Una marcha “K” contra la civilización

El kirchnerismo perpetrará, en 10 días, uno de los hechos más brutales que un gobierno ha auspiciado en la Argentina desde el retorno de la democracia, en 1983. La marcha “Echar a la Corte”, convocada por Luis D’Elia (en libertad condicional desde agosto, tras ser condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría) ha sido apoyada por el viceministro de Justicia nacional, Martín Mena. El funcionario consideró que promover una manifestación para atentar contra la independencia del Poder Judicial es “sano y necesario”.

Es decir, la misma minoría política que en la década pasada calificaba de “destituyente” toda investigación judicial de presunta corrupción, ahora se encamina a concretar un acto cabalmente “destituyente” contra una institución consagrada por la Constitución Nacional.

Claro está, el atropello no se reduce sólo a una incoherencia ideológica. Es un flagrante atentado contra el modelo de nación que los argentinos consagramos, para nosotros y para nuestra posterioridad, con la Constitución de 1853, pensada por el enorme tucumano Juan Bautista Alberdi. Por ende, es una violación al contrato que nos convierte en esta sociedad y no en otra. O lo que es lo mismo: es un asalto contra el Estado de Derecho. Y en ese hecho prefigura un atraco contra derechos que son de la civilización.

Antes

El largo camino para dejar atrás las monarquías en la historia de Occidente demandó reemplazar un mito con otro, para construir la legitimidad de los gobiernos civiles. La legitimidad del rey estaba dada, míticamente, por dos condiciones: el linaje (era de la “realeza”) y el orden divino (era consagrado por Dios, o cuanto menos por sus representantes).

Pasar a un sistema en el que los ciudadanos son considerados iguales suponía un problema: si nadie es más que nadie, ¿por qué unos tendrían que acatar las normas que acordaran otros? Surgió entonces el mito del Estado de Naturaleza. La idea de que habíamos vivido en los árboles, en una instancia de puro instinto, sin nada que yugulara nuestras pulsiones, condenados (para decirlo en términos de Inmanuel Kant) a un período de “guerra permanente” de todos contra todos. Hasta que celebramos un “contrato social” y renunciamos a ciertas libertades para vivir con seguridad y previsibilidad. Para aspirar a “la paz perpetua”.

Con ese objetivo nos organizamos para que unos gobiernen y otros sean gobernados. Y fijamos abismales diferencias con los despotismos. Por un lado, la periodicidad en los mandatos: los gobernados aceptan tal condición porque les cabe el derecho de ser gobernantes mañana. Por otra parte, ya no habrá poder desmesurado. Por el contrario, el poder del pueblo que consagra a los gobernantes es dividido. Un poder para dictar las leyes, otro para ejecutarlas y un tercero para interpretarlas. Todos iguales entre sí para controlarse entre ellos.

Modernidad, legalidad, temporalidad y limitación son hijos de la misma placenta histórica. El paso del tiempo y el perfeccionamiento de esos sistemas consolidó la interrelación.

Durante

En 2012, hace una década, el jurista italiano Luigi Ferrajoli fue premonitoriamente distinguido como doctor Honoris Causa por la UNT. “En su obra Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, escribe con toda razón que ‘el derecho positivo no implica la democracia’, pero la democracia ‘implica necesariamente el derecho’”, explica el traductor Perfecto Andrés Ibánez, en el prólogo de Poderes Salvajes, el libro que Ferrajoli publicó en 2011.

El derecho es dimensión sustancial de la democracia. La consagración normativa de los derechos fundamentales y la real efectividad del régimen de garantías -puntualiza Ferrajoli- representan el auténtico momento de la verdad de la democracia. De lo contrario, plantea, ¿sería democracia para qué?

Ferrajoli hace patente lo insuficiente de la noción formal de la democracia (tan invocada en la cultura política “K”) que la reduce al ejercicio del voto para formar la “voluntad popular”. “Esta noción expresa una condición necesaria, pero no basta para hacer democrático un sistema político, en el sentido pleno y profundo del término”, prologa Ibáñez. Pretender que la sola celebración de comicios garantiza democracias olvida los ejemplos en que los electos no han garantizado, en el poder, ni siquiera la supervivencia de las reglas de juego de la democracia. Como en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, entre otros regímenes amigos del Gobierno argentino.

Para no mentirse a sí misma, la democracia tendrá que ser constitucional, postula Ferrajoli. Deberá vincularse en su proceder y decidir (y en el contenido de las decisiones) con ese “derecho sobre el derecho” que es la Ley Fundamental. Carta Magna que -sintetiza Ibáñez- delimita territorio y horizonte de la política.

En contemporaneidad con Ferrajoli, el notable constitucionalista argentino Roberto Gargarella escribió Democracia vs. Constitucionalismo y planteó que esas dos ideas viven en conflicto.

“Nuestros compromisos democráticos apelan a un principio que no reconoce límites y según el cual no hay ninguna autoridad superior a la nuestra, actuando colectivamente. Por otro lado, ideas como Constitución nos llevan a pensar en límites infranqueables, capaces de resistir la presión de cualquier grupo y, en especial, de un grupo mayoritario”. El discípulo del titánico Carlos Nino esclarece que los derechos humanos son hijos del constitucionalismo. La democracia arroja ganadores de los comicios: las mayorías. Las garantías constitucionales resguardan los derechos de las minorías.

Aunque Cristina haya dicho: “Si no les gusta cómo gobierno, armen un partido y ganen elecciones”, hay derecho a objetar medidas y procedimientos de un gobierno aun sin participar en comicios.

La Carta Magna detesta las tiranías individuales. Y las tiranías de muchos, también. Así que -concluye Gargarella- para que funcione la democracia debe primar el constitucionalismo.

Después

El 1 de febrero, la marcha “Echar a la Corte” atentará contra ese sistema de equilibrios que establece la Carta Magna mediante la división, igualdad y contrapeso de los poderes del Estado. Un mecanismo de limitación de los gobernantes, cuya pauta se ha revelado insoportable para el kirchnerismo en sus presidencias: en la república, nadie tiene más poder que aquel que la ley le confiere.

El desprecio “K” por los límites que plantea la Constitución, y por el control sobre el Gobierno que corresponde a la Justicia, atravesó distintas etapas.

La primera está simbolizada por el ensañamiento contra el Consejo de la Magistratura. Él órgano encargado de la selección, sanción y remoción de los magistrados nació con la Constitución de 1994: Cristina fue convencional constituyente. Su funcionamiento fue regulado en 1997 (Ley 24.937), año en que Cristina estuvo en las dos Cámaras del Congreso (renunció como senadora para asumir como diputada). En honor a la manda constitucional de que fuera una entidad equilibrada, la crearon con 20 miembros. Pero en 2006, con Néstor Kirchner como Presidente, el Consejo fue reformado: con tantos integrantes era lento y burocrático, dijeron. Y lo redujeron a 13: siete eran del poder político. Cristina fue una de las artífices. Y volvió a serlo en 2013, cuando era Presidenta, e hizo la reforma de la reforma: contra el argumento de hacía siete años, incrementó el número de miembros a 19. Eso sí: establecieron entonces que a sus integrantes había que elegirlos en las urnas a través de los partidos políticos. La Corte declaró inconstitucional esa norma en diciembre.

Para el kirchnerismo, la política no es el arte de lo posible, sino el estropicio donde se puede hacer cualquier cosa con las leyes.

La segunda etapa consistió en no aplicar las leyes que consagran limitaciones al poder político. En dos años no han nombrado al procurador general de la Nación porque no consiguen imponer un militante funcional a sus intereses. Intentaron forzar el sistema de elección para que no se necesitase mayoría especial en el Senado, pero fracasaron. Ni hablar de que, en este 2022, los argentinos cumplen 13 años sin Defensor del Pueblo de la Nación.

La tercera etapa comienza el 1 de febrero: es el socavamiento de los cimientos del sistema constitucional y republicano que hace funcionar a la democracia en plenitud. Van contra la Corte de la Nación porque no es sumisa.

No se está discutiendo si el Gobierno debe tener un plan económico o no; o si hay que acordar con el FMI o no. Lo que el oficialismo propone desde los despachos de la Casa Rosada es que devastar la institucionalidad, demoler la república y abolir la independencia judicial son una alternativa “sana y necesaria”.

El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pone a la independencia judicial como garantía de actuación. También marcharán contra esto nada menos que los recitadores de “memoria, verdad y justicia”.

Cuando Ferrajoli publicó Poderes Salvajes advirtió que los populismos (electoralmente exitosos por entonces) buscaban imponer democracias plebiscitarias basadas en la falacia del poder omnipotente de la mayoría, donde el jefe del proyecto político encarnaba la voluntad popular. Ello suponía una instancia “desconstituyente”. Pero aquí el populismo “K” no perdió una elección, sino dos: las PASO de septiembre y las generales de noviembre. Luego, si lo que ellos quieren no es lo que vota la mayoría, estamos a las puertas de una instancia de “des-democratización” del sistema político.

Si la presunta democracia que proclaman ya no es de todos, apelando a Ferrajoli, hay que preguntar: “¿democracia para quién?”. Toda respuesta será un eufemismo del autoritarismo.

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