CONTUNDENTE. El cartel advierte de la prohibición; pero además se está cuidando que se cumpla la norma. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ
“Desde el inicio de los controles durante las 24 horas, ya se labraron más de 120 actas y las multas van desde los $7.000 a los $15.000, dependiendo la gravedad de los hechos”, explicó el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, a propósito de la disposición de multar a quienes arrojen residuos en la vía pública, que se aplica desde comienzos de febrero.
Compromiso ambiental
Noguera y sus funcionarios describieron que el municipio de Tafí Viejo se caracterizó por ser pionero en la adopción de políticas públicas para la preservación ambiental. Y esta nueva ordenanza, que alcanza tanto a residentes como visitantes, llegó para funcionar en complemento con otras acciones que vienen impulsando para alcanzar el objetivo de una ciudad más limpia. En la intendencia sostienen que la higiene y conservación de la ciudad forman parte de la identidad y compromiso ambiental que poseen los taficeños.
El intendente sostuvo que el año pasado sancionaron un Código Ambiental en donde está dispuesto que a ese tipo de inconductas le corresponde una penalidad económica. “Para poder aplicar una multa de esta envergadura es necesario contar con políticas ambientales que nosotros tenemos y disponer de los dispositivos adecuados para que la gente no arroje los residuos a la calle. No solamente tenemos un servicio de recolección diferencial sino también contamos con puntos verdes. No hay ninguna razón para que los vecinos no procedan como corresponde”, señaló.
65 puntos verdes
El servicio diferencial abarca tanto residuos secos como húmedos. Funciona a través de la clasificación de origen, ya sea metal, cartón o papel. Además, cuentan con 65 puntos verdes distribuidos por la ciudad, donde el vecino puede llevar sus residuos y depositarlos en distintos contenedores de acuerdo a la naturaleza del material. Luego se trasladan hacia el CIAT (Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico) donde se los somete a un proceso de recuperación de tratamiento y finalmente se comercializan en distintos puntos del país. Todo este proceso implica una Economía Circular, cuya finalidad es fomentar la dinámica económica del municipio ya que los mismos empleados participan por medio de las cooperativas.
Noguera plantea que se debe reemplazar el concepto de basura por residuo: “todo tiene valor residual. Y con cada residuo nosotros llevamos adelante una política ambiental. Tenemos un destino funcional para ellos. No es razonable que habiendo hecho esta inversión de infraestructura y de políticas públicas ambientales el municipio tenga que seguir limpiando las calles de las personas que desaprensivamente siguen arrojando basura en la vía pública, especialmente en los accesos de la ciudad”, afirmó.
Dijo que hasta el momento no tuvieron quejas ni manifestaciones en contra de la ordenanza. Sin embargo, entiende que “no es simpático recibir una multa por ensuciar la ciudad; pero está legislado en el Código Ambiental: este tipo de conductas no corresponden”.
Julio Díaz, secretario de Control y Convivencia Ciudadana, explicó que la inspección funciona a través de un sistema combinado entre la Guardia Urbana Municipal, con un despliegue operativo para identificar los espacios donde haya disposición de residuos, junto con la presencia de los inspectores de la Dirección General y desde allí labran las actas de infracciones, para luego ser derivadas al Tribunal de Faltas, donde el juez define el costo de la multa y el modo de pago.
Diferentes infractores
En cuanto a los montos, detalló que la tarifa se define en función de una unidad de referencia, en este caso el boleto urbano; que en la actualidad cuesta $45. El monto lo establece el juez y puede ir desde 10, 100 o 300 boletos urbanos. “De acuerdo a la gravedad puede llegar hasta $120.000” dijo. Además, las multas varían según quién cometa la infracción. “Porque no es la misma situación la de un gran generador como puede ser una empresa que produce residuos en el espacio público, con lo que pueda generar un vecino que en una situación desaprensiva dejó algún elemento en la vereda de su casa, por ejemplo, acumulación de escombros”, señaló.
Al ser consultado sobre las infracciones, Díaz manitestó: “Tenemos dos legislaciones en el Código Ambiental que se expresa en el sistema de puniciones en función de esas infracciones. Luego está el Código Municipal de Faltas que prevé un abanico de situaciones y a las que les corresponde un nivel de sanción: va desde la disposición de agua en espacio público, acumulación de residuos o escombros de cualquier naturaleza al frente de las casas, residuos patológicos o químicos. Hasta prevé la incautación o secuestro de los elementos involucrados en la consumación de la falta: pueden ser automóviles, camiones, etcétera”.
Por último, Díaz consideró que es fundamental el acompañamiento y entendimiento por parte de los vecinos. “La idea es no establecer un mecanismo de recaudación sino generar una conciencia colectiva respecto de la limpieza del espacio público y el compromiso que siempre nos ha caracterizado. Tafí Viejo fue conocida históricamente como ‘la ciudad de las flores’; entonces es necesario recuperar esa identidad y convertir a la ciudad en lo que siempre ha sido”, reflexionó. (Producción periodística, Graciela Di Vico)
