rural Luis Armando Espinoza, uno de los casos de violencia institucional más resonantes de los últimos tiempos, volverá a fojas cero. Tres jueces de la Cámara de Casación Penal ordenaron que la causa fuera resuelta por la justicia federal, por lo que el proceso se deberá iniciar nuevamente. En la justicia ordinaria, que no podrá intervenir más, se esperaba fecha de inicio de debate.
Espinoza fue asesinado de un disparo en la espalda el viernes 15 de mayo de 2020, en medio de unos incidentes durante una carrera cuadrera ilegal en la localidad de Melcho. Los sospechosos mantuvieron oculto el crimen e intentaron hacer creer que el fallecido se había ocultado en el monte. Luego, de acuerdo con la investigación, llevaron el cuerpo hasta la comisaría de Monteagudo y finalmente lo arrojaron por un precipicio, en Catamarca, donde fue hallado tras una intensa búsqueda.
La fiscala Mónica García de Targa había imputado a los policías Rubén Montenegro (subcomisario), José Morales (oficial), Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya por el delito de privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona. Dicha condición no alcanza al décimo involucrado, Fabio Santillán, ya que si bien es vigía ciudadano, no forma parte de la Policía.
Al haber entrado en vigencia el nuevo código procesal penal en la provincia, el expediente pasó al régimen conclusional. El fiscal Carlos Sale, en abril del año pasado, solicitó que sea elevada a juicio. El expediente terminó en poder de la Sala I que estaba cumpliendo con todos los pasos procesales para que el debate se realizara antes de fin de año.
Sin embargo, el abogado monterizo José Luis Robles, defensor de Zelaya, solicitó que el caso fuese tratado por el fuero federal al habérsele imputado el delito de desaparición forzosa que debe ser investigado por ese fuero. El fiscal Pablo Camuña y el juez federal Fernando Poviña se opusieron. El planteo llegó a la Cámara Federal, pese a que el fiscal Gustavo Gómez le dio la razón al pedido, también lo rechazó.
Gómez y Robles decidieron ir a casación y, pese a que el defensor desistió de seguir con el planteo, el representante del ministerio público fiscal continuó. El tribunal, integrado por Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, ordenaron el miércoles que el expediente sea llevado adelante por el fuero federal. Después de que este fallo quede firme, hay una sola vía para recurrir: plantear la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trámite que puede durar entre dos y tres años.
Ahora, si no se cumple con ese trámite, el caso pasará a manos de un fiscal federal que deberá realizar una nueva acusación en contra de los imputados. Luego deberán ser llamados a declarar nuevamente y, finalmente, se definirá si son procesados o no. Este trámite duraría varios meses. Todos los acusados están próximos a cumplir dos años de prisión preventiva, por lo que deberían seguir el proceso en libertad. Además, como ninguno de los uniformados recibió una pena en su contra, estarán en condiciones de pedir su reincorporación a la fuerza.
Los allegados a la víctima y los defensores se mostraron sorprendidos por la resolución, ya que esperaban con ansiedad el inicio del juicio. Hasta tanto no sean notificados del fallo, decidieron no hacer declaraciones.
